Periodistas bolivianos denuncian 679 casos de vulneración a libertad de prensa entre 2021-2025, incluyendo agresiones y amenazas. Reclaman ley de protección, acceso a información pública y fin a la impunidad. Señalan al Estado como principal agresor y exigen reformas legales urgentes.
Brújula Digital|25|10|25|
En el marco del Bicentenario de Bolivia y el Centenario de la Ley de Imprenta, trabajadores de la prensa reunidos en la ciudad de Cochabamba alertaron sobre un deterioro grave de la libertad de expresión y reclaman reformas legales para garantizar el acceso a la información pública.
Los periodistas y trabajadores de la prensa de Bolivia reafirmaron su compromiso con la democracia, la libertad de expresión y el derecho a la información, al tiempo que denunciaron un escenario de creciente vulneración de estos derechos en el país.
En un pronunciamiento público, recordaron que el Bicentenario de Bolivia y los cien años de vigencia de la Ley de Imprenta son una oportunidad para reflexionar sobre los logros y retrocesos en la protección de la libertad de prensa.
El evento fuer organizado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y al mismo asistieron delegados de las asociaciones departamentales de periodistas, corresponsales extranjeros y dirigentes sindicales.
El comunicado hace notar que acuerdo con datos del Observatorio de Defensores de Unitas, entre 2021 y 2025 se han registrado 679 casos de vulneraciones a la libertad de prensa, que incluyen agresiones físicas y psicológicas, amenazas de muerte, hostigamiento, ciberacoso, acoso sexual y presiones para revelar fuentes de información.
A esta situación se suma la precarización laboral, que afecta a siete de cada diez periodistas.
Vistas del congreso de periodistas/David Mercado
El comunicado señala que el Estado es el principal agresor de la libertad de prensa, mientras que el sistema judicial “deja en la impunidad los atentados contra periodistas” y, en algunos casos, “se presta a la judicialización del trabajo periodístico”.
El caso Las Londras –ocurrido en 202, cuando un grupo de periodistas fue secuestrado y agredido en el municipio cruceño de Guarayos– fue citado como “la evidencia más bochornosa de la impunidad”.
Según el pronunciamiento, este contexto de violencia y acoso tiene como objetivo “silenciar al periodismo e inducir a la autocensura”, lo que afecta directamente el derecho ciudadano a recibir información plural y veraz.
“No solo atenta contra los derechos de los periodistas, sino que también vulnera los principios elementales de la democracia”, advierte el documento.
Demandas
Entre sus principales demandas, el gremio periodístico plantea:
Los periodistas subrayaron que fortalecer la legislación nacional y cooperar con organismos internacionales es fundamental para garantizar que la libertad de expresión siga siendo un pilar de la democracia.
“El país necesita un periodismo libre, plural, responsable y protegido, capaz de contribuir a la reconstrucción de la confianza ciudadana y al fortalecimiento institucional”, indica el texto.
El pronunciamiento también llama la atención sobre los riesgos derivados de la desinformación y la lógica del tráfico digital.
“Cuando los titulares se diseñan para provocar clics antes que para informar, se contribuye al descrédito del periodismo y se favorece a los autoritarismos que acusan falsamente a los medios de mentir”, advierte.
Finalmente, las organizaciones de prensa convocaron al nuevo gobierno, a la Asamblea Legislativa y a la sociedad civil a promover un diálogo nacional sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, con el objetivo de consolidar un marco de garantías que proteja tanto a quienes ejercen el periodismo como a los ciudadanos que tienen derecho a estar informados.
BD/RPU
