Ambientalistas e indígenas apuntan a Evo Morales como responsable de los incendios forestales

Brújula Digital|24|08|19|

El presidente Evo Morales promulgó en 2016 la Ley 741, que autoriza desmontes en predios agrícolas, y en julio (2019) el Decreto 3973, que legaliza las “quemas controladas” en los departamentos de Beni y Santa Cruz. Estas normas fueron consideradas por ambientalistas e indígenas como las detonantes del incendio forestal que arrasó con casi 800 mil hectáreas en la Chiquitanía y apuntan al primer mandatario como responsable por el desastre ambiental.

“Estamos hablando de una política de Estado que ha sido consensuada con el empresariado del oriente de Bolivia de ampliar la frontera (...) para la agricultura intensiva, soja transgénica, plantación de caña y habilitación de campos de pastura para la ganadería”, expresó a la AFP el director de la ONG Cejis, Leonardo Tamburini.

Morales esquivó su favorecimiento con la promulgación de dichas normas a empresarios agroindustriales y justificó la quema de árboles en los bosques del oriente del país porque si no se tala, se deja a mucha gente sin alimentos. Hay necesidad en “las pequeñas familias (que) si no chaquean, ¿de qué van a vivir?, es el pequeño productor, para yuca una media hectárea, para maíz una hectárea para comer, esa es la situación del pequeño productor”, dijo el lunes (19). 

El julio (2019) Morales promulgó el DS 3973. La norma modificó el artículo cinco del DS 26075 del 16 de febrero de 2001 por el cual se determinó que en los departamentos de Santa Cruz y Beni se autoriza el desmonte y “quema controlada” de bosques para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.

“El mismo hecho de autorizar la quema controlada es una vulneración de los derechos de la Madre Tierra y de la ciudadanía en general, puesto que afecta al ecosistema y al medio ambiente en el que todos nos desarrollamos”, señaló en un comunicado Unitas, una red de organizaciones no gubernamentales.

Tamburini fue más allá al señalar que esas políticas del gobierno de Morales van en contra de lo que él mismo ha representado en el pasado: un indígena aymara, gran defensor de la naturaleza y promotor en las Naciones Unidas de la declaración de los derechos de la Madre Tierra, un postulado de normativas ambientalistas.

Hasta el jueves, 744.711 hectáreas en la Chiquitanía fueron destruidas por el fuego, ubicada en 35 comunidades de 11 municipios del departamento de Santa Cruz, oficializó el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

“Venimos diciendo que el gobierno ha perdido la brújula, respecto a los principios filosóficos e ideológicos que lo llevaron a la primera magistratura del gobierno (en 2006) y que tiene como base, un modelo de desarrollo extractivista”, dijo Tamburini.

Unitas va en la misma línea: "El Estado boliviano ha demostrado la poca importancia que tiene la Madre Tierra al momento de diseñar y aplicar políticas públicas, enfocándose en satisfacer intereses que van en contra de la sostenibilidad de los recursos naturales".

Indígenas apuntan a Evo y Bolsonaro

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) declaró persona no grata a los mandatarios Evo Morales, de Bolivia, y Jair Bolsonaro, de Brasil, y los responsabilizó por el “genocidio ambiental” en la Amazonía. Los señalan de tener una falta de voluntad e incapacidad para proteger a los pueblos indígenas, flora y fauna, ante los incendios forestales que afectan la región.

La Coica, en una carta abierta suscrita conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, en el que piden declaratoria de emergencia ambiental y humanitaria, responsabilizan a ambos mandatarios por acción y omisión.

"Los Pueblos Indígenas hacemos responsables a los Gobiernos de Jair Bolsonaro y de Evo Morales por la desaparición y genocidio físico, ambiental y cultural que se presenta actualmente en la Amazonía, y que por su acción y omisión se hace cada día más grave y que son pérdidas irreparables para la humanidad", se lee en parte del comunicado.

El documento agrega que por este motivo, las organizaciones sancionan, condenan y declaran "a estos dos Gobiernos no gratos para la Cuenca Amazónica".

Las organizaciones piden la participación de actores sociales, públicos y privados para intervenir y frenar la amenaza del fuego en contra de la vida en todas sus formas, que tiene en inminente riesgo de extinción a más de 506 Pueblos Indígenas de la cuenca amazónica y la de miles de especies de flora y fauna que los habitan.

Señalan que 73.843 focos de incendio han incinerado más de 700.000 hectáreas de bosque después de casi 18 días de desatención y prevención, de estos gobiernos, lo que ha generado más de 100.000 indígenas damnificados.  

Pese a que se han formulado Declaraciones y Convenios Internacionales, agrega el comunicado, gobiernos como los de Brasil y Bolivia "demuestran su falta de interés, negligencia, racismo y discriminación estructural en contra de la vida y la integridad de los Pueblos Indígenas, y solo buscan favorecer los intereses de grandes grupos económicos que pretenden convertir la Amazonía en lotes para megaproyectos agropecuarios, mineros, represas y proyectos energéticos".

Estos hechos, y las conductas de los Gobiernos de Evo Morales y de Jair Bolsonaro por su acción y omisión, remarcan, han desahuciado todas las estrategias ambientales y sociales para fortalecer la gobernanza ambiental de la Amazonía.

Las organizaciones hacen un llamado "a toda la humanidad" para actuar inmediatamente en contra de las acciones que "de manera criminal engrandaron las diferentes causas de esta tragedia sin precedentes, en un momento en que la estabilidad climática se encuentra en riesgo".

Las instituciones respaldan la posición coherente de la Cidob orgánica de Bolivia, al rechazar y fustigar al gobierno boliviano "por perpetrar este desastre ambiental y social con el fin de promover una agenda económica contraria a la razón e irrespetuosa de los derechos fundamentales indígenas".

También respaldan la posición de Coiab de Brasil y le instan a continuar en el duro camino de lucha contra las visiones y acciones, políticas, económicas, administrativas y procedimentales del Gobierno Brasileño, que "vulneran permanentemente los derechos fundamentales indígenas y la humanidad misma".

Solicitan a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos indígenas ante las Naciones Unidas que se pronuncie sobre la necesidad de adoptar medidas inmediatas por parte de la comunidad internacional para atender esta emergencia y para formular medidas de carácter internacional para prevenirlas en el futuro.  

Llaman a que se active la cooperación internacional y demás aliados con fines solidarios y humanitarios para que se pueda suplir las necesidades básicas de los pueblos afectados por este flageo y se inicien de manera las medidas de restauración de la biodiversidad afectada.