Defensor advierte que en los bloqueos hay situaciones que están “al margen de lo legal”

Brújula Digital|09|06|25|

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió este lunes que en los bloqueos de caminos impulsados por sectores afines al expresidente Evo Morales, iniciados el 2 de junio, se registran situaciones que “se han convertido al margen de lo legal”.

 “Hay situaciones que se han convertido al margen de lo legal y es importante que las instituciones que tienen que ver con la investigación de hechos delictivos o cualquier otro hecho que limite derechos de otras personas deban investigar, eso es importante”, aseguró Callisaya en conferencia de prensa este lunes. 

Según el Gobierno, hasta el domingo se habían reportado 53 personas heridas en enfrentamientos o ataques de grupos afines a Morales. El viernes por la noche, una ambulancia fue atacada en Vinto y sus ocupantes, entre ellos cuatro policías lesionados, resultaron golpeados. 

Callisaya destacó la importancia del diálogo y afirmó que la violencia no debe reproducirse bajo ninguna circunstancia, ya que podría generar mayor confrontación.

Los sectores movilizados exigen la inscripción de la candidatura de Morales para las elecciones generales del 17 de agosto, a pesar de que el exmandatario está inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional y el plazo de inscripción venció el 19 de mayo.

El Defensor del Pueblo instó a los sectores movilizados a conceder una tregua, que permita llevar adelante una transición institucional democrática y que la población pueda elegir a sus nuevos gobernantes.

 “Llamamos a la reflexión a los diferentes sectores políticos que se han ido manifestando durante todo este periodo a que puedan dar una tregua  a sus actuaciones para que hagamos este tránsito lo más tranquilo posible”, afirmó.

Este lunes, la protesta impulsada por los evistas cumple ocho días. Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, actualizado a las 07:33, se registraban 24 puntos de bloqueo en Cochabamba (nueve), Oruro (seis), Potosí (cinco), Santa Cruz (cuatro) y Beni (uno).

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó el domingo que más de 80 personas fueron arrestadas o aprehendidas por diversos delitos, entre ellos terrorismo, instigación pública a delinquir, destrucción de bienes del Estado, sabotaje a servicios públicos, lesiones leves y graves, e intento de soborno a efectivos policiales y militares.

Pronunciamiento

Callisaya brindó sus declaraciones en una conferencia de prensa conjunta con representantes de otras instituciones de la sociedad civil. En la ocasión, se presentó un pronunciamiento que exhorta a actores políticos, autoridades públicas y privadas, así como a organizaciones sociales, a evitar una escalada de conflictividad en el país.

 “Esta crisis sólo puede resolverse a través del diálogo y los mecanismos democráticos establecidos en la Constitución Política del Estado. En ese sentido, es fundamental que las elecciones generales previstas para agosto de 2025 se desarrollen en un ambiente libre de presiones, amenazas, desinformación o acciones que generen temor o conflicto”, señala el pronunciamiento suscrito por más de 50 instituciones.

Las entidades advierten que la escalada de la conflictividad social puede derivar en “una afectación irreversible de la estabilidad democrática, la institucionalidad del Estado y los derechos humanos de las y los bolivianos”.

Ante este contexto que atraviesa el país, en el comunicado se hace un llamado a diversos actores.

-Los políticos a actuar con responsabilidad democrática, evitando discursos de odio y amenazas dirigidas a instituciones públicas o sociales, que inciten a la violencia, vulneren derechos humanos o alteren la convivencia pacífica.

- Al Gobierno, a garantizar que la actuación de la fuerza pública frente a protestas, bloqueos se rija por los estándares internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza y a abstenerse de desplegar fuerzas militares ante manifestaciones pacíficas.

- Al Órgano Electoral, a hacer prevalecer sus competencias y garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral integro, transparente y competitivo, a fin de cumplir con las fechas previstas en el calendario electoral.

- A los sectores movilizados, a ejercer sus derechos políticos en el marco del respeto a las normas democráticas y la libertad de expresión responsable. Se debe evitar toda forma de violencia que afecte los derechos de personas no involucradas en las protestas. Asimismo, exhortamos a garantizar el paso de ambulancias y vehículos de emergencia. Conforme a los estándares internacionales, únicamente las manifestaciones pacíficas gozan de protección plena.

- A todas las fuerzas políticas y sociales del país, a establecer mecanismos seguros e incluyentes para lograr espacios de diálogo, que permitan acuerdos sobre los principales problemas del país. El diálogo debe priorizarse sobre el uso de la fuerza.

- A la ciudadanía, a mantener una actitud crítica, vigilante y pacífica, comprometida con la democracia, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de soluciones constructivas.

BD/AGT/JA

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