El derrumbe electoral del MAS (3,1% de votos) debilitó su presión sobre la Justicia, lo que abrió la posibilidad de liberar a presos políticos emblemáticos como Áñez, Camacho y Pumari. La revisión de estos casos refleja tanto un cálculo político de los jueces como una respuesta al mandato popular
Brújula Digital|25|08|25|
Raúl Peñaranda U.
La sorpresiva reconfiguración política tras las elecciones en Bolivia, en las que el 87% votó por partidos contrarios o críticos del MAS, abrió paso a una rápida flexibilización de la Justicia para la posible liberación de presos políticos.
La situación muestra el pragmatismo de los jueces y, al mismo tiempo, su dependencia del poder político. Con un gobierno saliente y un MAS reducido a apenas 3,1% de los votos, la presión oficial sobre los tribunales prácticamente se evaporó, lo que abrió el camino para revisar casos emblemáticos de detención preventiva. Todas las facciones masistas lograron 13% de los votos y hubo 19% de voto nulo.
El viernes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyó la revisión inmediata de los plazos procesales vencidos en estos tres casos. Aunque la expresidente Jeanine Áñez fue excluida de la acusación de “golpe de Estado”, sigue detenida por otros juicios y deberá asistir esta semana a una audiencia vinculada a los hechos de Senkata. Su defensa sostiene que los procesos en su contra vulneraron el juicio de responsabilidades que le correspondía.
En el país existen entre 200 y 300 detenidos que pueden ser considerados “presos políticos”, en el sentido que “se evidencian irregularidades como falta de pruebas sólidas, procesos sin garantías, detenciones preventivas prolongadas, juicios en tribunales no competentes o presiones a jueces y fiscales”.
Los tres principales de ellos son Añez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exdirigente cívico de Potosí, Marco Pumari. Los tres fueron acusados por el gobierno saliente del MAS como una vendetta por haber sido actores importantes en la renuncia y posterior fuga de Evo Morales.
Para demostrarle al resto del mundo que Morales no había caído por efecto de protestas populares, cosa que lo avergonzaba por ser un supuesto “líder de los humildes”, el MAS inventó, en coordinación con periodistas, intelectuales y políticos de Bolivia y otros países, la idea de que perdió el poder “debido a un golpe de Estado”. La narrativa fue tan fuerte que incluso medios de la talla de El País de España o los estadounidenses Washington Post y New York Times la aceptaron.
Pero como eran acusaciones políticas, es también política la solución: tras las elecciones, la justicia empezó a moverse, en dos sentidos: 1) ya no tiene el poder del MAS en sus espaldas y ha logrado algo de independencia, por lo que puede pedir la recisión de los casos; 2) mostrar estas decisiones le hace coincidir con el deseo de cualquiera de los dos candidatos que ganen la segunda vuelta, Rodrigo Paz y Tuto Quiroga.
Paz afirmó que “el TSJ escuchó el mensaje del pueblo boliviano” y pidió luchar contra la retardación de justicia. Samuel Doria Medina señaló que la liberación de los líderes “será un acto de reparación de una injusticia y un símbolo de que el cambio ha llegado”.
Todo indicaba que en Bolivia la liberación de esos presos se empezaría a dar tras el cambio de gobierno, en noviembre próximo, mediante sistemas como amnistías o anulación de procesos, pero el resultado ha sido tan demoledor contra el gobierno y las facciones masistas, que el proceso se ha acelerado.
El resto de los presos políticos sin duda se beneficiará también con la resolución del TSJ y seguramente empezarán a ser liberados en las próximas semanas o meses.
En este nuevo contexto, Camacho y Pumari asisten este lunes a una audiencia en La Paz donde se revisarán los plazos de su detención preventiva. Diversos actores políticos y judiciales consideran que ambos podrían recuperar su libertad tras años de reclusión por las acusaciones del gobierno de Luis Arce sobre el “golpe de Estado” inventado.
La expectativa es alta entre familiares, amigos y opositores, que ven en esta audiencia un hito simbólico de la nueva etapa política. Sin embargo, la medida también despertó críticas por no abarcar a todos los detenidos preventivos del país.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, el defensor del Pueblo Pedro Callisaya y la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, coincidieron en que la revisión de plazos debe aplicarse de forma universal, y no limitarse a Camacho, Pumari y Áñez, informó este lunes el portal Sumando Voces.
El debate sobre un trato desigual se basa en las cifras. Rodríguez recordó que más de 20.000 personas en Bolivia guardan detención preventiva, lo que convierte a esta medida, que debía ser excepcional en la justicia, en la regla. Callisaya precisó que, a junio de 2025, el 58,2% de los 33.275 privados de libertad en el país está en esa condición. “Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético”, escribió en redes sociales.
Mientras tanto, Arraya aseguró que la decisión del TSJ es “política” y que se prueba porque llega después y no antes de las elecciones.
Desde la cárcel, Pumari respondió indignado al Defensor del Pueblo: “Son más de 3 años y 8 meses de mi secuestro por parte del masismo. ¿En qué momento reclamaron o denunciaron estas ilegalidades?”.
Camacho está preso en Chonchocoro desde diciembre de 2022; Pumari, desde diciembre de 2021; y Áñez desde marzo de 2021. Para asistir a la audiencia, Pumari fue trasladado desde Potosí y al ingresar a la cárcel de San Pedro arengó con un “¡viva Bolivia!”.
Pero la decisión también generó malestar dentro de las cárceles. En San Pedro y otras cárceles del país, los internos se declararon en emergencia y protestaron exigiendo trato igualitario. “¡Igual de derechos, igual de derechos!”, gritaron en el patio, acusando al sistema de favorecer solo a los detenidos políticos.
El cambio en la correlación de fuerzas políticas no solo anticipa la liberación de figuras opositoras emblemáticas, sino que también abre un debate mayor sobre la aplicación de la detención preventiva en Bolivia y la urgencia de una reforma judicial que alcance a todos.
BD/RPU
