Brújula Digital presenta una nueva entrega del Plan Bicentenario de la Fundación Milenio 2025, una propuesta integral para enfrentar la crisis económica, social y política de Bolivia, con motivo de los 200 años de su independencia.
Brújula Digital|04|08|25|
Fundación Milenio
Según datos del BID (2019) , el potencial en energía solar de Bolivia se estima en 1.931 GW, lo que ubica al país en el puesto número 5 de Latinoamérica; en tanto que en energía eólica el potencial alcanza a 111,6 GW; número 7 de la región. Estos datos ilustran el potencial de generación eléctrica de fuentes renovables de nuestro país -hasta aquí muy poco aprovechado-. Tomando como referencia el Plan de Transición Energética de Bolivia (elaborado por especialistas nacionales), una política de diversificación de la matriz energética debe considerar cuestiones, como las siguientes.
a) En la generación convencional al 2025, se estima la posibilidad de incorporar 495 MW de origen hidroeléctrico, además de 137 MW de fuentes no convencionales; todas estas incorporaciones corresponderían a proyectos en distintas fases de desarrollo.
b) Los proyectos identificados y estudiados de energías renovables, con posibilidad de ejecutarse en un quinquenio, totalizan aproximadamente 122 MW. En un período más largo (del 2028 al 2040), en un contexto de crecimiento económico moderado, podrían incorporarse alrededor de 2.800 MG hidroeléctricos y 514 MW de energías renovables.
c) También existen diversos proyectos orientados al autoconsumo, algunos de ellos con ayuda internacional. Así, por ejemplo, proyectos de micro generación en baja tensión (desde 10kW hasta 50kW), y otros de minigeneración hasta 500kW.
d) La eventual modificación del precio del gas natural para la generación eléctrica, como efecto de la eliminación (total o parcial) del subsidio, es una medida que tendría un impacto favorable en la ejecución de varios proyectos hidroeléctricos y otros de energía no convencional. En la medida en que se incremente la generación eléctrica basada en energías renovables se tendría que considerar adelantar el cierre de los ciclos abiertos de las unidades de generación termoeléctrica.
e) Bajo la premisa de que un país es más eficiente cuando logra usar el mayor porcentaje de su energía producida, una política de eficiencia energética conlleva. i) Dar prioridad al despacho diurno de las energías renovables no convencionales en el Sistema Interconectado Nacional; ii) Utilizar la energía de dichas plantas para industrias que operan durante el día o para calentar agua que puede usarse de noche evitando las heladas y mejorando las cosechas; iii) Invertir en sistemas de almacenamiento de energía y convertir la energía excedentaria (en ciertas horas) en otras modalidades de energía fácilmente recuperables; iv) potencialmente, almacenar energía de otras fuentes alternativas como el hidrógeno verde; v) introducir sistemas inteligentes para controlar y direccionar la energía producida desde diversas fuentes, y en diferentes horas, en función del consumo y la capacidad de almacenaje.
Oportunidades de inversiones
El desafío de la transición energética implica movilizar inversiones de varios actores. empresas nacionales y extranjeras, sector público y sector privado, personas particulares y colectivos sociales; unos y otros, con modelos de negocios ajustados a sus necesidades y posibilidades, y según las características de los proyectos energéticos.
- En el sector de las empresas son conocidos los modelos de negocios comercial, de servicios y de producción. Sobre todo, en este último caso, la escala de las inversiones suele ser considerable, a la par del riesgo económico. Lo que es indiscutible es que Bolivia necesita atraer inversión privada nacional y extranjera; esto, sin perjuicio de la naturaleza modular de las plantas, especialmente de energía solar, que permite acometer inversiones sucesivas.
- En cuanto a nuevas centrales hidroeléctricas, y considerando el impacto ambiental en la construcción de grandes represas, la opción lógica es un modelo de negocio de pequeñas y medianas plantas (entre 10 MW y 300 MW) y de uso múltiple. energía, riego y agua potable.
- Las plantas industriales de generación eléctrica, además de fuertes inversiones, requieren de estudios para cada caso, tiempos de aprobación largos, incluso negociaciones con las comunidades rurales que pueden ser complicadas. Frente a ello, los proyectos de energía solar -la de mayor potencialidad en Bolivia- tienen la ventaja de una escala de inversiones más amplia en la instalación de plantas fotovoltaicas (desde miles hasta cientos de millones de dólares), de estudios técnicos más sencillos, tiempos menores de implementación y cercanía a las líneas de trasmisión. Inclusive la posibilidad de instalar plantas termosolares, que convierten energía solar en calor y acumulan energía para devolverla como electricidad a cualquier hora.
- También es plausible apostar por un modelo de negocio que involucra la participación de las comunidades campesinas y rurales, en emprendimientos de carácter social o mixtos, con la participación de actores privados, y con fines tanto lucrativos como de desarrollo social.
En suma, si se dan las condiciones políticas y legales apropiadas, la transición energética bien puede crear oportunidades de inversiones para multiplicar las fuentes de energía -sobre todo las energías renovables y limpias-, y consiguientemente generar empleos verdes. En esa perspectiva, se debe tomar en cuenta la existencia de financiamientos internacionales para inversiones en energías renovables. Es el caso, por ejemplo, de los denominados bonos verde o “finanzas verdes”. Bolivia puede y debe recurrir a estos financiamientos.
Marco normativo y regulatorio
En el sector de electricidad, la normativa vigente es la Ley de Electricidad de 21 de diciembre de 1994 y sus normas reglamentarias. La cuestión es que esta ley, luego de tres décadas de vigencia, ha quedado obsoleta en muchos aspectos. De hecho, la desintegración vertical en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), que prevé esta norma, para que las empresas operen de forma independiente en las actividades de generación, transmisión y distribución, logrando eficiencia y eficacia económica y administrativa, hace tiempo que no se cumple. En su lugar se ha impuesto una integración vertical monopólica de parte de ENDE, que limita la competencia, así como la eficiencia en el funcionamiento del sistema.
Con relación a las energías renovables, la Ley de Electricidad norma únicamente aspectos referidos a la generación hídrica, dejando de lado otras cuestiones sustantivas. Y si bien deja abierta la posibilidad de otros tipos de generación con energías renovables, lo cierto es que ni la generación eólica o fotovoltaica cuentan con reglamentación específica. Tampoco aborda el papel de las nuevas tecnologías, los servicios complementarios como almacenaje, la generación distribuida o de los vehículos eléctricos. Es evidente el vació normativo que frena el cambio de la matriz energética.
De ahí la necesidad de actualizar la Ley de Electricidad y sus reglamentos, a fin de que el país cuente con una legislación moderna y eficaz para regular todo lo relacionado a la electricidad, incluyendo las energías renovables y la electromovilidad. Incluyendo una normativa para facilitar las concesiones de aprovechamiento hídrico no consuntivo.
Un elemento clave de la reforma del sector eléctrico es fomentar y proteger la inversión privada nacional y extranjera, brindando garantías de seguridad jurídica, tributación competitiva, acceso a financiamiento, regulaciones para un mercado competitivo y eficiente que beneficie a los consumidores. Se debe contar, asimismo, con un regulador sectorial independiente, imparcial y altamente profesional, en sustitución de la politizada, burocrática e incompetente Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Energía Nuclear.
Electrificación del transporte
El transporte, siendo el mayor consumidor de gasolina y diésel oíl, concentra buena parte de los problemas y desafíos energéticos. En los últimos años ha aumentado el consumo de GNV y del etanol obtenido de la caña de azúcar como aditivo a la gasolina base. También han irrumpido los primeros autos eléctricos en las ciudades. La oferta de combustibles para el transporte parece encaminarse a la diversificación, pero muy lentamente, mientras prosigue la fuerte dependencia de los combustibles fósiles. En ese sentido, no hay duda de que la solución estructural es la electrificación del transporte, tanto por razones ambientales y de salud, como por la menor disponibilidad de hidrocarburos y combustibles fósiles. Ahora bien, la transformación del transporte puede acelerarse si se toman las medidas adecuadas y se ponen en práctica los incentivos correctos. Entre las acciones para impulsar este proceso, mencionamos las siguientes.
a) Importación exclusiva de vehículos eléctricos. Se establecerá un periodo de dos años, en el que únicamente se podrán importar vehículos eléctricos, con arancelo cero, prohibiéndose la importación de vehículos a gasolina y diésel (incluso motocicletas) con cilindrada menor a 2500cc.
b) Un vasto programa de promoción de la electromovilidad en reemplazo de los motorizados a gasolina y diésel, con facilidades para la importación de vehículos eléctricos, créditos bancarios, seguros con primas asequibles, registros municipales por potencia y no por cilindrada, etc. Una normativa del sistema financiero debería alentar la entrega de autos usados como primera cuota en un contrato crediticio, con la idea de que los carros usados se comercialicen en ciudades más pequeñas y áreas rurales con un medio ambiente más saludable y con un consumo reducido.
b) Inversiones en infraestructura. Promoción de inversiones tanto para la carga rápida de autos eléctricos en lugares estratégicos de las ciudades y de carreteras (por ejemplo, estacionamientos, cafeterías y restaurantes), como para el mantenimiento de los vehículos.
La Iniciativa Global Gateway de la Unión Europea podría ser una fuente relevante para la financiación de este proyecto, y también del programa de importación de vehículos eléctricos.
c) Instalaciones domiciliarias. Adecuación de las instalaciones domiciliarias para la carga rápida y eficiente de los autos eléctricos (corriente trifásica, paneles solares en los techos y ventanas, acumuladores de carga, etc.)
d) Rol promotor del sector público. El sector público debe ser la punta de lanza en la electrificación del transporte, principalmente urbano. En la medida de lo posible, todo vehículo nuevo del Estado debería ser eléctrico.
A los gobiernos locales les toca planificar la introducción gradual del transporte urbano, creando un mercado abierto y dinámico con varios combustibles compitiendo y complementándose, de modo que se facilite y se favorezca el consumo energético más eficiente y preferido por la gente.
Otras alternativas para el transporte
Gas natural vehicular
Un puente a la electromovilidad es la conversión de motores a gasolina o diésel a Gas Natural Vehicular (GNV). El GNV es un combustible barato, de fácil acceso y menos contaminante. Sin embargo, este proceso de conversión ha avanzado a paso muy lento. Actualmente, el número de vehículos con GNV se estima en 200.000 unidades, tan solo un 8.1% de todo el parque automotor, estimado en 2.6 millones (datos del INE). El escaso progreso se explica mucho por la falta de una política de gobierno que promueva el uso de dicho combustible. De haberlo hecho, la presión sobre la importación y suministro de combustibles líquidos probablemente sería menor. El programa de conversión a GNV del Ministerio de Hidrocarburos tienen muchas deficiencias.
Hay que subrayar que el consumo incrementado de GNV no pone en riesgo los volúmenes disponibles de gas para exportación. Dependiendo del número de vehículos reconvertidos, el GNV podría consumir entre 1 y 2 millones de m3/día de gas natural, que es una cantidad ínfima respecto de toda la producción de gas natural (36 millones de m3/día, en 2023, MHE). Notoriamente, el GNV está subutilizado. Lo que hoy en día se requiere es un programa mucho más ambicioso de incentivos a la instalación de talleres de reconversión de motores y equipos en distintas ciudades y localidades. Ayudaría, también, promover el uso de váucher de pago por consumo de GNV; la simplificación de los trámites de registro de vehículos a GNV en alcaldías y Tránsito.
Biocombustibles
El uso de combustibles producidos a base de caña, soya, palmas y otros vegetales, es otra alternativa para diversificar la energía para el transporte. Es el caso del etanol anhidro, que en Bolivia se consume mezclado con gasolina, en una proporción de 8-12% alcohol y el resto gasolina. En 2024 la producción superó los 282 millones de litros. Esta producción ha supuesto la expansión de los cultivos de caña de azúcar de 7.2 millones de ton en 2018 a 9.2 millones de ton en 2024.
Menos éxito tiene hasta el momento la producción de biodiésel. YPFB ha instalado dos fábricas de conversión de aceite crudo de soya en biodiesel. La primera, en Palmasola, Santa Cruz, con capacidad de 1.500 barriles día, pero que todavía no opera comercialmente; la segunda, en Senkata, El Alto, pendiente de inaugurarse. Al respecto, se debe tomar en cuenta para para reemplazar un 10% de las importaciones de Diesel (conocido como B10), equivalente a 4.200 barriles por día, se tendría que producir aproximadamente 1.3 millones de barriles de biodiesel. Esto, a su vez, supondría cosechar alrededor de medio millón de hectáreas de soya o destinar el 40% de la superficie sembrada de soya, lo cual es altamente improbable. Es decir, que estamos muy lejos de poder reemplazar el diésel de origen fósil con biodiésel, en cantidades significativas.
Más allá de ello, la producción de biodiésel sigue siendo un proyecto muy controvertido en Bolivia por sus implicaciones ambientales, económicas y fiscales, así como por su incierta viabilidad técnica, industrial y financiera. Lo cual no implica desechar esta alternativa. Sobre todo, porque el potencial de producción de este combustible existe. Además de soya, en Bolivia hay zonas que pueden ser aptas para la producción de aceites, a partir de la jathropa (piñon), el macororo, la palma aceitera, o bien de palmeras como motacú, totaí, cusi u otras. Esta clase de aceites abren oportunidades productivas y de creación de empleo. Ahora bien, para desarrollar este potencial, ligado a la producción de biodiésel, hace falta mucha investigación y generación de conocimiento, particularmente para el caso de plantaciones de palma aceitera (con el hibrido O/E), que tan buenos resultados ha dado en países como Colombia y otros.
Hidrogeno Verde (H2V)
Para muchos, el hidrógeno verde es el pivote de la energía del futuro. En el mundo crece el número de países embarcados en proyectos energéticos con hidrógeno verde, incluso en Sudamérica.
El H2V tiene la capacidad de reemplazar al gas natural, sea de forma total o parcialmente en mezclas variables de hidrógeno verde/gas natural. Según algunos estudios iniciales, Bolivia tiene la posibilidad de desarrollar esta energía, mezclada con gas en porcentajes que podrían ir desde un 5%, hasta llegar a un 50%, en 10 años. De hecho, esta es la proyección que realiza el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Sin embargo, también en este campo se requiere de mucha más información, estudios avanzados e iniciativas empresariales, para saber a ciencia cierta el potencial de producción de hidrógeno verde en Bolivia, las inversiones que serían necesarias -eventualmente considerables- y el tipo de políticas que haría falta para promover esta industria. Con todo, no deja de ser promisoria la posibilidad de sustituir parte o la totalidad del gas requerido para la generación termoeléctrica por hidrógeno verde. También está la perspectiva de usar hidrógeno verde en cierto tipo de vehículos con celdas de combustible.
Todo un desafío para un país con urgencia de diversificar su matriz energética, y de hallar soluciones creativas e innovadores, especialmente en el transporte.
Texto tomado del Plan Bicentenario, Fundación Milenio. Autores: Henry Oporto (coordinador), Alan Bojanic, Manuel Contreras, Rubén Ferrufino y Luis Carlos Jemio; colaboraciones de Armando Álvarez, Gerardo Garrett, María Machicado, Fernando Lavadenz, Julio Linares, Mauricio Medinaceli.
