La decisión del TSJ de ordenar la revisión de los plazos de detención preventiva de Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez y Marco Antonio Pumari causó esperanza de sus familiares, denuncias sobre corrupción y de persecución política.
Brújula Digital |22|08|25|
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ordenar la revisión de los plazos de detención preventiva de Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez y Marco Antonio Pumari causó esperanza de sus familiares, denuncias sobre corrupción y de persecución política.
El instructivo dispone que los tribunales departamentales verifiquen en un plazo de 24 horas si las detenciones preventivas de las tres figuras opositoras excedieron los tiempos legales, fijados por la normativa boliviana en un máximo de seis meses.
La defensa de Camacho pide libertad irrestricta
Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, confirmó que la audiencia de revisión será el lunes en La Paz y aseguró que “ya no existe ningún riesgo procesal”, por lo que correspondería la libertad irrestricta. El jurista recordó que su defendido lleva dos años y ocho meses en prisión preventiva, superando ampliamente los seis meses permitidos por ley.
La esposa del gobernador electo, Fátima Jordán, expresó optimismo ante la posibilidad de que su marido abandone Chonchocoro: “Estamos agradecidos con Dios, confiados en que esta será la última vez que entremos a esa cárcel. La justicia divina llega en su tiempo”.
Áñez: “No es un triunfo, es una reparación”
La expresidenta Jeanine Áñez también reaccionó desde sus redes sociales. Consideró que el fallo no constituye una victoria política, sino una reparación de derechos vulnerados: “No es un regalo, es un derecho que, aunque llega tarde, lo recibo con júbilo y fe en que la justicia ahora da esperanza a los bolivianos”.
Su abogado, Luis Guillén, recordó que Áñez enfrenta nueve procesos abiertos desde su detención en 2021, en los que sistemáticamente se le dictó detención preventiva.
Pumari denuncia corrupción judicial
Por su parte, Marco Antonio Pumari, detenido desde hace tres años y medio, sostuvo que el caso refleja cómo “jueces, fiscales y abogados lucran con el dolor de las familias”. Su defensa pedirá la “libertad pura y simple”, ya que, según el abogado Diego Gutiérrez, su cliente superó con creces los 18 meses establecidos para delitos graves.
Comité cívico exige que la justicia alcance a todos
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, valoró la instrucción del TSJ, pero pidió que la revisión no se limite a los casos más mediáticos: “La justicia debe llegar a todos los perseguidos y presos políticos. No es un favor, es una obligación legal”. Además, demandó que los fiscales y jueces responsables de las detenciones arbitrarias también sean sometidos al debido proceso.
Un fallo que puede marcar un precedente
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, instruyó que la verificación de los plazos se realice incluso de oficio y con carácter inmediato. De confirmarse la vulneración de plazos, los tres acusados podrían obtener su libertad en los próximos días, lo que marcaría un precedente en torno a la aplicación de la detención preventiva en Bolivia, cuestionada por organismos nacionales e internacionales.
BD/RED
