|CRÍTICA|El neoconstitucionalismo en Bolivia|Erika J. Rivera|

Brújula Digital|03|08|24|

Erika J. Rivera

El abogado Erick San Miguel acaba de publicar un interesante texto sobre las nuevas corrientes que discuten las renovaciones constitucionales que son indispensables en el siglo XXI. San Miguel, abogado de profesión, es catedrático de derecho constitucional en la Universidad Mayor de San Andrés y autor de varios volúmenes en torno a su especialidad. Pero también ha publicado un libro sobre la influencia de la Revolución Soviética de 1917 en el desarrollo político boliviano y un texto sobre el complejo vínculo entre el lenguaje y el pensamiento jurídico.

La obra denominada: “Para entender el neoconstitucionalismo” (Editorial Subtterránea, 2024), es un brillante compendio sobre la evolución del derecho constitucional en las últimas décadas. Según el autor, el neoconstitucionalismo está vinculado a cuatro cartas magnas que han modificado esta rama del pensamiento jurídico: la Constitución italiana de 1948; la de Portugal, de 1976; la española, de 1978 y, en primer lugar, la llamada Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949. En América Latina hay que mencionar la Constitución colombiana de 1991, cuya influencia se expandió por todo el continente. Como resultado general se puede establecer la expansión del pluralismo jurídico en su sentido más amplio, porque ya no hay una sola fuente válida del derecho, sino una amplia gama de posiciones en derecho constitucional, que no puede ser subsumida en una sola línea teórica.

Erick San Miguel reconstruye la evolución del neoconstitucionalismo mencionando el proceso de globalización y sus enormes consecuencias sobre todas las formas de derecho, especialmente las consecuencias sobre la tradicional soberanía nacional.

Simultáneamente se debe mencionar las nuevas concepciones sobre los derechos humanos, lo que abarca también la creación de una gran cantidad de garantías de todo tipo para los ciudadanos. San Miguel ingresa a la discusión filosóficamente muy productiva acerca de la tesis sobre la decadencia de los derechos del ciudadano, esbozada por Hannah Arendt.

Esta filósofa estudió los orígenes del totalitarismo en la obra del mismo título en 1951. Resaltó la aparición de las masas de apátridas, minorías, refugiados y migrantes que tuvieron que abandonar sus Estados de origen y se convirtieron en “la escoria de la Tierra”.

Estos seres humanos, privados de casi todos sus derechos, pusieron a los Estados contemporáneos frente a problemas difíciles de resolver, lo que implica a menudo una necesidad de reactualizar los derechos humanos y también porciones de las constituciones de aquellos países que reciben a los refugiados.

Como dice San Miguel, a la vista de estos millones de excluidos, la concepción misma de los derechos humanos se convierte en un mero idealismo. El utor concuerda con Arendt en lo siguiente: el concepto tradicional de soberanía solo tiene sentido hoy para los países grandes, y los derechos humanos pueden ser disfrutados en plenitud solo por los ciudadanos de países con una estructura sólida. Los derechos humanos, por ejemplo, tienen vigencia completa únicamente si los refugiados pueden tener pleno acceso a ello y por eso han surgido en los últimos tiempos modificaciones a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948). 

San Miguel ingresa al neoconstitucionalismo analizando la figura del “Protector de la Constitución”, que hoy en día es llamado generalmente el Tribunal Constitucional. A partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, las nuevas constituciones de Austria y Alemania se dotaron de un tribunal especial que debía conocer los litigios entre el Gobierno central y las regiones autónomas del Estado y también la concordancia entre el espíritu de la Constitución y las leyes que fueran aprobadas por los órganos legislativos, lo que incluía también la constitucionalidad de los reglamentos a esas leyes instituidos por el Órgano Ejecutivo. El texto constitucional boliviano de 2009 incluye un Tribunal Constitucional y una ampliación de los derechos humanos, todo esto de acuerdo con las nuevas tendencias del neoconstitucionalismo.

Existe el peligro, de acuerdo a San Miguel, de que el Tribunal Constitucional Plurinacional pase de ser el guardián de la Constitución a ser el sepulturero de la misma. El autor asevera que la degradación del citado tribunal comenzó en 2017 y que ahora se encuentra en una “caída libre”.

El punto más bajo y peligroso de este tribunal aconteció en 2023 cuando emitió una sentencia, presentada por un ministro de Estado, señalando que la Asamblea Legislativa no tendría competencia para interpelar a los ministros porque atentaría a “su derecho al trabajo”, liquidando así de un “plumazo las facultades legislativas” del Parlamento.

La consecuencia más notable y criticada por San Miguel es la evolución constitucional hacia un “Gobierno de los jueces o los jueces como los señores del derecho”, lo que resultaría en “un socavamiento de la voluntad popular y de la conformación de los poderes públicos”, que devaluaría el rol fundamental de las leyes y de los órganos de representación popular elegidos por las urnas. 

Erika J. Rivera es abogada.