En el 2022 hubo 201 afectaciones a la libertad de prensa y en lo que va del año, se han documentado 37 hechos que vulneran la libertad de prensa, de acuerdo al Observatorio de Defensoras y Defensores de DDHH.
Brújula Digital |10|05|23|
El Día del Periodista, 10 de mayo, se conmemora en un contexto de creciente violencia contra la prensa en Bolivia, advierte la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), que demanda garantías para el ejercicio del periodismo. En el 2022 hubo 201 afectaciones a la libertad de prensa y en lo que va del año, se han documentado 37 hechos que vulneran la libertad de prensa.
“Reclamamos la plena vigencia de la Ley de Imprenta, demandamos garantías para la seguridad y protección de las y los periodistas, y exigimos la adopción de acciones que permitan encarar los desafíos de este tiempo, especialmente, los efectos de la desinformación”, señala el pronunciamiento de la APLP de la que es presidente, Raúl Peñaranda.
La APLP señala que el Día del Periodista se conmemora en un contexto de creciente violencia contra la prensa en Bolivia, asociado a la inestabilidad política y social. “El periodismo es perseguido simplemente porque muestra la realidad, evidencia la corrupción, y denuncia la falta de garantías democráticas”, se denuncia.
En el 2022 hubo 201 afectaciones a la libertad de prensa, hace notar la APLP, de las cuales, la mayoría fueron ataques directos contra periodistas. “En estos primeros meses del 2023 se han documentado 37 hechos que vulneran la libertad de prensa, entre los que se cuentan reiteradas presiones para levantar el secreto de fuente y el reciente intento de imponer una ley mordaza en el país”, se lee.
En análisis de la Asociación, es claro que los actos que vulneran la libertad de prensa tienen por objeto silenciar al periodismo, orillar a las y los periodistas hacia la autocensura y, de esa manera, afectar el derecho a la libertad de expresión y de prensa. “No solo atenta contra los derechos del periodismo, sino que además violenta los principios elementales de la democracia”, se advierte.
En ese contexto, se señala al Estado como principal agresor de la libertad de expresión y de prensa, en tanto que el sistema judicial deja en la impunidad los atentados contra la integridad de las y los periodistas y se presta a la judicialización del trabajo periodístico.
BD
