Este domingo, los bolivianos decidirán más que un presidente; decidirán si condenan a sus hijos a seguir cosechando los frutos de un modelo fallido o si, de una vez por todas, se atreven a sembrar un futuro diferente.
Brújula Digital|15|08|25|
Mauricio Alzérreca
En vísperas de un ciclo electoral que definirá el futuro de Bolivia, la nación se encuentra sumida en una profunda crisis que excede lo económico y se enquista en el corazón de su desarrollo: la educación. Tras casi dos décadas de un modelo educativo sobreideologizado, los resultados educativos son innegables y alarmantes.
Se espera que las próximas elecciones de este domingo traigan un cambio significativo de esperanza, con una visión y enfoque programático renovados.
La Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez (070) tuvo como objetivo establecer un nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo con el paradigma de un modelo de descolonización basado en los ejes de una educación participativa, inclusiva, productiva e, intracultural, intercultural y plurilingüe.
El pecado original de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, y la causa fundamental de su fracaso reside en su concepción: fue diseñada e implementada no en un crisol de debate democrático, sino desde las entrañas de un régimen político autoritario, populista y sobreideologizado. La supuesta participación de las comunidades indígenas fue, en la práctica, una instrumentalización para legitimar un proyecto político predefinido, no para construir un paradigma educativo genuino.
Aquí yace la contradicción insalvable: la descolonización, como principio filosófico, exige la liberación del pensamiento, la autonomía y el diálogo democrático. Un modelo educativo impuesto de manera vertical por un poder autoritario no puede, por definición, ser "descolonizador"; solo puede reemplazar una hegemonía ideológica por otra. Por tanto, la ley nació condenada a traicionar su propio postulado, sin ninguna posibilidad real de éxito, pues la libertad no se impone, se ejerce, y una educación participativa no puede florecer bajo la sombra del autoritarismo.
Las conclusiones de un estudio que el propio Ministerio de Educación elaboró en 2018 sobre los avances de la Ley 070 'Avelino Siñani - Elizardo Pérez' son tan reveladoras como decepcionantes, pero en absoluto sorprendentes. Más que una evaluación, el informe se lee como el acta del fracaso de un modelo que ya mostraba signos inequívocos de fracaso sistémico.
Un Estudio Cualitativo en 150 Unidades Educativas de 2018 realizado por el propio aparato estatal, cuyo objetivo era medir los avances de su ley estrella de educación, irónicamente, muestra el fracaso de sus propias promesas.
El informe, lejos de celebrar el éxito de la "educación descolonizadora", revela una parálisis sistémica con un estancamiento generalizado. La conclusión más devastadora es que, tras ocho años de vigencia de la ley, dos tercios (65%) de las escuelas evaluadas presentaban un "avance inicial" o "sin avance" en el objetivo central de la educación descolonizadora.
El informe es categórico, especialmente en el eje de educación inclusiva que es el que menos avance tiene. Un abrumador 82% de las escuelas no había logrado progresos significativos. La retórica de la inclusión se quedó en el papel, sin lograr atender a las personas con desventaja educativa, social o física. El modelo falló precisamente a los más vulnerables.
Aunque el estudio muestra tímidos avances en participación comunitaria y enseñanza de derechos, estos son notablemente superiores a los avances en educación productiva. Se fortaleció una burocracia participativa, pero se fracasó en conectar la escuela con el trabajo, la innovación y las habilidades prácticas que el siglo XXI demanda.
El informe admite que factores como una cultura de la fiscalización en el altiplano la falta de preparación docente en lenguas originarias y la dificultad para coordinar con instituciones externas limitaban el avance. En otras palabras, el propio diseño sociocomunitario y centralista generó obstáculos insalvables, es decir, es un modelo que genera sus propias barreras.
Este documento es la prueba, de que el modelo educativo del MAS se agotó en su propia retórica, creando un sistema burocratizado, desconectado del mundo productivo y con pésimos resultados de aprendizaje.
Frente a este diagnóstico, la propuesta de la oposición no debe plantear una simple reforma, sino un cambio fundamental de enfoque. Abandonando la jerga ideológica para centrarse en principios de política pública moderna que busque la calidad, evidencia, eficiencia y pertinencia.
Mientras la Ley 070 se obsesiona con la descolonización, las nuevas propuestas se deben enfocar en desarrollar estándares claros y evaluaciones periódicas, para la adquisición de destrezas sólidas en lectura, escritura y matemáticas. El objetivo ya no es adoctrinar, sino capacitar, dejar atrás la ideología y enfocarse más en las competencias.
El centralismo burocrático del Ministerio tiene que ser desafiado con una propuesta de descentralización, autonomía y participación social. Esto implica potenciar a los directores escolares, usar el Sistema de Información Educativa (SIE) para tomar decisiones basadas en datos y devolver el poder de decisión a las regiones y municipios.
El fracaso de la educación productiva se aborda con un nuevo marco de gobernanza para la educación técnica, que incluye un diálogo con la industria y los gremios para definir perfiles de egreso que respondan a la demanda laboral real.
Bolivia no se enfrenta a una elección entre dos modelos educativos funcionales, sino entre perpetuar un fracaso evidenciado o apostar por un rescate urgente. El modelo de la Ley 070, nacido de la soberbia ideológica, ha dejado a una generación de bolivianos sin las herramientas para competir, crear y prosperar.
Las propuestas educativas deben representar un giro hacia la racionalidad, la evidencia y, sobre todo, el respeto por el futuro de los estudiantes, entendiendo que la verdadera descolonización no es un discurso, sino la capacidad de un joven para leer críticamente, programar una aplicación, iniciar un negocio o dialogar con el mundo en sus propios términos.
Este domingo, los bolivianos decidirán más que un presidente; decidirán si condenan a sus hijos a seguir cosechando los frutos de un modelo fallido o si, de una vez por todas, se atreven a sembrar un futuro diferente.
Mauricio Alzérreca Medrano es analista de políticas públicas.
