Del mito nacional-popular al Estado corrupto

Tuvela oportunidad de leer un artículo de Fernando Garcia Yapur, un analista político muy destacado, referido al “campo nacional-popular” y me permito comentar el mismo. 

El texto presupone, sin problematizar, la existencia de un “campo nacional-popular” como sujeto histórico legítimo, con capacidad transformadora y arraigo popular. Esta categoría, en lugar de ser explicada, es romantizada. Lo cierto es que, en la experiencia boliviana reciente, lo nacional-popular ha funcionado más como dispositivo retórico y electoral que como verdadera herramienta de emancipación.

En Bolivia, dicho campo ha sido construido desde el poder, no desde la sociedad civil autónoma. El MAS-IPSP instrumentalizó las identidades indígenas-campesinas –en muchos casos reales y otras veces esencializadas– para consolidar una maquinaria clientelar en el área rural. Lo que el texto llama “anclaje territorial” ha sido, en la práctica, una relación prebendal basada en el intercambio de favores estatales por lealtad política. Las organizaciones sociales, lejos de constituirse en sujetos deliberantes, fueron transformadas en brazos funcionales del Estado-partido, como se evidenció en la lógica de cooptación, control y disciplinamiento vertical ejercida desde el Ejecutivo durante los tres mandatos de Evo Morales.

Lo nacional-popular, por tanto, ha sido menos un horizonte de democratización que una ficción eficaz para consolidar hegemonía. Como bien lo documentan múltiples estudios de sociología política boliviana, este “campo” operó mediante mecanismos autoritarios encubiertos por una retórica popular, generando una estructura de poder que clausura el disenso interno y subordina la institucionalidad.

Morena, ¿actor autónomo?

El artículo de García Yapur sostiene que Morena –presentado como un instrumento potencial de renovación democrática– podría emanciparse del tutelaje oficialista y expresar al “nuevo bloque emergente”. 

Morena no es un actor autónomo. Es una creación funcional al MAS para absorber el descontento popular canalizándolo por vías controladas, y simular pluralismo político. Su vínculo con el oficialismo no es coyuntural, sino estructural. La figura visible de Morena ha sido partícipe, directa o indirectamente, del proceso de degradación institucional que marcó al último ciclo del masismo. 

No se puede hablar de un partido “nuevo” cuando sus liderazgos –como los de varios partidos “instrumentales” creados en tiempos recientes– han avalado, por acción u omisión, los abusos del poder masista. Morena, lejos de constituir una esperanza democrática, es la máscara necesaria del mismo régimen en descomposición.

La narrativa gramsciana expuesta ignora o minimiza el aspecto más alarmante del legado del MAS: su colapso ético. Hablar de “transición tutelada” y de “nuevas formas de gobernanza” sin confrontar los hechos concretos de corrupción sistémica, denuncias de penetración del narcotráfico e inclusive ser parte de este lucrativo flagelo, y violencia sexual cometida desde el poder podría calificarse como subsunción académica e intelectual.

No es posible sostener ningún tipo de renovación política ni desde el MAS ni desde sus extensiones funcionales como Morena o Andrónico Rodríguez mientras no se esclarezcan y juzguen hechos gravísimos como:

Las múltiples denuncias de estupro contra Evo Morales, documentadas por periodistas y denunciadas por organizaciones internacionales, que siguen sin resolución judicial. La protección institucional al respecto es una forma de violencia estructural y de impunidad.

Las denuncias de infiltración del narcotráfico en estructuras estatales, particularmente en regiones controladas por el MAS, con informes de prensa y de organismos independientes han señalado vínculos entre altos funcionarios del MAS y redes de tráfico de drogas, lo que ha debilitado la soberanía estatal y pudo haber convertido a Bolivia en un enclave vulnerable del crimen organizado.

Los gobiernos de Evo Morales y de Luis Arce han sido denunciados por un patrón persistente de corrupción estructural. Desde el millonario desfalco al Fondo Indígena, pasando por escándalos de saqueo en varias empresas estatales (YPFB, ENTEL, BOA y EMAPA), denuncias que han sido numerosas, documentadas y, en su mayoría, ignoradas o archivadas por un sistema judicial cooptado. Bajo Arce, lejos de haberse corregido esta tendencia, las denuncias de corrupción han persistido, mostrando la continuidad de un modelo de gestión que antepone la lealtad política al interés nacional.

El texto atribuye también a la actual coyuntura una supuesta “reconfiguración del centro político”, cuando en realidad asistimos a una fragmentación provocada por el colapso del modelo masista. Lo que se presenta como “transición” es más bien una lucha intestina entre facciones de un mismo régimen que se resiste a morir.

Hablar de “revolución pasiva” (Gramsci) es eludir que en Bolivia no hay una clase dirigente reorganizándose para incluir a sectores subalternos; hay una élite cleptocrática intentando reciclarse para mantener cuotas de poder. Las candidaturas alternas -como Andrónico Rodríguez o los proyectos controlados por el aparato estatal- no son disidencias reales, sino reacomodos internos diseñados para evitar la emergencia de un verdadero proyecto de oposición democrática.

El rol de Andrónico

Andrónico Rodríguez no es un actor disidente ni una figura renovadora dentro del escenario político boliviano; es, en realidad, un engranaje fiel del aparato masista y aparentemente, un cómplice directo de su degradación ética, más allá de que pudiere –atendiendo al mejor postor–, ser candidato por cualquier partido o agrupación, lo que adicionalmente, le muestra como una “vedette”, para decir lo menos. Como dirigente cocalero del Chapare, una región cuya producción de coca excede de forma abrumadora las necesidades del consumo tradicional -y donde informes especializados estiman que al menos el 95% se desvía al narcotráfico-, Rodríguez no solo conoce esta realidad, sino que la ampara políticamente.

Tanto o más grave es su silencio absoluto ante las múltiples y –según autoridades de gobierno–, documentadas acusaciones de estupro y abuso sexual que habrían sido cometidas por Evo Morales. En lugar de pronunciarse con responsabilidad política y ética, Andrónico ha optado por blindar al caudillo, más aún como Presidente del Senado, legitimando su ambición de retorno al poder y defendiendo su figura en incontables apariciones públicas. Esto no es mera subordinación: es complicidad activa con un liderazgo profundamente cuestionado, tanto por las denuncias de corrupción institucional como de crímenes de índole sexual. En tal sentido, su rol no es el de una alternativa política, sino el de un continuador de las peores prácticas del régimen.

Mitología popular

El análisis de la política boliviana no debe seguir girando en torno a mitologías populistas ni a teorías que, si bien útiles en ciertos contextos históricos, hoy son utilizadas como cortinas de humo para encubrir el agotamiento de un modelo autoritario, corrupto y patriarcal.

La ficción de lo nacional-popular ha servido para justificar la concentración de poder, la prebenda, principalmente rural, pero también urbana, la violencia simbólica y física contra las mujeres, y el vaciamiento de las instituciones estatales. MORENA, Andrónico Rodríguez y otras estructuras satélites no representan renovación, sino continuidad encubierta.

Bolivia necesita, una ruptura ética, una regeneración institucional y una ciudadanía capaz de construir lo público fuera de la lógica clientelar. Lo demás no son más que eufemismos de una restauración sin justicia ni verdad.

Eduardo Salamanca Chulver es abogado y afiliado a la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba.