Comisión Mixta de la ALP analiza proposiciones acusatorias contra Añez

Brújula Digital |31|10|23|

La Comisión Mixta de Justicia Plural  de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) instaló sesión este martes para analizar el pedido de juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez por los casos Senkata y Sacaba, préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), ampliación del contrato de Fundempresa y  vulneración a la libertad de expresión.

El presidente de la comisión, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, informó que casi al filo del término de su gestión y ante la decisión de un tribunal de El Alto, que declinó juzgar a Añez en la vía ordinaria, los miembros del ente legislador (diputados y senadores) sesionan, pero será la Asamblea en su conjunto la que definirá la situación.

Aclaró que la Comisión Mixta de Justicia solo dará un informe de recomendación, documento que podrá ser aprobado o rechazado por la Asamblea Legislativa. “Nosotros estamos inmiscuidos en el debate y es la decisión de la mayoría de la comisión. Nosotros podemos recomendar, pero es la Asamblea la que define” dijo.

El lunes se conoció que el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto se declaró incompetente para juzgar a Añez por el caso Senkata en la vía ordinaria, al considerar que fue reconocida como Presidenta  por todos los órganos del Estado y le correspondería el juicio de responsabilidades.

Flores indicó que la Comisión Mixta analiza cuatro proposiciones acusatorias contra Añez, de los cuáles tres están en etapa de investigación y uno, el de Senkata y Sacaba, ya tiene acusación.

“Imagínense que un juez ha definido, y es una preocupación, que debiera ser por otra vía. Pero (antes) se manifestó el Tribunal de La Paz que debe ser por la vía ordinaria, se manifestaron los vocales que interpretan la constitución que debe ser por la vía ordinaria. ¡Qué está pasando con la justicia, qué está pasando en Bolivia!”, lamentó el legislador.

El Ministerio Público presentó el 23 de octubre la acusación formal en contra de la expresidenta y varios de sus excolaboradores, además, de exjefes militares y policiales, por las muertes registradas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) durante la crisis de 2019.

En cuanto al caso del FMI, es por la ampliación del contrato, tras que en 2022 la Contraloría General del Estado (CGE) emitió un informe preliminar sobre un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) que el gobierno de Áñez activó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020 y halló responsabilidad en 25 exautoridades.

Respecto al caso de la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa), la ex mandataria está acusada de firmar el Decreto Supremo 4356 para extender la ampliación, por el lapso de 15 años. A ellos se suman la acusación de violación de derechos humanos de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, espera que la comisión opte por aprobar un juicio de responsabilidades tal como demanda la exmandataria, su defensa y su familia.  

 BD/WPS