Panorama|28|08|25|
Se ha identificado que la empresa de seguros de salud VIP Universal Medical Insurance, conocida como VUMI, estaría ofertando la comercialización de pólizas en Bolivia sin contar con el debido registro ni autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). Esta actividad constituye una transgresión grave a la normativa vigente en el país, dijo una fuente que prefirió mantener su identidad en reserva.
El pasado 26 de agosto, se observó en la ciudad de Santa Cruz un letrero publicitario correspondiente a un evento organizado por esta empresa, lo que confirma su presencia activa y no autorizada en territorio boliviano. Este hecho reviste especial preocupación, ya que la venta de seguros por parte de empresas no registradas ante la APS es ilegal, y puede implicar también evasión impositiva tanto para la aseguradora como para los tomadores del seguro.
La presencia y promoción de VUMI en Bolivia sin el aval de la APS representa un riesgo directo para los ciudadanos. Contratar un seguro con una entidad no autorizada expone a las personas a la pérdida del dinero entregado, a la inexistencia de cobertura efectiva, a la falta de garantías sobre la protección prometida y a la imposibilidad de presentar reclamos o exigir cumplimiento en caso de siniestro. Estas prácticas dejan al usuario completamente desprotegido y sin recursos legales ante posibles incumplimientos.
Frente a esta situación, la población debe extremar precauciones antes de contratar cualquier tipo de seguro. Es imprescindible verificar que la empresa esté debidamente autorizada por la APS, consulta que puede realizarse en el sitio oficial www.aps.gob.bo. La existencia de aseguradoras que operan sin autorización, como VUMI, pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles y, sobre todo, de que la ciudadanía esté informada para evitar caer en este tipo de riesgos.
Antes de firmar cualquier contrato de seguro, revise que la empresa esté legalmente habilitada para operar en el país. La seguridad financiera y el derecho a una protección real y efectiva dependen de ello.
