CIDH condena la violencia y el uso excesivo de la fuerza; Gobierno dice que es respetuoso de los DDHH

Brújula Digital |18|01|23|

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenó todo tipo violencia y rechazó las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, como los actos violentos cometidos por grupos organizados tras la detención del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

La CIDH hace un seguimiento a las protestas que se desataron tras la aprehensión de Camacho en la ciudad de Santa Cruz, a través de un operativo policial cuestionado el 28 de diciembre de 2022, por el caso “golpe de Estado I”, en el que la autoridad departamental es acusada de cometer el delito de terrorismo por las protestas poselectorales de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

El ministro de Justicia, Iván Lima, destacó el trabajo de la CIDH y aseguró que respeta los derechos humanos. “La @CIDH y la @RELE_CIDH monitorean la situación en Santa Cruz de la Sierra, el Gobierno del Presidente @LuchoXBolivia es respetuoso de los derechos humanos y abierto a la observación internacional”, escribió en su cuenta de Twitter.

La CIDH, a través de un comunicado de prensa, señaló que se reportaron enfrentamientos entre civiles y efectivos policiales, en las que se registraron personas heridas y denuncias de posibles casos de uso excesivo de la fuerza policial, incluso contra personas periodistas y comunicadoras sociales, según información de la Asociación Nacional de la Prensa Boliviana y la Sociedad Interamericana de Prensa. 

También señaló que la Defensoría del Pueblo informó que, según sus registros, durante los 13 días de protestas, hubo "25 casos de presunta vulneración de los derechos humanos, que comprenden el uso desmedido de la fuerza policial, agresiones a periodistas, heridos, quemas de inmuebles y vehículos (particulares y públicos), entre otros".

En su reporte, la CIDH hizo notar que tuvo conocimiento de diversas acciones violentas cometidas por grupos organizados contra bienes públicos y privados, incluyendo la casa de un Ministro de Estado, en este caso el de Obras Públicas, Édgar Montaño. Acotó que el Estado informó sobre casos de violencia contra funcionarios públicos. Además, reportó daños a 44 vehículos y 27 infraestructuras, incluyendo incendios de instituciones estatales, así como intentos de toma de instalaciones policiales.

“La CIDH ve con preocupación las amenazas de grupos violentos a personas defensoras de derechos humanos y a miembros de medios de comunicación a través de las redes sociales. Esta situación genera una vulneración grave a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, con consecuencias perjudiciales para el ejercicio de estas actividades”, se lee en el comunicado de prensa.

Tomando en cuenta que la protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia, la CIDH advierte que “se debe hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos violentos que, apartados del derecho de protesta, puedan desnaturalizarlo o bien utilicen dicho contexto para otros fines alejados de la misma, y con ello evitar escenarios de enfrentamiento y violencia extrema. Los actos de violencia o violencia sistemática no son parte del derecho de la protesta”. 

La CIDH hizo notar que todo Estado debe adoptar medidas para proteger a las personas que ejercen su derecho legítimo a la protesta, así como salvaguardar la seguridad de las personas que no participan en ésta. Acotó que los estándares interamericanos exigen actuar sobre la licitud de éstas como manifestación de los derechos de asociación, libertad de expresión y reunión pacífica.

En su reporte, la CIDH advirtió que las fuerzas de seguridad no deben perpetrar violencia contra la prensa, debido a que los medios de comunicación y personas comunicadoras sociales tienen un rol en el control social durante la organización, convocatoria y el ejercicio de las protestas y como canalizadores privilegiados del debate público. 

Ante la coyuntura que se vive en Bolivia, la CIDH subrayó que todas las personas con liderazgos políticos, incluyendo quienes ejercen la función pública, personas candidatas, líderes, y titulares de cargos de partidos políticos, deben utilizar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar la violencia y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad. 

Al final de su reporte, la CIDH señaló que también hará un seguimiento cercano a los procesos judiciales en los que se enmarcan las detenciones realizadas, para verificar el respeto irrestricto relativos a las garantías judiciales, el debido proceso, la protección judicial y el acceso a la justicia, acorde con los estándares interamericanos.

BD/JJC