Al menos dos frentes de conflictos preceden al primer año de Arce en el gobierno

Brújula Digital |03|11|2021|

El presidente Luis Arce cumplirá un año de mandato el lunes 8 de noviembre. A pocos días de cumplir esa meta afronta al menos dos frentes de conflictos y críticas a su gestión por la aprobación de normas restrictivas de derechos humanos y de injerencia de órganos e instituciones del Estado.

Los gremiales ratificaron que la siguiente semana arrancarán con movilizaciones en contra de la Ley 1386 de Estrategia de Lucha contra las Ganancias Ilícitos.

El dirigente de los comerciantes de El Alto, Antonio Siñani, anunció que hoy se reunirán las organizaciones para definir las estrategias que se implementarán desde el lunes, una de éstas son marchas permanentes en La Paz hasta que el Gobierno anule esa norma.

"Las movilizaciones están ratificadas porque hasta ahora el Gobierno sólo está dialogando con dirigentes que no representan al sector, entonces primero tiene que desconocerlos y sentarse con nosotros" afirmó.

Según la denuncia del sector, la Ley 1386 penaliza la actividad económica de los sectores informales de Bolivia y permite al Ejecutivo la reglamentación mediante decretos supremos.

La demanda de la anulación de esta norma surgió después de que el Gobierno archivó un proyecto de ley que pretendía la incautación de bienes sin proceso judicial y anulaba el secreto profesional bajo el argumento de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

Ahora salió al frente de los anuncios de movilización para denunciar que sufre una conspiración política e invitó a los sectores movilizados a que acudan al diálogo para redactar el reglamento de la Ley 1386 y así despejar temores.

La movilización anunciada por los gremiales del país fue respaldada por sectores del transporte y cívicos del país.

Otro frente que afronta Arce Catacora es el conflicto por tierras sobre todo en el departamento de Santa Cruz donde los avasallamientos de propiedades privadas se tornaron violentos y derivaron en el secuestro y tortura de periodistas, policías y civiles que fueron a verificar asentamientos ilegales la pasada semana.

Los llamados "interculturales" que forman parte de las organizaciones sociales del MAS son señalados de conformar grupos irregulares armados al amparo de la Policía y las Fuerzas Armadas que ahora tienen mandos políticos.

Éstos bloquearon la carretera Santa Cruz-Trinidad en el municipio de San Julián para exigir al Gobierno la titulación de los predios que tomaron y para que se retiren los cargos en contra de sus integrantes por la privación de libertad y abusos cometidos en contra de 17 personas en el predio Las Londras.

El Gobierno llegó a un preacuerdo ayer para que mañana se reanuden las negociaciones con autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) bajo amenaza de reanudar sus movilizaciones.

Organizaciones de periodistas anunciaron movilizaciones en contra de la "impunidad" por las torturas infligidas contra sus afiliados.

La oposición en la Asamblea Legislativa denunció la aprobación de dos leyes con el uso del "rodillo parlamentario" del MAS. La Ley de Ascensos en las Fuerzas Armadas y la ley que viabiliza el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 fueron aprobadas ayer en la madrugada en el Legislativo.

Parlamentarios de oposición advirtieron que ambas interfieren en las decisiones autónomas, en el primer caso en las Fuerzas Armadas y en el segundo en los gobiernos departamentales y municipales.

En el caso de la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas el Gobierno tiene la potestad para reglamentar la norma con un Decreto Supremo mientras en el segundo, gobernaciones y alcaldías tendrán que diseñar planes de desarrollo acordes al Plan elaborado por el Gobierno central.

BD/JCV