El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que al primer semestre de 2025 el 58,2% de las 33.274 personas privadas de libertad en el país se encuentran con detención preventiva, a la espera de que sus procesos sean revisados dentro de los plazos legales.
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El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que al primer semestre de 2025 el 58,2% de las 33.274 personas privadas de libertad en el país se encuentran con detención preventiva, a la espera de que sus procesos sean revisados dentro de los plazos legales.
“Los detenidos preventivos también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”, señala la autoridad defensorial.
“Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”, expresó Callisaya a través de una publicación en redes sociales, en la que alertó sobre el uso excesivo de esta medida judicial.
El dato coincide con el instructivo 18/2025 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordena a los tribunales departamentales verificar en un plazo de 24 horas el cumplimiento de los plazos procesales de detención preventiva en tres casos específicos. Bajo ese contexto, el Defensor remarcó que la disposición debe aplicarse sin discriminación y de manera igualitaria a todas las personas privadas de libertad.
Callisaya recordó que la detención preventiva es una medida de carácter excepcional y que convertirla en una práctica generalizada no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también incrementa los niveles de hacinamiento en las cárceles, generando riesgos de malos tratos y condiciones degradantes.
BD/RED
