Analistas señalan que acciones de la Defensoría son parcializadas y siguen la línea del MAS

Brújula Digital |15|05|20|

El 12 de marzo se registró el primer caso positivo de coronavirus (Covid-19) en el país, y hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo emitió 80 comunicados de prensa de los que 60 son reclamos contra el gobierno de la presidenta Jeanine Añez, y ninguno va dirigido a defender a la población en sentido de dar recomendaciones para enfrentar el coronavirus, como que se quede en su casa y no arriesgue su bienestar y el de su familia.

Rol absolutamente parcializado con la anterior administración gubernamental masista, así calificó el constitucionalista Paul Coca al desenvolvimiento de Defensoría del Pueblo, agregó según reporte de la Agencia de Noticias Fides (ANF), que su trabajo “es más político que técnico”,.

“Mostró una parcialización, así de sencillo. Hay bloqueos y vulneración a la cuarentena, hechos de racismo -donde un alteño, por ejemplo, dijo que el coronavirus sólo lo tienen los gays- y no se vio accionar alguno de la Defensora del Pueblo; en este instante, el MAS no está en el poder, y por ello se muestra contra el Gobierno actual, pero no lo hizo así contra el anterior”, sostuvo Paul Coca.

Por su parte, el abogado Ricardo Maldonado, afirmó que la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz no tiene una posición nada neutral, porque lanza una infinidad de reclamos contra el Gobierno de Jeanine Añez, pero no se pronunció en ningún momento en la gestión de Evo Morales, pese a los casos de flagrante violación de derechos humanos, demostrando su afinidad con el gobierno del MAS.

El constitucionalista Marco Loayza sostuvo que Nadia Cruz “tiene una actuación parcializada” y emite criterios que siguen la línea del Movimiento Al Socialismo (MAS). Asimismo, consideró que la Asamblea Legislativa Plurinacional, de amplia mayoría masista, no abordó el tema de la elección de un Defensor del Pueblo titular, a pesar de conocer que ya se cumplieron los 90 días de interinato de Nadia Cruz.

Resumen de comunicados

Cuando se conoció el primer caso de Covid-19, 12 de marzo, la Defensoría del Pueblo comunicó que “coordina acciones preventivas en contra del coronavirus”. En la nota, la Defensoría no se compromete ni pide a la población cumplir con las medidas de bioseguridad para prevenir el coronavirus y se limita a describir el trabajo que realizarán la gobernación, alcaldía, fiscalía y el Ministerio de Gobierno.

Posteriores comunicados se centraron en críticas y reclamos al gobierno central, muchos de ellos coincidieron con expresiones de líderes políticos del MAS, como en el caso del comunicado del 20 de marzo, cuando una nota bajo el rótulo “Defensoría exige al gobierno asegurar medidas en favor de sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad ante una eventual cuarentena nacional”, coincide con la publicación de un mensaje del candidato a la presidencia del MAS, Luis Arce, quien escribió en su cuenta de Twitter: “un gobierno consciente de las necesidades de su pueblo y conocedor de la realidad debe plantearse la necesidad de generar políticas de apoyo a los pequeños empresarios, los trabajadores por cuenta propia y los comerciantes informales”.

Otro de los aspectos que llama la atención, es que la Defensoría del Pueblo, el 17 de abril, se pronunció respecto a la expulsión de efectivos policiales de Shinahota-Cochabamba, pero no emitió ningún criterio sobre las agresiones que sufrieron los efectivos del orden antes de ese suceso al igual que en otro comunicado de la “defensora interina” emitido el 19 de marzo cuando vecinos de Río Seco, El Alto, lanzaron piedras a una ambulancia, golpearon a policías, quienes pedían cumplir la cuarentena.

, el 22 de marzo, vecinos de la urbanización Pumas Andino de Oruro arrojaron piedras a policías y gendarmes. El 25 de marzo en San Julián, Santa Cruz, los vecinos apedrearon un centro policial en esta zona, sin que la “defensora interina del Pueblo” se pronuncie al respecto en relación al personal de salud, sólo en una oportunidad, la Defensoría repudió estas agresiones, fue el 29 de abril, mediante comunicado de prensa, dijo: “Defensoría del Pueblo condena las agresiones y discriminación contra personal de salud en Rurrenabaque”.

La Defensoría no se pronunció sobre la agresión a médicos y enfermeras que sufrieron la noche del 5 de marzo, cuando vándalos lanzaron piedras a dos buses que transportaban a personal de salud.  Similar hecho se registró esta semana en Cochabamba, situación que obligó al personal de Salud a replegarse por seguridad.

BD/JI-PA