Esta mañana, a las 08:45, se reinstaló la audiencia en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz luego que ayer en las tarde también se declaró un cuarto intermedio. En esta se revisará la detención preventiva del gobernador y el excívico.
Brújula Digital|26|08|25|
El juez a cargo del caso “Golpe I” volvió a determinar un cuarto intermedio en la audiencia de revisión de detención preventiva del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del excívico potosino Marco Antonio Pumar. La postergación es hasta las 14:00 de este martes.
Esta mañana, a las 08:45, se reinstaló la audiencia en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz luego que ayer en las tarde también se declaró un cuarto intermedio.
La audiencia fue convocada tras un instructivo emitido el viernes por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, que ordenó a los tribunales departamentales revisar los plazos procesales de la detención preventiva de Camacho, Pumari y de la expresidenta Jeanine Áñez.
Según la defensa de Pumari y Camacho, se cumplieron con todos los plazos procesales en el caso, no existirían motivos para mantener la medida cautelar y ambos acusados deberían poder defenderse en libertad.
La mañana de este martes, Camacho llegó a las 07:30 desde el penal de Chonchocoro hasta el TDJ para la audiencia, mientras que Pumari, quien pasó la noche en el penal de San Pedro, fue trasladado antes de las 08:00.
La audiencia se suspendió el lunes, luego de que la defensa de los procesados presentara un recurso de revisión de riesgos procesales.
Este lunes, el abogado de Pumari, Diego Gutiérrez, explicó que el juez dictó cuarto intermedio porque debe analizar y pronunciarse sobre el recurso, a fin de establecer si persisten o no los riesgos procesales que justifiquen la detención preventiva de ambos acusados.
El caso “Golpe I”, iniciado por una demanda de la exdiputada masista Lidia Patty, acusa a Camacho y Pumari, entre otras personas, de haber cometido los delitos de terrorismo, cohecho activo y uso indebido de bienes del Estado durante la crisis de noviembre de 2019, derivada de las denuncias de fraude de las elecciones y la renuncia y huida del expresidente Evo Morales.
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