Comité pro Santa Cruz impugna el sobreseimiento del caso fraude electoral

Brújula Digital |29|07|21|

El Comité pro Santa Cruz presentó este jueves la impugnación al sobreseimiento que dictó la Fiscalía sobre el caso fraude electoral, por considerar que la pretensión de cerrar ese proceso vulnera la libertad y la democracia porque no halla a los responsables de ese hecho en 2019.

El martes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que, tras una la pericia encomendada al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca-España, se demostró la inexistencia de una manipulación en el proceso electoral, por lo que se decretó el sobreseimiento sobre 12 exautoridades electorales, dentro del proceso abierto por el delito de fraude electoral. En este caso, se dejó de lado la auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que halló irregularidades en el cómputo.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, informó que esta organización cívica cuestiona el cierre de este caso, debido a que los responsables del fraude electoral de 2019 pueden quedar absueltos y en libertad de poder participar en otros procesos electorales.

En ese sentido, Calvo sostuvo que no se puede dejar de lado la lucha de la ciudadanía desatada en 2019 en contra del fraude electoral que fue denunciado sobre la base de un informe de auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El asesor jurídico de la organización cívica, Jorge Valda, dijo que presentó un recurso de impugnación al sobreseimiento, que debe ser resuelto por el Fiscal Departamental de La Paz, además de un incidente de actividad procesal defectuosa ante el juzgado, en el entendido que la prueba que utiliza la Fiscalía para dar por concluido y cerrado el caso, fue “indebidamente recolectada”, ya que no se notificó a las partes y no se dio la oportunidad a los denunciantes de oponerse a esa pericia.

“El Ministerio Público ha obrado de manera unilateral violentando el debido proceso, el derecho a la igualdad de partes y la legítima defensa, desconociendo el procedimiento y, además, sin cumplir con reglamentos y procedimientos para la elaboración de una pericia, en este caso, aparentemente internacional que, en realizad, es sólo un informe, la opinión de un experto o de alguien que conoce de informática, pero que no las características de pericia”, sostuvo el abogado.

Al margen de la acción judicial del Comité pro Santa Cruz, este jueves el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, también anunció que esta alianza planteará una acción de denegación de justicia para anular el sobreseimiento de la Fiscalía en este caso.

“La acción de denegación de justicia va a servir para dos cosas, primero, para patentizar el desastre de la decisión del fiscal (Lanchipa) que se ha pasado todas las normas jurídicas y ha sido una decisión completamente nula, írrita y arbitraria y, segundo, para defender entre todos los firmantes estos derechos colectivos de los millones de bolivianos que quieren saber la verdad, sobre todo, que se determine la responsabilidad, ya que se tiene plena prueba (de fraude) con el informe de la OEA”, señaló el asambleísta.

BD/JJC