Bolivia: celofán democrático para envolver el corazón autoritario

Brújula Digital |30|01|23|

(Vía Radio Media Naranja)

La gravedad de la situación en Bolivia impide pregunta de cortesía para comenzar. El partido MAS a través de uno de sus diputados ha pedido que usted pase a ser investigado por los hechos del 2019, que el MAS califica de golpe de Estado.

Se trata del relato posverdad, que el gobierno del presidente Arce y particularmente el expresidente Morales han marcado para pretender la inexistente figura de un golpe de Estado que nunca se produjo. Lo que hubo en el 2019 fue una sucesión constitucional.
Pero lo más importante, el comienzo de la crisis del 2019 lo provoca Evo Morales con un Tribunal Supremo Electoral a su servicio, que, como comprobó la Organización de Estados Americanos en una auditoría planteada y promovida por el presidente Morales, demostró que se produjo un grave fraude electoral, cuya primera víctima fui yo y la víctima más importante fue el pueblo boliviano. En ese contexto, el fraude es un hecho incuestionable que pretendió ser diluido en una campaña internacional mediática para decir que lo que en realidad se produjo en Bolivia fue un golpe de Estado.
La Unión Europea, la Iglesia Católica, el Gobierno de España, las Naciones Unidas, participaron como bloque facilitador que nos invitó, entre otros, a mí como expresidente y particularmente como el mayor damnificado del fraude electoral, para debatir una solución razonable, constitucional, a la crisis política que había dejado la renuncia de Evo Morales. En ese contexto es que participé en reuniones para buscar esas soluciones y es por esos acontecimientos este diputado y os sectores más radicales activistas del MAS, pretenden mi enjuiciamiento carente de toda fundamentación y base legal.

Para qué estamos con cosas, le quieren pasar la cuenta a Comunidad Ciudadana. Usted obtuvo 2 millones de votos en las elecciones, son muchos, pero pueden volatilizarse si no se consigue hacer coincidir las palabras con los anhelos de esos 2 millones. ¿Cuáles son los anhelos?

Una precisión, en 2019, con datos oficiales, habiendo fraude obtuve 2.7 millones de votos y en el año 2020 que me volví a presentar, recibí 1.7 millones. Creo que de los votantes que respaldaron mi candidatura tienen que ver con la recuperación de los valores democráticos. Sobre la premisa número uno de reconciliación y búsqueda de paz en un país profundamente polarizado que tiene la grieta de la división regional Oriente, Occidente, las áreas andinas y de altura con mayoría indígena y las áreas de los llanos. Con el liderazgo del departamento de Santa Cruz. La brecha étnica y la del campo y la ciudad.
El segundo elemento es la recuperación de la justicia, que nos ha sido birlada por el gobierno que controla el Órgano Judicial, el Ministerio Público y activa a través de la Policía Nacional la persecución política. Aquí hay una combinación de una justicia dominada por el Poder Ejecutivo en términos políticos, corrompida y con falta de idoneidad para llevar adelante respuestas adecuadas de una justicia para todos que hace mucho tiempo dejó de existir en el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se pronunciaron recientemente sobre los conflictos sociales en el departamento de Santa Cruz tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. Condenaron el uso excesivo de la fuerza policial en contra de los movilizados y la violencia de grupos civiles. Si entiendo bien, se condena tanto a las fuerzas del Estado como a los grupos de civiles organizados que realizaron actos vandálicos.

El concepto de fondo tiene que ver con el origen del problema, la detención-secuestro ejercida violentamente en plena vía pública. Se rompieron los vidrios de la vagoneta en la que iba el gobernador. Se lo obligó a echarse en el suelo para esposarlo. Se lo trasladó ilegal y rápidamente al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, se lo puso en un helicóptero y se lo trasladó a La Paz. Un gobernador que recibió el 53% de los votos e independientemente de su línea política o de su ideología, es una autoridad con absoluta legitimidad acusado de terrorismo. El gobernador Camacho y la expresidenta, jamás ejercieron nada que se parezca al terrorismo.
Esas acciones violentas generaron una respuesta de indignación de Santa Cruz y se produjeron manifestaciones en la toma por algunas horas de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional más importante de Bolivia y algunos excesos de los ciudadanos que deben ser considerados justa y firmemente por parte de la justicia. Pero comparado con los días de represión policial, del uso de gases, de disparo de balines y agresión a medios de prensa, la reflexión de la IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) es correcta, pero hay una desproporción completa entre el móvil original del problema y la acción desproporcionada de la policía. Sin duda hubo excesos también en la población, pero el tema central de los abusos se produjo por parte del Estado.

En el ámbito de los analistas se piensa que existen dos escenarios posibles para salir de la crisis: la reforma judicial y un acuerdo político para elegir a los miembros del Órgano Judicial. Todo parece indicar que la balanza se inclina mucho más ahora, después de los hechos del miércoles recién pasado, por el referendo para la reforma judicial. Más cuando se suma la Iglesia Católica a ese empeño.

El camino que la sociedad boliviana ha elegido es la búsqueda de una reforma constitucional que modifique el sistema de elección, que está completamente distorsionado. Ya se probó en dos elecciones fallidas que tenemos un órgano judicial pervertido, en el sentido más amplio y envilecido de la palabra. Eso ha dado lugar a una iniciativa legislativa ciudadana, es decir, la recolección de firmas. Se tiene que recolectar 1 millón y medio de firmas en 90 días.
En consecuencia, desde el punto de vista de la voluntad colectiva, el camino es ese. La dificultad está en los plazos fatales del proceso. La gestión de los actuales juristas termina en noviembre o diciembre de este año y las elecciones tienen que ser a más tardar en diciembre de este año, porque en Bolivia el sistema es de elección directa de todos los miembros de la cabeza del Poder Judicial. Lo que puede ocurrir es que los tiempos no alcancen, que en los 90 días no se consigan las firmas o que si se consiguen la revisión se tarde más de la cuenta y luego hayan observaciones del Tribunal Constitucional que están todos al servicio del gobierno de turno. Por esa razón hay una opción que Comunidad Ciudadana -la primera fuerza de oposición que no tiene el control de la mayoría, pero sí el control de los 2/3- puede presentar un proyecto de ley de garantías que establezca un nivel, de selección creíble y meritocrática de los candidatos a miembros del Tribunal de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Agroambiental. Ambos caminos no se contradicen entre sí. Lo importante es esa voluntad masiva y nosotros confiamos y esperamos que se logre ese número de firmas.

Cito aquí, una calificación del Gobierno por parte de la oposición: “En estos 15 años se ha implantado una visión estatal autoritaria que convierte a la justicia en mecanismo de imposición de un proyecto político de persecución de los opositores y de impunidad de los gobernantes, desvirtuando los fines verdaderos que son lograr la paz social, la seguridad, el respeto de los derechos y la vigencia de la Constitución”. Sin embargo, parte de la comunidad internacional e importantes medios de comunicación no ponen a Bolivia en el mismo lugar que lo hacen con Nicaragua y con Venezuela, como si Bolivia, pese a todos los pesares, mantuviese cierto sesgo democrático en su accionar institucional.

Hay una reflexión sobre Bolivia que tiene que ver con la habilidad tanto del gobierno de Evo Morales, que duró largos 14 años, y el gobierno del presidente Luis Arce, de mantener el celofán democrático que envuelve el corazón autoritario, cosa que ya no hacen Nicaragua ni Venezuela y hace mucho tiempo tampoco Cuba. En ese contexto, el Gobierno le dirá a la opinión pública internacional: hay un jefe de la oposición con un partido político que tiene 30% de parlamentarios. Hay unos medios de comunicación con columnistas y sectores de opinión muy duros contra el Gobierno, lo que demuestra que la democracia se respeta. Ese es el celofán democrático. Engaña a la opinión pública internacional porque da ejemplos, comillas, creíbles, de pluralismo. Yo como jefe de la oposición y ninguno de los dirigentes opositores, desde que Evo Morales llegó al Gobierno en 2005, han tenido nunca una invitación del presidente para una reunión, a lo largo de 16 años de gobierno. Un ejemplo, la detención ilegal de la expresidenta Jeanine Yáñez, acusada de promover un golpe de Estado, y la decisión ahora de vulnerar la Constitución para juzgarla por la justicia ordinaria en los casos de Senkata y Sacaba, cuando la Constitución dice que cualquier expresidente tiene juicios de responsabilidades con aprobación de la Asamblea Legislativa. Juicio que se hizo incluso contra el peor de los dictadores de Bolivia en los últimos años, Luis García Meza, en 1993, lo que demuestra que ese celofán democrático genera un espejismo en la opinión pública internacional, que debería entender que Bolivia ha roto los valores esenciales del respeto a la democracia con el control férreo de todos los poderes del Estado y con la evidencia de una persecución sistemática a la oposición.

Un profesor cruceño me decía que habían arrestado recientemente a una mujer por llamar a protestar en redes sociales, que también habían ido a arrestar a alguien y como no estaba, se llevaron a otras personas que estaban en la casa. Es como si ciertos métodos represivos de gobiernos autoritarios como el de Venezuela y Nicaragua se copiaran o se compartieran. ¿O es mucho decir?

Hay que remitirse a la observación internacional creíble. Amnistía Internacional y Human Right Watch han establecido que en Bolivia hay más de 180 presos políticos de diferente naturaleza. Tenemos presa a la expresidenta, al gobernador de Santa Cruz, a varios ministros, a miembros del Alto Mando Militar y de la Policía Boliviana, detenciones de gente como las que usted menciona, que marcan una línea con acusaciones y tipos penales que el Grupo Internacional de Expertos Independientes, que hace más de un año hizo una investigación sobre la crisis del 2019, estableció que no eran correctos y que no se adecuan a los cánones internacionales. Me refiero, por ejemplo, a sedición y conspiración que han tenido que ser eliminados del Código Penal. En el caso de la tipificación del delito de terrorismo se ha eliminado en el actual contenido el criterio más importante, organización y financiación de grupos armados. Al eliminar esos elementos, el terrorismo se convierte simplemente en desestabilización o intento de derrocar al gobierno de turno. En ese contexto, cualquier criterio, una acción, una palabra, un discurso, puede ser entendido como acto de terrorismo.
La IDH que ha llegado a Bolivia hace pocas horas ha establecido esa evidencia y entiende que todavía hay tipos penales o de otro orden en resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Un cajón de sastre mediante el cual la expresidenta Jeanine Áñez, en un juicio express de pocos meses, fue condenada, no es que esté en prisión preventiva, ya está condenada a diez años de cárcel por resoluciones contrarias a la Constitución, donde puede caber cualquier tipo de acusación y cualquier tipo de pena, como los diez años que le han dado.

Cuando se le pregunta a la oposición por la falta de unidad, generalmente esta responde que se debe a que la oposición es democrática y por lo tanto plural, lo que hace difícil el acuerdo. Desde el punto de vista teórico, es correcto, pero desde un punto de vista práctico se parece demasiado a un sofisma porque soslaya lo más importante, no es posible vencer a quien tiene el poder si no es con una unidad en la diversidad. La verdad es que no sé por qué digo todo esto, ya que usted lo sabe mucho mejor que yo.

La pregunta es correcta y la respuesta no puede ser sino una. La experiencia del 2020, la del 2019, fue distinta porque mi candidatura fue exitosa, forzó a una segunda vuelta electoral que nos fue robada. Pero el 2020 se produjo una fragmentación. No voy a hacer una justificación de mi candidatura, pero el resultado lo plantea claramente y obtuve prácticamente el 30% de los votos. Y Luis Fernando Camacho el 14,12%. Si hubiéramos tenido una candidatura unida, nuestro resultado electoral en 2020 hubiera sido mejor, pero me sirve como lección, no para hacer simplemente una autovaloración de lo que logré como candidato. Para el 2025 la respuesta es clara, o la oposición tiene una sola candidatura o no tendrá posibilidades de derrotar electoralmente al movimiento al socialismo.
El MAS encara una división complicada que no ha resuelto todavía y que va a tener consecuencias en el corto y mediano plazo, que es la pelea cada vez más profunda entre Luis Arce, el presidente y el jefe del partido, el expresidente Evo Morales. Ese es un tema que resolverá el oficialismo. La oposición tiene que allanar el tema de la unidad y eso implica un desafío para los políticos como yo. Es decir, tengo que evaluar la realidad de mis posibilidades electorales para decidir si voy a optar por la candidatura o si, por el contrario, voy a convertirme en un articulador de una candidatura con opciones. En lo que me toca, creo que he aprendido la lección y contribuiré en todo lo que me quepa, desde la idea del protagonismo o desde la idea de apoyo a fortalecer una candidatura de unidad.

¿Qué pasa con Santa Cruz? Hoy es la región más atacada por el Gobierno y representa como mínimo el 30% de la economía de Bolivia. ¿Estamos frente a un proceso de separatismo en Santa Cruz?

No lo creo. Hay minúsculos grupos radicales en Santa Cruz que optarían por esa palabra, separatismo. El concepto que está empezando a dominar es la idea de federalismo por una razón básica que tiene que ver con que el sistema boliviano reconocido por la Constitución es el de autonomías al estilo español. Pero lamentablemente, como tenemos un gobierno hipercentralista, la autonomía es papel mojado de la Constitución y de estatutos que no se cumplen porque el gobierno no respeta ni da lugar al desarrollo de una autonomía en las gobernaciones, lo cual distorsiona la realidad de equilibrios en el país.
En el caso concreto de Santa Cruz es correcto decir que tiene hoy día la mayor importancia en el PIB, quizás un poquito más del 30%. El censo que tiene que realizarse, esperemos que este año, debe llevar adelante un resultado que por primera vez colocará a Santa Cruz demográficamente por encima del Departamento de la Paz, que históricamente ha sido el más poblado. Las reivindicaciones de Santa Cruz desde el punto de vista de su rol protagónico, económico, social, demográfico, cosmopolita y académico plantean la pregunta de la construcción de un liderazgo político en Santa Cruz. El gobierno sabe que eso contrasta con una visión andino-céntrica, que tiene además un dominio del mundo indígena, legítimo por otra parte, no quiero poner en cuestión la evidencia de que Bolivia por lo menos tiene un 40% de población indígena y una importancia y un protagonismo que jugar. Pero Santa Cruz aparece como una potencialidad de futuro y eso al gobierno centralista del MAS no le gusta para nada.

Dos preguntas sobre los cabildos ciudadanos de los pasados días. El gobierno los ha descalificado totalmente e incluso ha tildado esos acuerdos de nueva intentona golpista. Con otras palabras, ni diálogo ni nada.

Ese es el gran problema y que se desperdició el día en que se posesionó Luis Arce, el 8 de noviembre del año 2020. Todos esperábamos que fuera distinto de Morales y que su primera reacción fuese vamos a ir a una reconciliación y a la construcción de la paz para cerrar heridas, para lograr el diálogo y una articulación de un país mucho más integrado. Nada de eso. Hubo una reiteración de una lógica que se basa en criterios muy simples. Primero, la hegemonía de partido único al viejo estilo estalinista. El otro elemento es la lógica amigo-enemigo, estás conmigo o estás contra mí. El hecho de que el gobierno considera que no hay posibilidades de una construcción democrática plural con varios protagonistas, donde la mayoría tiene por supuesto un programa que cumplir y unos derechos por encima de la minoría, pero la minoría tiene que ser escuchada y tiene el derecho de fiscalización y de cuestionamiento o de propuesta. Eso ha desaparecido completamente.
En este escenario es difícil que podamos mirar el futuro con optimismo, porque se vulneran elementos centrales del funcionamiento filosófico de la democracia. La democracia no es solamente una palabra. Los cabildos son un elemento reconocido por la Constitución Política del Estado en la democracia participativa. No son vinculantes, pero que deben ser tomados en cuenta por el Estado. La lógica del MAS es excluyente, de cero diálogo y ese es el verdadero problema de mediano y largo plazo para construir una democracia con un protagonista que no cree en ella, salvo cuando recibe los votos. Cuando los pierde, desaparece su fe democrática.

Segunda pregunta relacionada con los cabildos ¿Debo suponer que la petición de amnistía no invalida la necesaria investigación y el debido juicio por las masacres de Senkata y Sacaba?

Es una pregunta pertinente. En cuanto se habló de amnistía, el gobierno dijo, lo que quiere la oposición es la impunidad para los autores de los crímenes. Para nosotros queda absolutamente claro que no puede haber amnistía para violación de derechos humanos. Tenemos plena conciencia de que quienes son responsables de crímenes o violación a los derechos humanos no pueden ser beneficiarios de una amnistía. Comunidad Ciudadana considera que esos procesos deben llevarse a cabo siempre y cuando tengamos una justicia creíble.
El otro elemento, decir o suponer que los presos políticos, los perseguidos, los juzgados injustamente son todos vinculados a violación de derechos humanos es una gigantesca mentira. El gobierno siempre juega a esa media verdad que confunde a la opinión pública y que da lugar internacionalmente a decir, cómo es posible que haya una amnistía para quienes violan derechos humanos. En ningún caso se pide amnistía para quienes son acusados con fundamento de esos temas, pero por supuesto que presos o perseguidos políticos que nada tienen que ver con violación a derechos humanos o con ningún tipo de irregularidad que no sean inventos para eliminar a la oposición.

Todo parece suponer que en Bolivia no hay figuras políticas de la estirpe de Kast en Chile o Bolsonaro en Brasil e incluso Uribe en Colombia, pese a la discriminación del indígena y a la historia plagada de dictaduras., Bolivia no engendra, por ahora, ultraderechistas, herederos de fascistas y a pesar de los esfuerzos de enlodarla, un espectro amplio de la oposición busca ubicarse en el centro o en la centroderecha. En este escenario ¿es dable esperar un desenlace que no traiga más miseria a los afligidos?

A diferencia de lo que ha pasado en otros países fuertemente polarizados en América Latina, igual que Bolivia, si se hace un análisis de las elecciones de 2019 y el 2020 en que hubo posiciones en la oposición de centro centroizquierda, como la que nosotros representamos, y posiciones de derecha más clara. El votante escogió nítidamente por el equilibrio, por la construcción de un centro político en las dos elecciones. Es decir, la radicalidad no está en la mente del votante de oposición boliviano.

Me disponía a despedirme, pero me acordé de una pregunta que poca gente se hace por razones seguramente obvias. El gobierno del Presidente Arce ¿es un gobierno de izquierda?

No. Primero creo que la palabras izquierda y derecha están desvalorizadas y han perdido sentido a lo largo del tiempo. No tenemos la misma realidad de los años 60 y 70 de la época de la Guerra Fría. No, porque el gobierno del presidente Arce, que se reivindica defensor del mundo indígena, está permitiendo la desaparición de por lo menos seis o siete de los pueblos reconocidos por la Constitución, que no han recibido ningún respaldo y que están en extinción. No, porque la depredación del medio ambiente es algo brutal. Bolivia es el país más depredador del área amazónica en proporción a su superficie de territorio. No, porque no hay una visión que sustituya el extractivismo de una nación que sólo vive de materias primas con poco elemento de valor agregado y de diversificación económica. No, porque el discurso vinculado a la defensa de la Madre Tierra es puramente retórico y porque Bolivia sigue siendo el país con mayor porcentaje de feminicidios en la región, con una visión machista y patriarcal muy evidente. Y finalmente, No, porque la economía boliviana se basa en muchos de los sectores, además de la informalidad, en un capitalismo brutal y salvaje, sin consideración de derechos, de horario, de trabajo, de edad, de trabajo para las mujeres, que no corresponden por el esfuerzo físico y no hay seguridad industrial, jubilación. El conjunto de estos elementos desnudan eso de progresismo disfrazado malamente por el gobierno del presidente Arce.

BD