La Magistratura designó a Santos Chui Torrez y Gunar Zeballos Buezo, que reemplazan a Roberto Mérida y Gladys Guerrero, para que ocupen el cargo de jueces técnicos del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz.
ANF|La Paz|14|11|18|
El Consejo de la Magistratura destituyó a los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, Roberto Mérida y Gladys Guerrero, que junto a la exjueza Patricia Pacajes sentenciaron sin pruebas a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández por una supuesta "violación" al bebé Alexander.
El consejero de la Magistratura, Omar Michel, informó que la Sala Plena dispuso el "agradecimiento de servicios" de Mérida y Guerrero.
“Por decisión unánime de los tres consejeros de la Magistratura hemos decidido agradecer sus servicios a los dos jueces. Esto es en el marco de la transitoriedad, por si acaso no es por efecto de la auditoría o por otras situaciones”, indicó Michel.
Explicó que los consejeros debatieron ampliamente este tema y se vio que el accionar de ambos jueces afectaba la imagen de la Justicia, por ello se dispuso alejarlos de sus cargos.
Apuntó que los cargos judiciales son transitorios y la Magistratura tiene la potestad de agradecer los servicios, en este caso, de los ahora exjueces.
Luego la Magistratura designó a Santos Chui Torrez y Gunar Zeballos Buezo para que ocupen el cargo de jueces técnicos del Tribunal Décimo y la primera acción que atenderán será el pedido de libertad pura y simple del médico Fernández.
Pacajes, Guerrero y Mérida son los jueces que llevaron adelante el juicio del caso Alexander y en marzo de este año condenaron a 20 años de prisión a Fernández.
Meses después se filtró un audio donde la exjueza Pacajes admite haber condenado sin pruebas al galeno y desde ese momento salieron a la luz una serie de denuncias sobre irregularidades en dicho caso.
La Magistratura hizo una auditoría al proceso y hace unos días dio a conocer los resultados de ese procedimiento concluyendo que existen indicios de que se cometieron faltas graves y delitos por parte de jueces y funcionarios judiciales.
“Ha habido una serie de presuntas irregularidades que nos hacen presumir que habrían faltas graves, faltas leves, faltas gravísimas y también presuntos delitos penales”, apuntó Michel.
