Añez cumple seis meses en el poder jaqueada por problemas, pero con respaldo por el manejo de la crisis sanitaria

Brújula Digital |12|5|20|

Raúl Peñaranda U.

La presidenta Jeanine Añez cumplió este martes seis meses en el gobierno, jaqueada por varios problemas, pero también beneficiada por un respaldo importante en lo que respecta a las decisiones que ha tomado su gobierno para reducir la expansión del coronavirus.

Añez asumió el poder de manera inesperada el 12 de noviembre pasado, cuando se produjo la sucesión constitucional ante la renuncia del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y los presidentes y vicepresidentes de las cámaras de senadores y diputados. El país estuvo 48 horas sin gobierno tras la renuncia de Morales y su posterior fuga a México y Argentina.

Tras asumir el poder, Añez gozó de una alta popularidad debido a las medidas firmes que asumió su gobierno para consolidarse, pero con el tiempo ha sido afectada por numerosos problemas y conflictos, además de falta de coherencia en algunas decisiones. Otro de los aspectos que le ha generado críticas fue su decisión, tras haber señalado que no lo haría, de postularse a la presidencia del Estado.

Uno de los aspectos más polémicos de su gestión, y que causará polémica durante largo tiempo, son los eventos de Sacaba y Senkata, en los que murieron 21 personas en total. El gobierno insiste en que los manifestantes no perdieron la vida por efecto de represión militar o policial, pero el MAS y entidades de derechos humanos afirman que las muertes pueden considerarse como una “masacre” causada por el Estado.

Escándalos y polémicas

En semanas recientes, a diferencia de lo que ocurría al inicio de su gobierno, algunos escándalos han afectado la gestión de la Presidenta, como el uso irregular de aviones de la FAB por parte de autoridades y civiles, renuncias y remociones de autoridades, conflictos internos y críticas por la creciente tendencia hacia el autoritarismo y la represión.

Entre las denuncias de corrupción más notorias están las que se realizaron contra personal de ENTEL, al inicio de la gestión y, más recientemente, contra el exejecutivo de YPFB, Herland Soliz. Este fue acusado de tres hechos de corrupción: la contratación de alimento para empleados de la empresa a un costo de 416 bolivianos diarios, la firma de contratos para la importación de diésel de Chile, a un precio de 124 dólares el barril, cuando el precio fluctúa entre 30 y 40 dólares, y la contratación directa de la empresa de seguros Credinform.

Pese a todas esas denuncias, Soliz no fue echado del cargo sino hasta cuatro meses después. Lo sucedió Richard Botello, el tercer ejecutivo en seis meses de gobierno.

Excesos y abusos

Aparte de otros escándalos menores, también el gobierno ha sufrido una arremetida de entidades internacionales por lo que se consideran excesos y abusos contra opositores y las libertades de expresión y de prensa, sobre todo cometidas por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, representante del “ala dura” del oficialismo.

Murillo ha sido criticado también internamente, por periodistas, activistas e intelectuales por promover acciones judiciales contra sus adversarios, por ejemplo, en el caso de la detención de dos denominados “guerreros digitales” por haber proferido insultos a la Presidenta.

Luego, los decretos que luchan contra la pandemia del coronavirus incluyeron artículos contrarios a la ley y la Constitución ya que restringen la libertad de expresión. Esos decretos incluso intentan controlar las “actividades artísticas” si es que “desinforman” sobre las políticas contra la enfermedad.

Otro asunto que ha marcado parte de la gestión del gobierno es la lucha de las distintas facciones, que empezó con la destitución del exministro Jerjes Justiniano, considerado como parte del sector de Luis Fernando Camacho, y las pugnas entre el ministro Murillo y algunos de sus rivales, como Rafael Quispe, exdirector del Fondo de Desarrollo Campesino, y José María Leyes, alcalde de Cochabamba.

En ambos casos, Murillo pidió que la justicia los acuse, aunque los procesos quedaron detenidos. Ante la reacción de usuarios de redes sociales en contra de la destitución de Quispe, el gobierno tuvo que retroceder y anunció que éste ocuparía otro cargo. Pese a que la Presidenta está solo seis meses en el poder, se han sucedido numerosos cambios de ministros y otras autoridades, en un reflejo de escasa coherencia interna.

COVID-19: Evaluación positiva para Añez

Cuando el gobierno estaba apenas afianzándose e intentando justificar el por qué la Presidenta decidió ser candidata, estalló la pandemia del coronavirus. El primer caso se registró el 11 de marzo y hasta la fecha hay más de 2.500, con casi 120 fallecidos.

La crisis sanitaria ha colapsado los hospitales y el país no cuenta con mayor cantidad de respiradores, que antes de la llegada de la enfermedad, ni tampoco más equipos de bioseguridad para personal médico y uniformados, camas de terapia intensiva, pruebas de laboratorio, etc.

Pese a ello, la ciudadanía evalúa positivamente a la Presidenta en su lucha contra la enfermedad. El 69% de los entrevistados en una reciente encuesta de CiesMori dijo que califica el trabajo de Añez como “bueno o muy bueno” y sólo el 23% como “malo o muy malo”, con un 8% que no responde.

Con ese resultado, Añez se ubica como la autoridad de mayor respaldo en el tema de la crisis sanitaria, muy por encima por ejemplo de Eva Copa (MAS), la presidenta del Senado, que tiene solo el 29% de apoyo. Ninguno de los nueve gobernadores o nueve alcaldes de ciudades capitales se acerca al respaldo que tienen las medidas asumidas por Añez según la encuesta de CiesMori, realizada por teléfono a una muestra de 1.000 personas la primera semana de mayo.

Otras encuestas distribuidas informalmente, pero que revisten credibilidad, establecen que Añez es la candidata con mayor apoyo popular, con alrededor del 25%, seguida de Luis Arce, del MAS, y Carlos Mesa, de CC, con porcentajes menores. Un tercio de los electores sigue indeciso respecto de su voto.