APDHB: Medida cautelar de la CIDH es vinculante, su incumplimiento puede llegar a la Corte IDH

Brújula Digital |03|09|21|

La decisión que asuma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la medida cautelar a favor de la expresidenta Jeanine Añez tiene carácter vinculante y si ésta es incumplida por el Estado, puede ser denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), explicó el asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humano (APDHB), Franco Albarracín.

Ante una demanda de la familia de Añez, el miércoles se conoció que la CIDH otorgó siete días al gobierno del presidente Luis Arce para que entregue información sobre el estado de salud física y mental de la expresidenta y sobre las medidas de protección a los derechos humanos que asumió en favor de ella, quien fue encarcelada a mediados de marzo y, según su familia y abogados, tiene su salud deteriorada a raíz de la hipertensión arterial sistémica y depresión que padece.

Este viernes, después de dos días, el ministro de Justicia, Iván Lima, se pronunció sobre este caso en una entrevista con La Razón. Anunció que el Estado boliviano, a través del Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, entregará la información requerida en el plazo previsto. Señaló que se reúne los datos del sistema de salud y de régimen penitenciario para ser enviados a la CIDH.

“Tenemos la idea clara, todos los argumentos, estudios y documentos suficientes… ya hay otras solicitudes que se han presentado y la CIDH ya se ha pronunciado en este aspecto, que hubiera un cambio de decisión en la comisión sería bastante extraño, no suele ocurrir. Esta es la segunda o tercera vez que se presenta la misma solicitud y ha sido rechazada porque es un tema de debido proceso”, sostuvo Lima.

“No existen argumentos para una medida cautelar”, acotó, porque considera que el Órgano Judicial atendió todos los requerimientos de Añez. En el plano de régimen penitenciario, sostuvo que a Añez se le dio atenciones por encima de los “estándares” que se asigna al resto de la población penitenciaria, lo que, incluso, motivo a que privados de libertad denuncien tratos desiguales.

La posición de Lima es compartida en parte por Albarracín, quien, a diferencia de la autoridad, indicó que la medida cautelar solicitada no sólo tiene relación con el incumplimiento del “debido proceso”, sino con la vulneración de los derechos de Añez, entre ellos a la vida, integridad, salud, libertad, garantías procesales y salud.

En ese sentido, Albarracín estimó que hay un 50% de probabilidad para que la CIDH otorgue medidas cautelares a Añez y un 50% que no, debido a que se trata de un caso que tiene implicaciones “políticas”, un campo en el que la organización internacional no otorga ese beneficio.

Consultado sobre el alcance de la decisión de la CIDH, en caso de que otorgue medidas cautelares a Añez, Albarracín indicó que el dictamen es vinculante, de cumplimiento obligatorio para el Estado boliviano. En este caso, Añez se vería beneficiada, pues no tendría que estar encarcelada para defenderse en los dos procesos ordinarios que se le sigue, uno por terrorismo, sedición y conspiración y, otro, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constituciones y a las leyes.

Ahora, si el Estado incumple la medida cautelar de la CIDH, esta instancia puede elevar una demanda ante la Corte IDH, instancia que se encarga de tratar los aspectos legales de un proceso, no la parte política, para que imponga “medidas provisionales”, explicó Albarracín.

No obstante, el jurista reconoció que en la región hay una serie de casos de medidas cautelares que han sido incumplidas por Estados, tal el caso de Venezuela y Nicaragua, donde se incumplieron la aplicación de beneficios a favor de opositores. Esos gobiernos, añadió, son considerados regímenes “dictatoriales”.

En caso del incumplimiento de las medidas provisionales de la Corte IDH, estos casos pueden ser llevados ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que inste a los Estados a cumplir con ellas. Al margen de esos mecanismos, no hay una “medida coercitiva” para obligar a cumplir estas medidas, señaló Albarracín.

BD/JJC