Arce afronta al menos cinco frentes de conflicto, cuatro de aliados del MAS

Brújula Digital |12|10|2022|

El presidente Luis Arce afronta al menos cinco frentes de conflicto, cuatro son protagonizados por aliados del MAS que ahora ponen en apuros al Gobierno.

La demanda de los mineros de Huanuni es el que puso contra la pared al ministerio de Economía porque podría dejar sin la billetera para el pago de bonos sociales implementados durante el gobierno de Evo Morales.

La billetera de los bonos sociales en riesgo

Las empresas del Estado, entre ellas Huanuni, están obligadas a transferir sus utilidades al Tesoro General de la Nación (TGN) para que se realicen los pagos de bonos como el Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad y otros.

El conflicto de alguna manera había sido superado con la firma de un acuerdo la pasada semana con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), pero los trabajadores de Huanuni rompieron el convenio.

Los dirigentes de los mineros movilizados protagonizan desde ayer protestas y bloqueos en la ciudad de La Paz, y anuncian cierre de carreteras interdepartamentales desde mañana si el presidente Luis Arce no anula el decreto 4783.

Ayer se instaló una mesa de diálogo entre el ministerio de Economía y la dirigencia de los trabajadores del subsuelo pero la negociación fracasó.

"La lógica siempre ha sido estar abiertos al diálogo, esperar que ellos también reflexionen y buscar un camino que no atente contra la continuidad del pago de bonos sociales", demandó el ministro Marcelo Montenegro en una rueda de prensa.

Si los mineros, aliados del MAS, logran "doblar el brazo" al Gobierno, con la derogación del decreto cuestionado se estarían limitando las fuentes de ingreso al TGN para el pago de políticas sociales.

"Eso sería un daño atentatorio contra los adultos mayores, contra los niños, contra las mujeres embarazadas y ese es un mandato del esquema de nuestro modelo de redistribuir el ingreso para los más necesitados", reforzó la autoridad.

Planta procesadora de piña

En las últimas horas también se encendió otro conflicto en el trópico de Cochabamba por parte de productores de piña que exigen la construcción de una planta procesadora como se habría comprometido el ministro de Desarrollo Productivo, Nestor Huanca.

Los movilizados, también afines al MAS, bloquean la carretera Cochabamba-Santa Cruz en el sector Ichoa, según reporte de medios locales.

Los afiliados de la Federación Mamoré Bulo Bulo, del municipio de Entre Ríos, demandan al gobierno de Luis Arce el cumplimiento de una promesa realizada hace más de dos años, la construcción de la planta procesadora e industrializadora de piña.

Los dirigentes de los movilizados explicaron que hasta la pasada semana continuaron insistiendo al ministerio en cuestión el inicio de obras y la llegada a esa región del ministro Huanca; sin embargo, la autoridad no habría asistido a las reuniones.

"Fuimos engañados hasta el último momento" lamentó Santiago Flores, secretario general de la federación campesinos Mamoré Bulo Bulo.

A la conclusión de la redacción de esta nota el bloqueo se mantenía mientras decenas de vehículos permanecían varados a ambos lados de la vía.

El conflicto por el censo

Otro conflicto que se mantiene activo es el del pedido para que el censo nacional de población y vivienda se realice en 2023 para que los resultados puedan ser aplicados en la redistribución de escaños en las elecciones de 2025 y para que se realice una nueva distribución presupuestaria.

Un cabildo determinó en Santa Cruz el inicio de un paro indefinido desde el 22 de octubre si el presidente Luis Arce no establece la fecha del censo en el año 2023; sin embargo, el ministro Sergio Cusicanqui (Planificación) descartó la realización del evento estadístico el próximo año.

"Es muy difícil (modificar la fecha) sería irresponsable de mi parte decir: sí, vamos a mover la fecha, ¿por qué? porque se puede poner en riesgo la calidad del proceso censal" respondió la autoridad después de la realización de la mesa técnica por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) en ausencia del rector de la universidad pública y el gobernador de ese departamento.

Cusicanqui citó el caso de Chile, que en 2012 realizó un censo con varias fallas graves como la omisión de al menos del 9% de la población y se tuvo que repetir.

En las últimas horas se determinó que el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, permanezca detenido en su domicilio las 24 horas y con escolta permanente después de que habría vulnerado esa medida cautelar impuesta anteriormente.

La determinación fue asumida a 10 días del inicio del paro y pone más leña al conflicto, según advirtió el líder regional.

"Señor ministro de Justicia (Iván Lima), no haga que se acelere el quilombo en Bolivia que le va a dañar al presidente Arce. No aceleren otras decisiones en el tiempo corto. Tome acciones contra los delincuentes de la justicia, mañana puede ser tarde. La gente es reactiva y está cansada. Están provocando a la población boliviana", alertó Calvo después de la audiencia.

Adepcoca, sin salida al conflicto

Otro conflicto que pesa al Gobierno y que está pendiente de solución es el de Adepcoca.

El Gobierno a través de la justicia inició una persecución judicial contra los principales dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz después de que tomaron y quemaron la sede el mercado ilegal de coca del dirigente Arnold Alanes.

En las últimas horas fue detenida la dirigenta Rosalba Vargas, vicepresidenta del comité de autodefensa de Adepcoca. Con ella ya son seis los líderes detenidos.

Los abogados de los aprehendidos denuncian una persecución política y la vulenración de derechos humanos.

Ponchos rojos, a la espera

Los llamados "ponchos rojos" de la provincia Omasuyos (La Paz) también se movilizaron la pasada semana en contra del gobierno de Luis Arce aunque durante los 14 años de gobierno de Evo Morales fueron aliados del Ejecutivo.

Los campesinos demandan la ejecución de obras en esa región y denunciaron un supuesto olvido del Gobierno central.

Después de una marcha desde El Alto hasta La Paz dieron un plazo de 72 horas al gobierno de Arce para que atienda sus 41 demandas.

Después de ese término, que venció el fin de semana, anunciaron nuevas acciones y en todo caso se convierte en otro conflicto aún no resuelto.

BD/JCV