Human Rights Foundation: resolución de grupo de trabajo de la ONU establece liberación inmediata de Camacho

Brújula Digital|31|03|25|

El abogado Javier El-Hage, representante en Bolivia de la Human Rights Foundation (HRF), enfatizó hoy que la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, establece que esta autoridad debe ser liberada de manera inmediata. Al finalizar esta nota puede descargar el documento en formato PDF. 

Agregó que el Estado boliviano debe cumplir con la disposición, ya que es firmante de la Carta de las Naciones Unidas, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Como ya lo dijimos, la resolución declara de manera contundente (…) que la detención del gobernador Luis Fernando Camacho es arbitraria”. El informe, agregó “establece de manera contundente que el Estado Plurinacional de Bolivia debe proceder a la inmediata liberación de Camacho, ya que su privación de libertad se ha catalogado como arbitraria bajo las categorías I, II, III y V”, dijo El-Hage en conferencia de prensa.

El representante ofreció esta mañana una conferencia en La Paz junto a la abogada del litigio de impacto en HRF, Claudia Bennett; el consultor de este organismo, Luis Yáñez; el equipo de defensa de Camacho, compuesto por Martín Camacho, Efraín Suárez, Fernando Vaca y Karla Robledo; la esposa del gobernador, Fátima Jordán, y el asambleísta departamental por Creemos, Zvonko Matkovic.

Alertó que cuando los órganos internos de un país incumplen las decisiones “de nuestro programa de litigio, tenemos un programa de sanciones a funcionarios".

Detalles del informe

El organismo de la ONU emitió el jueves un informe en el que concluye que la detención de Camacho, ocurrida el 28 de diciembre de 2022 en Santa Cruz, es arbitraria, ya que “violó el principio de igualdad de los seres humanos, al haber estado motivada por su opinión política como dirigente”. 

“El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad cuando esta es destinada a reprimir a miembros de grupos políticos para silenciar sus reivindicaciones, lo que vulnera lo dispuesto en los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2 y 26 del Pacto, lo convierte la detención en arbitraria conforme a la categoría V”, se lee en el informe.

Pedido y respuesta del Gobierno

El informe también pidió al Gobierno adoptar las “medidas necesarias” para remediar la situación de Camacho “sin dilación” y “ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes”.

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, indicó que no reconoce ni admite el informe y aseguró que el documento es sesgado.

“Bolivia no reconoce ni admite la opinión del Grupo de Trabajo por considerarlo sesgado, con información parcial y desactualizado, más aún cuando la misma opinión señala de forma expresa que ‘cualquier punto de vista y opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la OACNUDH”, se lee en un comunicado.

Otros puntos del informe

El documento observa “con preocupación” que Camacho no fue informado de sus derechos ni de la acusación en su contra. También señala que la orden de aprehensión apareció después de los hechos, “con fecha retroactiva al 31 de octubre de 2022 y sin contener fundamentación o motivación”.

Además, el organismo de la ONU remarca que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, lo que incluye la posibilidad de transmitir información e ideas de toda índole.

El informe también cuestiona el proceso legal contra el gobernador electo y subraya la necesidad de independencia entre los órganos Ejecutivo y Judicial.

“El Grupo de Trabajo considera que ha sido inobservado el derecho del Sr. Camacho a ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, reconocido en los artículos 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 14, párrafo 1, del Pacto”.

Camacho es procesado por el caso “Golpe de Estado I”, iniciado en 2020 tras una denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty, e investiga los hechos que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales (2006-2019) en 2019.

El exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, es otro de los procesados en el caso.

BD/JA

Documentos adjuntos

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