Añez pide sobreseimiento en caso Golpe de Estado I porque ya “no tiene razón de ser”

Brújula Digital |10|05|22|

La expresidenta Jeanine Añez solicitó su sobreseimiento en el caso “golpe de Estado I” porque este proceso ya “no tiene razón de ser”, debido a que el delito de sedición fue borrado del ordenamiento jurídico y éste afecta al de conspiración y porque, además, la Fiscalía no presentó pruebas objetivas para sustentar el delito de terrorismo afirmó este martes el abogado Luis Guillén.

Añez fue detenida de forma preventiva a mediados de marzo de 2021, acusada de cometer en los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Este proceso se llegó a denominar “golpe de Estado I” y se paralizó porque el delito de sedición fue a revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el mismo que, el 17 de marzo de este año, lo declaró inconstitucional y lo sacó del ordenamiento jurídico.

“En este proceso, al haber desaparecido el delito de sedición, afecta al delito de conspiración; por lo tanto, en cuanto al ilícito de terrorismo no existen elementos objetivos como para poder sustentar una acusación, por lo que corresponde que el Ministerio Público emita un sobreseimiento en este proceso, a todas las personas que se hayan visto involucradas”, declaró el Guillén, uno de los abogados defensores de la exmandataria.

En este caso, el abogado también recordó que el delito de terrorismo fue criticado por organismos internacionales en la forma en la que se encuentra tipificado en el Código Penal Boliviano. Acotó que Añez asumió la Presidencia del país en un momento en el que la ciudadanía exigía una segunda vuelta electoral, debido a la acusación de fraude electoral en contra de Evo Morales, por lo que no se dio una acción de terrorismo como tal.

En criterio de Guillén, su defendida se mantiene detenida de forma preventiva, en el penal de Miraflores, de manera “injusta” por más de 400 días, debido a que los tres delitos por los que se la acusan ya no tienen razón de ser.

En ese sentido, el jurista consideró que el Ministerio Público, en el marco de su misión constitucional, se encuentra “obligado” a emitir una resolución de sobreseimiento.

BD/JJC