No salvar la economía boliviana por salvarla, sino con fines específicos y mencionados expresamente, como el aumento del poder adquisitivo de la gente, o el acceso en mejores condiciones económicas a la salud, la educación y el empleo.
Brújula Digital|12|12|2025|
Antonio Gómez
A un poco más de un mes desde el inicio de la gestión de Rodrigo Paz existe un consenso generalizado: su gobierno aún no ha tomado decisiones trascendentales respecto a la economía boliviana.
Sin embargo, algunos voceros políticos que respaldan al actual gobierno sostienen que el rumbo debe alejarse lo máximo posible del modelo implementado por el Movimiento al Socialismo durante casi 20 años; es decir, proponen pasar de un modelo económico estatista a uno liberal, en el que el liderazgo lo asuma claramente la empresa privada.
Las pocas medidas económicas adoptadas por Paz, como la eliminación de los cuatro impuestos “clave” (a las grandes fortunas, transferencias financieras, al juego y a las promociones empresariales) parecen sustentar la tesis de que hay que volver al capitalismo, con la salvedad de que esta vez “será para todos”.
¿Es posible que la sociedad boliviana se convierta en un gran conglomerado de empresas privadas y que esto nos lleve a la prosperidad? Si se lograra, sería algo inédito y merecedor de un premio Nobel de economía.
Pero la discusión no radica ahí, sino en las consecuencias sociales prácticas que tendrá esta (¿nueva?) ideología liberal: administrar el Estado con criterios empresariales, buscando transformar las estructuras sociales hacia una lógica instrumental económica, donde la rentabilidad sea el fin que prime sobre otros criterios.
En otras palabras, ¿se puede tomar la rentabilidad como el eje organizador del Estado y de la sociedad? La respuesta parece obvia y el gobierno la repite constantemente: hay que invertir únicamente donde sea rentable, de lo que se puede colegir que los bonos y subvenciones son, por sí mismos, malas políticas que solo conducirán al fracaso económico.
Entonces, el Estado no debería invertir a pérdida para mantener artificialmente precios bajos, deformando un mercado que estaría demandando actuar libremente.
Sin embargo, si revisamos la historia y la actualidad, tanto las sociedades como los Estados invierten “a pérdida” con frecuencia cuando el valor añadido social es más importante que la rentabilidad económica.
Aquí radica el centro de todo este debate: cuándo invertir, en qué y bajo qué criterios. Por ello, lo peor que se puede hacer es reemplazar el dogma del Estado por el de la economía pura.
Veamos un ejemplo de cómo el inicio de la civilización estuvo marcado por la inversión “a pérdida” cuando los objetivos así lo requerían.
Es muy conocido el relato de la “cultura de curación de hueso roto” de la antropóloga estadounidense Margaret Mead, quien señala que el primer signo de civilización fue la curación de un fémur roto. Esto mostró que un grupo social decidió que alguien se quedara a cuidar a un herido, proporcionándole refugio, comida y protección, en lugar de abandonarlo para morir.
Esto demuestra no solo empatía y cooperación, sino que marca el inicio de la sociedad humana bajo criterios de solidaridad, antes que de practicidad o simple rentabilidad.
Si aceptamos estos criterios pasamos de una economía convencional, definida como la mejor utilización de los recursos escasos, a una de corte social, que busca articular la eficiencia económica con la justicia social, poniendo a la persona y al bien común en primer lugar.
En este sentido, la sociedad se parece más a una familia que a una empresa, porque la primera se mueve por el propósito y no por las ganancias, como hace la segunda.
Ambas necesitan obtener rentabilidad, pero la primera lo hace para invertir socialmente y no solo económicamente.
Con este enfoque tendría más lógica hablar de un “capitalismo para todos”, es decir, de un sistema económico donde el propósito social guíe lo económico: no salvar la economía boliviana por salvarla, sino con fines específicos y mencionados expresamente, como el aumento del poder adquisitivo de la gente, o el acceso en mejores condiciones económicas a la salud, la educación y el empleo.
Este es un principio fundador del Estado y del gobierno, y habría sido más útil mencionarlo de forma expresa y concreta antes de tomar medidas económicas que parecen aisladas y carentes de contexto.
¿Por qué?
Porque si yo me rompo un hueso, no me gustaría que el Estado me dejara sin asistencia, sea cual sea el gobierno que esté al mando.
Antonio Gómez Mallea es comunicador y politólogo.
