La Paz, 24 de abril de 2024
Sesion de Asamblea Legislativa Plurinacional Foto Senado
Brújula Digital |25|05|20|
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), conformó la tarde de este lunes, las comisiones que investigarán el caso de sobreprecio en la compra de respiradores de fabricación española además de las irregularidades denunciadas en empresas estatales, como YPFB, BoA, entre otras.
La comisión que investigará el supuesto sobreprecio en la compra de 170 respiradores está conformada por los senadores Erwin Rivero y Ciro Zabala del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Edwin Rodríguez de Unidad Demócrata (UD), además de los diputados Alicia Canqui, Tito Veyzaga, Edgar Montaño y Justino Jurado del MAS, María Calcina de UD y Helmut Salinas del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
“Esta comisión investigará la compra de los 170 respiradores, además de los 500 que están en curso, todos los insumos de bioseguridad y las fuentes de financiamiento. Está conformada por las tres fuerzas políticas de la Asamblea”, señaló el senador del MAS, Omar Aguilar.
La Asamblea Legislativa Plurinacional también aprobó la conformación de una Comisión Especial Mixta que investigará el manejo y supuestas irregularidades de las empresas públicas Boliviana de Aviación (BoA), Entel y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Los designados para investigar a las empresas públicas son los senadores Anselma Palacios, Milton Barón del MAS, además de los diputados Francisco Quispe, Lidia Patty, Trinidad Rojas, Grover Cuevas del MAS, Luis Felipe Dorado, Amilcar Barral de UD y Yesenia Yarhui del PDC.
El caso de los ventiladores generó una gran polémica en el país, luego que organizaciones de profesionales y galenos, señalaran que no son aptos para terapia intensiva y que su precio en fábrica no pasa de los 8.000 dólares. Se conoció que el Estado destinó cerca de 28.000 dólares por cada equipo a través de tres intermediarios.
A la fecha, hay cinco personas detenidas. Una de ellas, el exministro Marcelo Navajas además de otros exfuncionarios implicados en la adquisición, los que fueron enviados a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y contratos lesivos al Estado, entre otros.
BD/JI-PA