Justifica la medida para evitar “la fuga” o que se “puedan esconder cierta información”. Lanchipa afirmó que la investigación se realiza con “transparencia”. Cuatro personas fueron enviadas a la cárcel de manera preventiva.
Brújula Digital |27|05|20|
La Fiscalía General del Estado declaró el miércoles en reserva la investigación del caso de los 170 respiradores, que hasta ahora causó el encarcelamiento de cuatro personas, entre ellas el exministro de Salud, Marcelo Navajas, para evitar la “fuga” de información, y anunció que se convocará más testigos del caso.
“El Ministerio Público ha solicitado ante la autoridad judicial se declare el caso en reserva las actuaciones, por ello a partir de hoy se ha declarado en reserva todo el proceso de investigación. Fundamentalmente para llevar adelante una tarea investigativa que precautele el objeto de la investigación y no puedan ser beneficiados algunas personas y puedan darse a la fuga o puedan esconder cierta información”, sostuvo el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
Explicó que la Comisión de Fiscales ha solicitado al Juez 11 de Instrucción en lo penal de La Paz, Hugo Huacani, la reserva de las actuaciones investigativas, con el fin de precautelar el objeto de la investigación, solicitud que fue otorgada por la autoridad jurisdiccional.
Lanchipa explicó que la decisión fue asumida después de la solicitud que hiciera la Fiscalía Departamental de La Paz. Dijo que la investigación es llevada con “la mayor transparencia y objetividad para llegar a la verdad histórica de los hechos, evitando que la investigación sea politizada o contaminada, de esta forma darle un tratamiento técnico jurídico para una mayor certeza en el proceso investigativo que realiza la comisión de fiscales”.
Lanchpa señaló que, dentro de la etapa preparatoria del caso respiradores, se tiene identificadas a varias personas que serán convocadas a declarar en calidad de testigos, así también se realizarán otras diligencias investigativas, sin embargo, debido a la declaratoria de reserva de la investigación, durante estos días no se emitirán detalles ni comentarios.
La Comisión de Fiscales a cargo del caso realiza las investigaciones en contra de los imputados por los delitos de Uso Indebido de Influencias, Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, Incumplimiento de Deberes, Delitos contra la Salud Pública, Contratos Lesivos al Estado, entre otros.
El caso 170 respiradores
La española GPA Innova vendió respirador básico -modelo adquirido por el Ministerio de Salud- al Gobierno a través de intermediarios; tiene el precio de 6.000 euros (6.567 dólares) y que los accesorios suman dos mil euros más. Por lo cual el modelo básico cuesta en total 8.000 euros, equivalentes a 8.756 dólares. Pero el Ministerio de Salud pagó 28.080 dólares. Los equipos, que ya fueron distribuidos a distintas regiones del país, no funcionan porque su software no está actualizado y además carece de algunos elementos.
Bolivia ya pagó cerca de 2,2 millones de dólares de un total de 4,7 millones y el Gobierno anunció que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.
Por la presunta compra irregular de respiradores, además de Navajas, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; el exjefe de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco; y para el supuesto “testigo clave” Fernando Humérez, fueron enviados a la cárcel.
Las dos funcionarias técnicas, Ana Espinoza y Gabriela Pérez, contratadas con recursos e la financiadora Banco Interamericano de Desarrollo (BID), obtuvieron detención domiciliaria por seis meses sin derecho a salidas laborales, informó el fiscal Ruddy Terrazas, miembro de la comisión que investiga el caso.
