La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas advirtieron el riesgo de retroceso e impunidad tras la anulación de los juicios ordinarios de los casos Senkata y Sacaba
Brújula Digital|12|09|25|
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos advirtieron este viernes el riesgo de retroceso e impunidad tras la anulación de los juicios ordinarios de los casos Senkata y Sacaba, abiertos por la muerte de unas 20 personas en protestas en 2019.
“La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, se lee en un documento público emitido por la comisión interamericana.
En pasadas semanas, tribunales ordinarios anularon los actuados de ambos casos, en los que se procesaba a la expresidenta Jeanine Añez y exautoridades policiales y militares por la muerte de unas 20 personas en represiones a movilizaciones de protesta de grupos evistas, tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia, luego de ser acusado de promover un fraude electoral en los comicios de octubre de 2019.
La ministra de Justicia, Jésica Saravia, resaltó que el pronunciamiento de ambas instancias internacionales expresa también su preocupación por la reciente decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, del 9 de septiembre de 2025, que ratificó la Resolución 211 de 2025 de 25 de agosto de 2025, que ratificó la anulación de obrados en el caso Senkata y la remisión de antecedentes a la Fiscalía General del Estado, para la demanda de un juicio de responsabilidades en contra de Añez.
La CIDH y ONU Derechos Humanos sostienen que “esta situación compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supone una revictimización de las personas afectadas”.
Además, señalaron que las determinaciones judiciales evidencian un serio obstáculo al deber del Estado de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
BD/JJC
