CIDH pide pronta reforma integral judicial y adecuada selección de autoridades para evitar prórrogas

Brújula Digital|14|03|24|

Luego de realizar una visita a Bolivia en 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió 15 conclusiones y 32 recomendaciones al Estado boliviano, entre ellas la realización de una pronta reforma integral de la justicia y una adecuada selección de autoridades judiciales para evitar prórrogas.

Estas recomendaciones están contenidas en el texto “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”, publicada por la CIDH y también presentada en esta jornada por el ministro de Justicia Iván Lima.

Entre sus 32 recomendaciones, la CIDH indica al estado que debe “iniciar, en el plazo inmediato, una reforma integral del sistema judicial, con participación ciudadana plural, en seguimiento de las distintas cumbres que se han realizado al respecto, que tome en cuenta las demandas estructurales que han venido siendo advertidas por la CIDH desde 2006”.

Entre esas acciones identificadas por la CIDH se indicó, por ejemplo, el fortalecimiento de la carrera judicial y de la Fiscalía, la optimización de la asignación y la ejecución presupuestaria al órgano judicial, la revisión de los programas en ejecución para la reducción de la mora procesal y la implementación efectiva de una política integral que involucre al órgano judicial y el ejecutivo para reducir la excesiva aplicación de la prisión preventiva.

Al respecto, Lima indicó que, en el caso de la carrera judicial, casi el 100% de los jueces ya son de carrera y que se sigue adelante con la formación de los administradores de justicia.

Entre las conclusiones, la CIDH sostiene que el Estado no puede demorar en las transformaciones estructurales en el sistema de justicia. “Los avances en derechos humanos producidos hasta el momento no pueden perdurar si el sistema de justicia continúa sujeto a los desafíos serios que han sido abordados en este informe. La población boliviana, en toda su diversidad, desconfía profundamente del órgano judicial. Especialmente, del sistema penal, que, por un sector considerable de la población, es percibido como una herramienta al servicio de intereses políticos, independientemente del partido o movimiento político que se encuentre ejerciendo el poder de turno”, señaló.

Es en ese sentido que otra de las recomendaciones de la CIDH está encaminada a advertir que se debe seguir con el curso legal de selección y nombramiento para evitar prórrogas.

“El Estado debe garantizar que los procesos de selección se realicen en los tiempos y modalidades constitucionalmente previstas, con el fin de evitar las prórrogas de mandatos. Esto es esencial para la construcción de la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y la institucionalidad democrática, así como para el resguardo los procesos políticos institucionales democráticos”, señala.

Acceso a la información y publicidad oficial

En otro de los acápites de recomendaciones, la CIDH pide al Estado boliviano adoptar una ley para garantizar el derecho al acceso a la información, que vincule a todos los órganos del Estado en todos sus niveles de su organización.

En este mismo campo, recomienda el Estado “adoptar un marco normativo integral sobre la distribución de la publicidad oficial, sin discriminación y sin interferencia en las políticas editoriales de los medios, y que incentive a los medios de comunicación que sean independientes de la política de publicidad oficial del Estado”.

En el plano de la labor periodística, la CIDH sugiere al Estado diseñar e implementar una campaña pública de información sobre el respeto a la legitimidad e independencia del trabajo periodístico, como manera de fortalecer el Estado de Derecho y la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática.

“Adecuar el derecho interno para que la protección al honor y a la reputación no ocurra por medio del uso del derecho penal, de tal forma que, garantizando la libertad de expresión y de prensa, las eventuales responsabilidades ulteriores a la libertad de expresión transcurran en otro ámbito jurídico, distinto al criminal”, es otra de las recomendaciones de la CIDH.

Para el caso del control interno de periodistas, la CIDH sugiere al Estado diseñar e implementar un plan de estímulo para que los medios de comunicación adopten, voluntariamente, medidas dirigidas a su autorregulación, como son los códigos de ética, la formación de consejos de prensa, la adopción de principios para una cobertura ética, los sistemas de reclamación, entre otros.

BD/JJC