Ambos trabajaron juntos en los 14 años del MAS. El ministro Murillo lanzó algunos cuestionamientos: “¿Era parte de la corrupción o era parte de la conspiración? ¿O tal vez era parte de los dos?”.
Brújula Digital |28|05|20|
Poco antes de su detención, el martes 19 de mayo, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, habló durante 16 minutos vía telefónica con la exministra de Salud, Gabriela Montaño (MAS), que se encuentra en Argentina, desde 2019, cuando el expresidente Evo Morales renunció por fraude electoral.
En el celular de Valenzuela, que guarda detención en la cárcel de San Pedro desde el domingo, ubicaron dos números de Montaño, uno al que él identificó como Gabriela, y el otro como Lily, que es el segundo nombre de la exautoridad de Salud, según fuentes que investigan el caso de los 170 respiradores, que fueron comprados con supuesto sobreprecio, reportó El Deber.
La fuente que investiga el caso recordó que, durante el periodo en el que Aníbal Cruz y Marcelo Navajas eran ministros, Valenzuela tuvo varias comunicaciones con Gabriela Montaño. Esta semana se supo que ambos intercambiaron también chats de Whatsapp.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó en los últimos días que “tenemos la información de que Gabriela Montaño tiene mucho que ver (con el caso respiradores) porque tuvo contactos continuos con Valenzuela”, pues ambos trabajaron en el Legislativo y el Ministerio de Salud, en los 14 años del gobierno de Evo Morales.
Murillo advirtió que tiene “serias sospechas de que ella estuvo coordinando todo este tiempo con Valenzuela. Sabemos que este señor fue uno de los principales operadores del MAS, que nunca dejó de estar en contacto con ella y la información que tenemos nos indica de que la comunicación era fluida”, según reporte de El Deber.
El titular de Gobierno dijo que falta cerrar algunos temas al respecto: “¿Qué tiene que ver Montaño con los respiradores? ¿Era parte del sobreprecio o era parte de la conspiración? ¿Era parte de la corrupción o era parte de la conspiración? ¿O tal vez era parte de los dos?”.
El miércoles, el diputado oficialista Gonzalo Barrientos exigió que Gabriela Montaño sea convocada por la Fiscalía, para aclarar esta relación, y para explicar qué hablaba con el funcionario. El presidente de Diputados, Sergio Choque (MAS), sostuvo que el Gobierno está utilizando a Montaño para distraer en la investigación del caso, “que claramente apunta al Gobierno transitorio”.
En el mismo sentido, Montaño respondió el martes a través de su cuenta de Twitter: “En serio, justo cuando Jeanine Áñez necesita tapar ante el país el hecho más perverso de corrupción, Arturo Murillo hace un anuncio que pretende involucrarme a mí que estoy con refugio político hace seis meses fuera de Bolivia. Esto es una burla, esto no lo puede tolerar nadie”.
Caso 170 respiradores
La fabricante española GPA Innova vendió respirador básico -modelo adquirido por el Ministerio de Salud- al Gobierno de Bolivia a través de intermediarios; tiene el precio de 6.000 euros (6.567 dólares) y que los accesorios suman dos mil euros más. Por lo cual el modelo básico cuesta en total 8.000 euros, equivalentes a 8.756 dólares. Pero el Ministerio de Salud pagó 28.080 dólares. Los equipos, que ya fueron distribuidos a distintas regiones del país, no funcionan porque su software no está actualizado y además carece de algunos elementos.
Bolivia ya pagó cerca de 2,2 millones de dólares de un total de 4,7 millones y el Gobierno anunció que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.
Por la presunta compra irregular de respiradores, además de Navajas, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; el exjefe de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco; y para el supuesto “testigo clave” Fernando Humérez, fueron enviados a la cárcel.
Las dos funcionarias técnicas, Ana Espinoza y Gabriela Pérez, contratadas con recursos e la financiadora Banco Interamericano de Desarrollo (BID), obtuvieron detención domiciliaria por seis meses sin derecho a salidas laborales, informó el fiscal Ruddy Terrazas, miembro de la comisión que investiga el caso.
