Gobierno niega responsabilidad de filtración de flujo migratorio de periodista Junior Arias, acusa a dos funcionarios

Brújula Digital |8|6|20|

Marcel Rivas, director de Migración del Ministerio de Gobierno, deslindó responsabilidad sobre la filtración del flujo migratorio del periodista Junior Arias, que ha difundido información contraria al gobierno, y acusó más bien a dos funcionarios de haberlo hecho. Uno de ellos es militante masista.

Este lunes circuló en redes sociales una captura de pantalla de los viajes que supuestamente ha realizado Arias, con el presunto fin de dañar su reputación. Pese a que Arias, de la red Gigavisión, ha divulgado hechos que han afectado a la imagen del gobierno, Rivas dijo que el gobierno no es responsable de la filtración.

“Han sido dos exfuncionarios que vienen de la anterior gestión con la intención de afectar la imagen del gobierno actual”, dijo Rivas entrevistado por Panamericana. Contó que el gobierno no puede ser acusado de este hecho.

La autoridad explicó que Enrico Walterio Rimaza y Elvis Santos Rocha son los funcionarios sospechosos del caso y que contra ambos se iniciará un proceso penal. Ambos trabajan desde 2013 en Migración, Rimaza en Cochabamba y Rocha, que es militante del MAS, en Santa Cruz.

“Esos dos funcionarios deben responder quién les autorizó a ingresar al portal de Migración, con quienes compartieron o a quienes enviaron las capturas de pantalla”, enfatizó.

En declaraciones en una rueda de prensa, Rivas admitió que es información es “privada, personal y confidencial del Sistema de la Dirección General de Migración, se envió a terceras personas que, a su vez, compartieron en redes sociales en Cochabamba y Santa Cruz”.

Los ahora exfuncionarios fueron denunciados por delitos tipificados en el Código Penal de “incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias”, dijo.

Ante las constantes denuncias sobre casos de supuesta corrupción del gobierno actual, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que Arias realiza una “guerra sucia” y “guerra política” mediante una denuncia sobre la compra de gases lacrimógenos con presunto sobreprecio.

Precisamente sobre ese caso, el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, confirmó que el Ministerio Público admitió la denuncia contra Murillo y el ministro de Defensa, Fernando López, por la compra de esos agentes químicos.

Comparados los mismos productos comprados en Ecuador y Venezuela, el gobierno de Bolivia pagó en diciembre pasado alrededor de dos millones de dólares más, que la Fiscalía establecerá si se trata de un daño económico al Estado.