Con al menos 8 juicios, el Gobierno procesa a 10 exministros de Añez

Brújula Digital |20|04|21|

El Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) instauró desde 2020 al menos ocho juicios para procesar a 10 exministros del gobierno transitorio de Jeanine Añez, causas que van desde las muertes en Sacaba y Senkata hasta el nombramiento regular de autoridades.

El presidente Luis Arce y políticos del MAS justificaron la instauración de estos procesos con el argumento de que se busca hacer “justicia”, mientras que desde la oposición señalaron que se trata de una “persecución política”.

Entre los procesos judiciales instaurados están los casos: “golpe de Estado”, muertes en Sacaba, muertes en Senkata, compra irregular de respiradores españoles, préstamo irregular del Fondo Monetario Internacional (FMI), ampliación del registro de comercio a Fundempresa, nombramiento irregular de una autoridad ante la empresa de agua de Sucre, y pérdidas económicas por la paralización de las actividades de la fábrica de urea.

Los exministros procesados son: Arturo Murillo, Fernando López, Yerko Núñez, José Luis Parada, Roxana Lizárraga, Eidy Roca, Álvaro Coimbra, Rodrigo Guzmán, Victor Hugo Zamora y María Elva Pinckert. Además, en el caso Fundempresa, el exministro Óscar Ortiz fue convocado por el Ministerio Público para que declare en calidad de testigo.

La situación jurídica de las 11 exautoridades es distinta. Murillo y López salieron del país antes de que les instauren procesos judiciales y fueron declarados en rebeldía. Coimbra y Guzmán están detenidos preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz desde hace más de un mes. Lizárraga solicitó asilo político a Perú, mientras que Núñez y Pinckert hicieron lo mismo ante Brasil. Roca guarda detención domiciliaria. Parada y Zamora están en libertad.

Uno de los procesos más importantes instaurados en contra de exautoridades del anterior gobierno es el denominado “golpe de Estado”. Dentro de este proceso están detenidos preventivamente la propia exmandataria Jeanine Añez y los exministros Coimbra y Guzmán. Los tres son acusados de cometer los delitos de terrorismo, sedición y conspiración por la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, en 2019, luego de que éste fue acusado de cometer fraude electoral en los comicios de ese año.

Los otros dos procesos judiciales instaurados son Senkata y Sacaba, en los que los principales acusados son los exministros Murillo y López, quienes son sindicados de cometer los delitos de genocidio, sedición, asesinato, lesiones graves, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, entre otros.

En 2019, durante los conflictos poselectorales, sectores afines al MAS protagonizaron protestas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), para rechazar la renuncia de Morales a la Presidencia. En Sacaba fallecieron 10 personas y otras 95 resultaron heridas, mientras que en Senkata murieron 10 personas y otras 65 fueron heridas, durante intervenciones combinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas a ambas movilizaciones. Por estos hechos se instauraron los dos procesos para establecer responsabilidades por los decesos.

A esos procesos se suma la causa abierta en contra de Pinckert, por el nombramiento irregular de una autoridad ante la empresa de aguas de Sucre. La Fiscalía dispuso la aprehensión de la exautoridad porque no se presentó a declarar.

Otros procesos en contra de exautoridades de Añez tuvieron actuaciones esta semana. Por ejemplo, en el caso de la investigación por la presunta compra irregular de respiradores españoles, la Justicia ordenó el lunes la detención domiciliaria de Eidy Roca, quien es acusada de cometer los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Este proceso fue abierto porque en el gobierno de Añez, el Ministerio de Salud compró 170 respiradores de marca española, con un presunto sobreprecio de $us 3 millones.

El mismo lunes, Parada declaró por el caso de abierto por el préstamo presuntamente irregular del FMI, de $us 327 millones, debido a que este crédito no habría contado con el aval de la Asamblea Legislativa.

En el caso de Fundempresa, el Gobierno plantea un juicio de responsabilidades en contra de Añez. No obstante, el lunes declaró el exministro Ortiz en calidad de testigo.

Un proceso que aún está pendiente en el planteado por el diputado Juan José Huanca (MAS), quien indicó que se hará una fiscalización a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ya que habría un daño económico de $us 524 millones ocasionado por el exministro Víctor Hugo Zamora, por la paralización de labores en la planta de urea y amoniaco.

BD/JJC