El gasolinazo es entendido como un azote para los sectores mayoritarios de la población boliviana, que, sin duda, deviene en una nueva injusticia social de cariz neoliberal.
Brújula Digital|23|2025|
Pablo Mamani
El problema de la subvención a los hidrocarburos en Bolivia tiene un largo historial. No se reduce a 20 años, como repite cierta gente en redes sociales, sin un argumento solido, que es más parecido a un tipo de desprecio a los indígenas.
El DS 5503, llamado de emergencia, peca por desconocer aquel historial porque ataca al corazón mismo del sistema social de la subsistencia económica de la gente. Habría que conocer ese historial para salir de las visiones de las elites políticas tradicionales, que no comprenden al país en su profundidad.
Este hecho lo parece expresar el gobierno de Paz–Lara al desconocer al 80% de la población que vive en la economía informal y que es indígena urbana y popular.
Según el texto de Emilio Huanaco Castillo titulado:La subvención de combustibles en Bolivia. Hechos históricos, origen y consecuencias (inédito), hace un breve historial de la subvención en hidrocarburos en Bolivia. Según esto, la subvención viene de un modo oculto desde 1937, con el gobierno de Germán Busch, porque los hidrocarburos han sido administrados por el Estado boliviano.
Luego esta subvención se hace más abierta con el DS 21060 de 1985. Pese a la liberalización económica, sin embargo, se mantiene la subvención a los hidrocarburos. Según Huanaco, aquí se hace oficial la subvención porque el gobierno del MNR de Víctor Paz, tío de Rodrigo Paz, tenía consciencia política de no exacerbar el ambiente político y, en razón de ello, la mantuvo como parte de una política estratégica para evitar las movilizaciones sociales.
Hubo el intento de levantar la subvención en el gobierno de Evo Morales, en 2010, con el DS 748. Ante las grandes movilizaciones que se produjeron en la ciudad de El Alto, Oruro, Potosí y Cochabamba, cinco días después de su aprobación, se decidió su derogación mediante el DS 752.
La gasolina especial pasó de Bs 3,74 a Bs 6,80 por litro y el diésel de Bs 3,72 a Bs 6,90. Aquella norma establecía un aumento promedio de 73% y un máximo de 83%. El gobierno de Morales tenía motivo suficiente para hacerlo porque había ganado las elecciones de 2009 con 64% y en primera vuelta, lo que quiere decir que tenía un capital político importante. Pero ante la reacción de la gente tuvo que dar un paso atrás para mantener su gobierno. De allí la subvención se convirtió en "derecho adquirido", según Huanaco.
Hoy 2025, el DS 5503 hace que se eleve de golpe el precio de los hidrocarburos. Esto es de 3,67 la gasolina especial a 6,96 Bs/Lt, el diésel oíl a 9,80 Bs/Lt, el kerosene a 5,64 Bs/Lt y el GLP a 2,25 Bs/Kg.
En comparación con el gobierno de Morales, el gobierno de Paz–Lara no tiene la misma fuerza del MAS de 2010. Ganó las elecciones de 2025 con sólo 32,44% frente a su inmediato seguidor con 26.70%. Además, está dividido por dentro, no tiene apoyo parlamentario suficiente y no tiene respaldo social. A esto se suma que la gente en la calle afirma que no sólo se trata de un gasolinazo, sino un proyecto como el 21060 de Víctor Paz, tío del actual gobernante, porque el mismo decreto habla de 15 años.
Este conjunto de datos pone las cosas aún más difíciles, porque la experiencia de 21060 tuvo como efecto el aumento de la pobreza, la falta de empleo, la migración rural-urbana, la injerencia norteamericana, etcétera.
De otra parte, el Decreto en cuestión tiene anexos que no se pueden descargar de la Gaceta Oficial y tiene una falla en el artículo 119/II que dice: “Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General del Estado, realizar la transferencia de los recursos señalados en el Artículo 124 del presente Decreto Supremo”.
En realidad, el DS solo tiene 121 artículos con nueve capítulos. Y tiene elementos inconstitucionales, como el hecho de que se quita las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene que aprobar contratos o convenios con empresas transnacionales, etcétera. En resumen, en términos políticos, en un mes y 20 días parece que al gobierno le quedan solamente la Policía y el Ejército.
Puesto que el contexto actual está ya dado en niveles de pedidos, que día y hora que pasa aumenta esos niveles.
Primero, por ejemplo, la gente pidió levantar la subvención a los hidrocarburos de manera gradual (la gente estaba de acuerdo con levantar la subvención), luego pasó a otro nivel, que se traduce en el pedido de la anulación del gasolinazo, como se hizo en 2010. El último nivel es aquel en el que salen voces que piden la renuncia de Paz a la Presidencia.
Diferentes organizaciones sociales han convocado a ampliados, algunos han declarado estado de emergencia y otros directamente están en las calles, como en las ciudades de El Alto y La Paz.
La gente pide que las autoridades se bajen sus sueldos en un 50% “para compartir sacrificios”, que no es lo mismo que dice el Ministro de Economía “el Estado se va ajustar”. En esa relación, se habla de que la próxima semana habrá paro indefinido en todo el país.
En esas condiciones, la experiencia enseña que un pequeño rascuño es para incendiar el país. El ambiente está altamente caldeado también por el trato poco democrático a los sectores llamados “masista”, en un ambiente de venganza o descalificación poco diplomática con la gente en general.
Finalmente, la gente califica al gobierno de representar a los ricos y oligarcas, dada en sus primeras acciones que favorecen a estos sectores de la oligarquía boliviana tradicional. Y es bajo ese contexto que el gasolinazo es entendido como un azote para los sectores mayoritarios de la población boliviana, que, sin duda, deviene en una nueva injusticia social de cariz neoliberal. Aquí radica la importancia de conocer el historial de la subvención a los hidrocarburos en Bolivia para tener una lectura más amplia y de su contexto histórico.
Pablo Mamani es sociólogo y docente universitario.
