Revilla, que se encuentra en el exilio, recordó que tras el fraude electoral de 2019 y la posterior renuncia de Evo Morales, “el MAS decidió tomar venganza y represalias contra los opositores al régimen”.
Brújula Digital|01|09|25|
El exalcalde de La Paz, Luis Revilla, afirmó en una carta abierta que los procesos judiciales en su contra responden a una persecución política impulsada por el MAS y aseguró que su deseo es regresar a Bolivia “con sus derechos constitucionales plenamente garantizados”.
Con el cambio político establecido en el país tras las elecciones del 17 de agosto pasado, la justicia empezó a tomar medidas para la liberación de los presos políticos y el presidente del TSJ, Romer Saucedo, hizo un llamado a los bolivianos que están en el exilio y que son presas de “persecución judicial”.
Revilla, que se encuentra en el exilio, recordó que tras el fraude electoral de 2019 y la posterior renuncia de Evo Morales, “el MAS decidió tomar venganza y represalias contra los opositores al régimen”.
Entre esas medidas –según señaló– se reactivaron acusaciones por presunto sobreprecio en la compra de los buses PumaKatari en 2013, pese a que “el propio Viceministerio de Transparencia del MAS, en 2016, descartó cualquier irregularidad o daño económico”.
El exalcalde denunció que la acusación en su contra siempre fue un objetivo político. “Estaba claro que la decisión era encarcelarme, afectar mi libertad e incluso mi integridad personal en prisión”, escribió, al recordar que su declaración fue suspendida en tres ocasiones antes de emitirse una orden de aprehensión en su contra. Allí es cuando partió al exterior con su familia.
Explicó que su salida del país se precipitó al enterarse de que Evo Morales preguntaba insistentemente a ministros de Luis Arce “¿por qué Revilla no está preso?”. Frente a ello, aseguró: “Nos fuimos para preservar nuestra libertad, nuestra integridad y nuestra familia, frente a quienes solo pretendían venganza”.
Revilla también denunció hostigamiento contra sus familiares: “Mi suegra fue detenida ilegalmente, sin haber sido notificada previamente de ningún proceso”, y relató que su hija de 18 años fue citada con el fin de presionarla e intentar averiguar su paradero. “Todo fue hecho para intimidar, afectar nuestro ánimo y destruirnos en lo familiar y emocional. No lo consiguieron”, enfatizó.
El exalcalde cuestionó además que, pese a las múltiples acusaciones en su contra, “ninguno de los casos armados tiene sustento. Todos son solo denuncias sin pruebas; ninguno ha llegado a juicio y, después de años, todos siguen en la etapa de investigación”. Incluso aseguró que personas allegadas al oficialismo le ofrecieron resolver los procesos a cambio de dinero, pero aclaró: “Somos inocentes, no tenemos dinero mal habido y no estamos dispuestos a pagar por nuestra verdad”.
Finalmente, expresó confianza en que el nuevo Fiscal General y las autoridades judiciales elegidas por el voto popular puedan devolver credibilidad al sistema judicial boliviano. “Quiero volver al país junto a mi familia, con mis derechos constitucionales plenamente garantizados, como corresponde a cualquier ciudadano boliviano”, concluyó.
BD/RPU
