El Gobierno aún conserva legitimidad y respaldo suficiente para aplicar la eliminación del subsidio a los carburantes y la devaluación. Cada mes que pasa disminuye la capacidad política y social para ejecutar medidas tan sensibles.
Brújula Digital|02|12|25|
En el Gobierno existe una discusión interna respecto de cuándo aplicar las medidas económicas más importantes: la eliminación del subsidio a los carburantes y la devaluación oficial del dólar. Hasta ahora se han implementado interesantes acciones como anulación de algunos impuestos, pero no son reformas estructurales ni de alto impacto.
El país destina alrededor de 2.800 millones de dólares anuales al subsidio a los combustibles, un gasto que virtualmente ha eliminado las reservas internacionales y ha incrementado de forma preocupante la deuda externa e interna del país. Casi un 8% del PIB se va en ese subsidio.
Si bien este sistema, vigente por más de dos décadas, ofrece combustible barato y puede ayudar a ciertos sectores productivos, también genera distorsiones profundas. Se trata de subsidios “ciegos” que no benefician prioritariamente a los más necesitados, sino a grupos poderosos, como empresarios agroindustriales o del sector minero, tanto cooperativizado como formal, que acceden a diésel barato.
En el Ejecutivo, según diversas fuentes, conviven dos posiciones. La primera insiste en tomar las medidas ahora, antes de las fiestas de fin de año. Se sabe que ello generará rechazo, protestas y un golpe fuerte a la economía popular, pues duplicar o incluso triplicar el precio del combustible puede provocar desestabilización.
La segunda línea propone esperar hasta marzo o, peor aún, hasta mediados de 2026. Esta postura –respaldada, entre otros, por el vicepresidente Edmand Lara– busca evitar una medida impopular antes de los comicios, con la expectativa de ganar el mayor número posible de municipios.
Según mi visión, ese cálculo es equivocado. El Gobierno tiene hoy la legitimidad y popularidad suficientes para asumir un ajuste de esta magnitud. La ciudadanía sabía, desde la campaña electoral, que cualquier candidato –incluidos los de las facciones MAS– que ganara la presidencia, asumiría la dolorosa decisión de revisar el subsidio y liberar el dólar. Además de su costo fiscal, el sistema actual genera contrabando hacia países vecinos y un desabastecimiento crónico que hizo aumentar la conciencia pública sobre la necesidad de elevar los precios.
La normalización reciente es artificial pues se sostiene mediante compras a pagos futuros. La relativa estabilidad actual reduce la percepción de urgencia. La memoria colectiva es frágil: cada día que pasa será más difícil imponer la medida. Si se hubiera tomado en mayo de este año, muchos la hubieran comprendido. En diciembre, con la normalidad de la provisión de carburantes, resulta menos justificable. En marzo o después, ya no habrá respaldo social significativo a la medida.
En 2026 la población preguntará por qué subir los precios si el Gobierno logró mantener la situación de normalidad durante tantos meses. La eficiencia gubernamental actual es, paradójicamente, perjudicial, ya que da la errónea impresión de que no enfrentamos una situación crítica. En 2026, como es lógico para cualquier gobierno, la administración tendrá menos fuerza, legitimidad y credibilidad.
Existe además un componente táctico. Si el ajuste se realiza ahora, habrá varios momentos del calendario que podrían amortiguar la curva de protestas: Navidad, Carnaval y luego la campaña para las elecciones subnacionales. En esos periodos el interés social tiende a desplazarse, lo que disminuiría la intensidad de las movilizaciones.
Retrasar la decisión hasta marzo para intentar obtener tres o cuatro alcaldías más para el oficialismo sería un error grave. En ese escenario, el Gobierno enfrentaría la reacción social sin el respaldo político que aún conserva y sin eventos que atenúen el conflicto. Además, es probable que el próximo año el vicepresidente Lara ya se encuentre plenamente alineado con sectores de desestabilización, lo que podría amplificar la conflictividad. Las protestas podrían arrastrarse durante todo el año.
De acuerdo con la información disponible, existe un impasse dentro del gabinete: un bloque presiona por aplicar las medidas antes de las fiestas de fin de año; otro insiste en postergarlas. El presidente Paz sopesa todos los escenarios posibles.
La posición aquí expresada es clara: se espera que prevalezcan quienes creen que el ajuste debe hacerse ahora. Posponerlo abre la interrogante de si finalmente se ejecutará y alimenta el riesgo de un retroceso similar al ocurrido en 2010 con Evo Morales, cuando, frente a la presión social, decidió anular la medida.
Hay un tema adicional: desde la perspectiva de los organismos internacionales que deben proveer las divisas que el país necesita, dilatar la medida dará la impresión de indecisión y falta de responsabilidad. Por ello, lo mejor es actuar de inmediato.
BD/RPU
