La Ministra de Justicia pidió a la administración judicial no dejar un precedente nefasto para las víctimas de Senkata y Sacaba porque el Estado boliviano está obligado a atender compromisos y recomendaciones internacionales
Brújula Digital|14|09|25|
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, pidió a la Justicia no dejar un precedente nefasto y de impunidad para las víctimas de Senkata y Sacaba, debido a que el Estado boliviano está obligado a atender los compromisos y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos,
“Hablamos de vidas humanas y creemos que es importante no dejar precedentes nefastos dentro de nuestra historia y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir”, sostuvo Saravia, según un reporte de la agencia estatal ABI.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos advirtieron el viernes sobre un riesgo de retroceso e impunidad tras la anulación de los juicios ordinarios de los casos Senkata y Sacaba, abiertos por la muerte de más de 30 personas en protestas en 2019.
“La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, se lee en un documento público emitido por la comisión interamericana.
En pasadas semanas, tribunales ordinarios anularon los actuados de ambos casos, en los que se procesaba a la expresidenta Jeanine Añez y exautoridades policiales y militares por la muerte de unas 20 personas en represiones a movilizaciones de protesta de grupos evistas, tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia, luego de ser acusado de promover un fraude electoral en los comicios de octubre de 2019.
“Hay que entender que estos informes y las recomendaciones no se hacen a uno de los órganos del Estado, sino al Estado boliviano. Es por eso que, por ejemplo, el informe de la CIDH establece que debe existir la voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que se generen los procesos necesarios y se haga justicia. Es decir, que las víctimas puedan obtener justicia”, declaró Saravia a medios estatales.
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