El burgomaestre es investigado por el presunto contrato irregular de una empresa que proveyó alimentos a policías y militares en abril pasado.
Brújula Digital |27|05|20|
Una comisión de fiscales muy temprano allanó la vivienda del alcalde de Cochabamba José María Leyes y cerca del mediodía se llevaron enmanillado, en calidad de aprehendido, hasta la Fiscalía Departamental. El burgomaestre denunció que su detención “viene por orden de (ministro de Gobierno, Arturo) Murillo”.
La Fiscalía determinó la aprehensión de Leyes en el marco de las investigaciones por el caso de la adjudicación presuntamente irregular de la provisión de alimentos para los efectivos de la Policía y el Ejército durante la emergencia sanitaria.
Después de que su casa fue allanada, Leyes fue conducido a una vagoneta de la Policía y trasladado a las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, en la calle Jordán y Nataniel Aguirre, de la capital valluna
“Un abuso total, no respetan ni la cuarentena. Esto viene por orden de (ministro de Gobierno, Arturo) Murillo”, indicó Leyes esposado, poco antes de ser conducido en un vehículo hasta la Fiscalía, según reporte de Los Tiempos.
Leyes es investigado porque supuestamente contrató en abril pasado y por 15 día a la empresa Bunker Grill & Bar, proveedora de alimentos a policías y militares, sin el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). La empresa proveyó 34.890 raciones por 15 días en abril con un presupuesto de 488 mil bolivianos.
La denuncia contra Leyes fue presentada el 27 de abril por los concejales Edwin Jiménez (Unico), Carlos Coca (Demócratas) y Celima Torrico (MAS), por la contratación de la señalada empresa, de manera directa. Los denunciantes dijeron que la Alcaldía incumplió las normas municipales de contrataciones porque una empresa sin RUPE se adjudicó la provisión de alimentos.
En primera instancia dio mandamiento de aprehensión, sin embargo la misma Fiscalía levantó la orden emitida contra el alcalde Leyes y difirió, para el 2 de junio, su declaración por la presunta adjudicación irregular.