Brújula Digital presenta una nueva entrega del Plan Bicentenario de la Fundación Milenio 2025, una propuesta integral para enfrentar la crisis económica, social y política de Bolivia, con motivo de los 200 años de su independencia.
Brújula Digital|01|08|25|
Fundación Milenio
La importancia del paradigma del desarrollo sostenible -también llamado desarrollo sustentable- es que establece un principio organizador para alcanzar los objetivos de desarrollo humano, al tiempo que se preserva la capacidad de los sistemas naturales para proporcionar recursos y servicios ecosistémicos esenciales para la economía y la sociedad.
Su objetivo principal es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Como es comúnmente aceptado, la noción de desarrollo sostenible abarca tres dimensiones interrelacionadas. económica, social y ambiental. En términos prácticos. Naciones Unidas ha resumido estas tres dimensiones en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En términos prácticos cabe asumir el paradigma del desarrollo sostenible como la búsqueda de equilibrio entre el crecimiento económico, la inclusión social y la conservación del medio ambiente, de manera que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a un trabajo digno, una atención sanitaria oportuna y una educación de calidad.
El uso racional y sostenible de los recursos naturales evita la contaminación y el deterioro permanente del medio ambiente. Por otro lado, la actividad económica, cuando se lleva a cabo con arreglo a los valores de sostenibilidad, crea nuevas oportunidades de empleo, desarrollo empresarial, innovación y transformación productiva que mejoran las condiciones de vida e impulsan el capital humano.
En ese marco, la sostenibilidad de la matriz energética puede definirse como un sistema de producción y consumo de energía que resuelve las necesidades presentes sin sacrificar el derecho de las generaciones futuras de acceder a recursos energéticos. Esto implica integrar fuentes renovables de energía, como la hidroeléctrica, solar, eólica y otras, en la producción primaria y secundaria, así como promover la eficiencia energética en el consumo.
Además, los proyectos energéticos deben ser financieramente sostenibles, y se debe promover la eficiencia económica y social, de manera que los costos de provisión energética sean razonables y no perjudiquen a las poblaciones más vulnerables.
También, es fundamental garantizar la seguridad energética, ya sea mediante una producción nacional suficiente y con costos razonables o a través de contratos con proveedores externos seguros y estables.
Finalmente, en la medida de lo posible, se debe fomentar la creación de empleos "verdes" asociados con la generación y desarrollo de energías renovables.
De ahí la importancia que adquiere para Bolivia la transición energética, entendida como el proceso de sustitución progresiva de combustibles fósiles por energías renovables y limpias. Y tanto más a la luz de la crisis de suministro de combustibles que sufre el país, y la necesidad evidente de acelerar el cambio de la matriz energética.
Pero Bolivia no solo experimenta los rigores de una crisis energética; también atraviesa un momento delicado de emergencia climática. Emergencia que se manifiesta en la intensidad de los incendios forestales y la deforestación acelerada de vastas zonas del país, con el consiguiente aumento de las emisiones de efecto invernadero, como también en la pérdida de biodiversidad, la contaminación urbana, la degradación de suelos agrícolas, la depredación ambiental y los daños a la salud provocados por actividades mineras informales, sobre todo en las explotaciones de oro, que escapan al control del Estado. Como resultado, el hábitat de los bolivianos se ve más comprometido, y la calidad de vida tiende a empeorar.
Transición energética
La energía es el alimento indispensable de la economía. El crecimiento económico está entrelazado con la producción y la seguridad energética. En el contexto de la preocupación mundial por los efectos del cambio climático, la relación crecimiento económico y seguridad energética en Bolivia debe darse limitando los impactos ambientales y aprovechando los recursos energéticos disponibles y con la mayor eficiencia posible.
Este postulado cobra más sentido por el hecho comprobado de que Bolivia está muy rezagada en la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables.
En efecto, la matriz energética del país continúa ampliamente dominada por energías de origen fósil; lo mismo en la producción que en el consumo. En 2023, el 91% de la energía primaria producida y el 67% de la energía secundaria correspondieron a combustibles fósiles.
En cuanto al consumo, estos recursos representaron el 79% del total . De otro lado, la mayor parte de la producción primaria de energía (gas natural) tiene como destino la exportación. En el mercado interno, el transporte es, con amplia diferencia, el sector que más energía consume, principalmente diésel y gasolina, productos éstos mayormente importados.
El rubro del transporte representa más del 80% del consumo total de derivados del petróleo.
Este patrón energético corrobora la fuerte dependencia de los combustibles fósiles en el modelo energético boliviano, en evidente agotamiento. También ha de considerarse la cuestión de los subsidios al consumo de combustibles, así como la participación de los tributos aplicados a la producción y consumo de dichos combustibles en los ingresos totales del Estado boliviano.
Política de subsidios a la energía
Medinaceli identifica varias categorías de subsidios en Bolivia.
1) La brecha de precios entre la importación de combustibles a precios internacionales y los precios de venta en el mercado interno por debajo de los valores internacionales y cuya diferencia es asumida por el Estado con un costo fiscal enorme.
2) El costo de oportunidad, que se origina porque el precio de venta del petróleo producido en Bolivia se halla por debajo de su oportunidad internacional.
3) Subsidio a los márgenes, que surge porque los márgenes de la cadena de valor (transporte, comercialización, almacenaje, etc.) insertos en la formación de precios domésticos, no han sido ajustados desde su creación.
4) Sacrificio fiscal del IVA, debido a que no se puede aplicar el impuesto al valor agregado a los precios de paridad de exportación ni a los márgenes actualizados.
5) Incentivo a la producción de hidrocarburos, que se entrega a los operadores, con base en los precios internacionales. Estos cinco subsidios representaron el 11% del PIB de 2022 (Medinaceli, 2025).
Importa subrayar que tales subsidios han significado un desincentivo a la producción de diésel, gasolina y GLP, al tiempo que estimulaban un consumo creciente. Adicionalmente, se han generado distorsiones en el mercado eléctrico. Así, el subsidio al costo de oportunidad en la producción de gas natural reduce artificialmente los costos de operación de las plantas termoeléctricas.
Todo ello ha supuesto levantar barreras a la producción y consumo de las energías renovables (hidráulica, solar, eólica, geotérmica), que, en las condiciones actuales, simplemente no pueden competir con los costos y precios más bajos de los combustibles fósiles y menos aún reemplazar a estas energías convencionales.
Ventana de oportunidad para las energías renovables
Pero la situación energética del país ha cambiado drásticamente. A la caída de los precios del petróleo, se añade la menguante producción de gas y, con ello, de las exportaciones -en parte también por menos demanda externa- y de los ingresos para el Estado, configurándose un escenario de crisis de suministro de energía, a la par de un déficit fiscal creciente.
Hasta el año 2022 los ingresos fiscales por los hidrocarburos fueron mayores que los subsidios a los combustibles. Sin embargo, desde 2023 el gasto es ya más alto que los ingresos obtenidos. Por lo demás, ello ocurre en un contexto de escasez de dólares en la economía boliviana, que limita la capacidad de YPFB de importar combustibles de forma regular y en volúmenes suficientes para la demanda doméstica.
Como consecuencia, soportamos una escasez de combustibles que tiende a ser crónica, lo cual interfiere la actividad económica y productiva, el funcionamiento del transporte y de otras esferas de la vida social.
Frente a este panorama de incertidumbre, es evidente que la eliminación de los subsidios a los combustibles -un proceso que en cierto modo ha comenzado con la autorización para la importación directa por parte de empresas privadas a precios del mercado externo, y también con la comercialización de variedades de gasolina a precios más altos- emerge no solo en una necesidad fiscal para equilibrar las cuentas públicas, sino también como un objetivo de política energética.
Se trata, por tanto, de un momento propicio para abordar dos grandes desafíos. la dependencia de los ingresos del sector de hidrocarburos y la persistencia de subsidios que obstruyen una transición energética sostenible.
Plan de transición energética
Las bases para un amplio consenso en torno a la necesidad y urgencia de acelerar la diversificación de la matriz energética están dadas. No se trata ya de una opción. Es una necesidad urgente por razones económicas, sociales y ambientales. De hecho, la alternativa de reducir gradualmente la subvención a los combustibles fósiles y de focalizarlos socialmente para proteger a los estratos más pobres, vulnerables y de menos ingresos, comienza a ganar espacio en la sociedad boliviana.
..Consecuentemente, si los bolivianos se deciden por ir en esta dirección, se habrá creado una condición fundamental para la transición energética. Sin embargo, ello no es suficiente. También debemos contar con una política energética integral, centrada en desarrollar una matriz energética diversificada, robusta y tendencialmente limpia, que, no cabe duda, es lo único que puede garantizar la seguridad energética del país en el largo plazo.
Los principales lineamientos de una política de transición energética se resumen en:
a) Sustitución progresiva de combustibles fósiles en la generación eléctrica por energías renovables.
b) Penetración gradual del consumo eléctrico en todos los nichos posibles y económicamente viables, y con el efecto de poder liberar más gas natural para exportación.
c) Garantía de precios competitivos para las energías renovables, suprimiendo trabas regulatorias y subsidios universales, pero manteniendo temporalmente los subsidios para los sectores vulnerables.
d) Promover proyectos de generación de energías renovables en las áreas y comunidades rurales, favoreciendo su desarrollo socioeconómico y de manera tal que sus pobladores se conviertan en productores de electricidad.
e) Fomentar la investigación e innovación en el sector de energías, la transferencia tecnológica, la producción de conocimientos científicos, tecnológicos e industriales y la formación de recursos humanos calificados.
f) Reducir las emisiones netas de CO2, cumpliendo los compromisos de la COP 21 y de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Texto tomado del Plan Bicentenario, Fundación Milenio. Autores: Henry Oporto (coordinador), Alan Bojanic, Manuel Contreras, Rubén Ferrufino y Luis Carlos Jemio; colaboraciones de Armando Álvarez, Gerardo Garrett, María Machicado, Fernando Lavadenz, Julio Linares, Mauricio Medinaceli.
