También es esencial que se tomen medidas efectivas para garantizar el respeto a las sentencias emitidas por la Corte-IDH, el no hacerlo supone incumplimiento de deberes.
Brújula Digital|07|11|25|
Olga Flores
Señor Presidente saliente:
Me dirijo a usted en mi calidad de víctima reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la Sentencia del Flores Bedregal y otras Vs. Bolivia, del 17 de octubre de 2022.
Como es de su conocimiento, las sentencias de la Corte IDH son inapelables y de cumplimiento obligatorio, más aún porque en nuestra Constitución las convenciones en materia de derechos humanos tienen aplicación preferente. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, siguen pendientes de cumplimiento de 10 de las 13 determinaciones de la Corte-IDH, lo que muestra la negligencia de la Procuraduría General del Estado que, de acuerdo al art. 218 de nuestra Constitución, tiene la responsabilidad de representar y defender los intereses del Estado en asuntos administrativos y judiciales como el presente. Y si bien se trata de una institución de naturaleza autónoma no está exenta de fiscalización por parte, tanto de la Asamblea Legislativa como del Órgano Ejecutivo, presidido por su investidura.
Dado que la Procuraduría General del Estado se rige y opera en el marco de la Ley 164 y su respectivo reglamento, se puede establecer que cuando se trata de incumplimiento de deberes que afecta el interés público, vinculado a acciones u omisiones del Ejecutivo, existe responsabilidad de su gobierno en el incumplimiento de la sentencia antes mencionada.
En marzo de 2023, el entonces procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, asumió el compromiso de acatar la sentencia en todos sus puntos, y ofreció el compromiso de que todos los órganos del Estado, estarían comprometidos a cumplir el fallo. Cosa que en los hechos no ha sucedido: la Comisión de la Verdad no ha digitalizado los archivos, el Ejecutivo no ha enviado una propuesta de ley idónea de acceso a la información.
Las FFAA no acataron la ley y el capitán general no suspendió a los mandos por tal desacato
Siendo que, en dos ocasiones, las víctimas Verónica y Teresa Flores Bedregal, se han dirigido a su autoridad, apelando al derecho de petición, recordándole su compromiso moral para que cumpla con su palabra de no cesar en la búsqueda de los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y que facilite el acceso al Estado Mayor, esto sin dejar de lado que más allá de sus declaraciones, está el cumplimiento inexorable de la ley que tienen las FFAA y las autoridades.
Ante la negativa reiterada de las FFAA de cumplir siete órdenes judiciales de desclasificación de los archivos militares, su persona, en uso de sus atribuciones que le manda la Constitución como capitán general de las FFAA, ante el incumplimiento de la ley por parte de los mandos militares, debió destituir a los comandantes omisos y no mantenerlos en el cargo. Lo que muestra que, a pesar de lo que manda el orden constitucional, seguimos como en tiempos de las dictaduras militares, sometidos a lo que las FFAA por encima de la ley determinan.
SIGUE PENDIENTE UNA DEUDA DE LA DEMOCRACIA AL PROXIMO GOBIERNO.
Hay deudas económicas que el Estado debe honrar infaliblemente, pero también hay deudas morales que se deben cumplir, una de ellas es con los caídos por la arbitrariedad y el abuso militar. Así, por ejemplo, no podemos olvidar el bombardeo a los centros mineros que resistieron heroicamente al golpe de García Meza.
La sentencia en el caso de la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal señala que se trata de un desaparecido forzado y, por ello, en tanto y en cuanto no aparezca o se aclare dónde está él y sus restos mortuorios, el delito se sigue perpetrando.
De ahí que, es un imperativo cumplir la sentencia para afirmar la plena vigencia de los derechos humanos. En este sentido, por la continuidad jurídica de los Estados, el próximo gobierno, en el marco de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, deberá cumplir la sentencia de la Corte-IDH en todos sus alcances.
La promoción y protección de los derechos humanos deben ser una prioridad de todos los gobiernos por ser inherente al Estado de Derecho que proclama la Constitución, ello independientemente de la inclinación ideológica o política del gobierno de turno. Así como también es esencial que se tomen medidas efectivas para garantizar el respeto a las sentencias emitidas por la Corte-IDH, el no hacerlo supone incumplimiento de deberes.
Atentamente,
Olga Flores Bedregal.
