Victimarios-víctimas-victimarios

En menos de dos meses de gobierno, la justicia controlada por el MAS ha liberado a casi todos los militantes de ese partido responsables de graves violaciones de derechos humanos en la crisis poselectoral. Es el caso de uno de los presuntos responsables de las primeras muertes en Montero, el súbdito argentino Facundo Molares, que fue repatriado con un pedido, posterior a su salida del país, nada menos que del ministro de Justicia para que la Fiscalía levante todos los cargos que lo vinculan con la violencia y muerte de dos personas.

El caso es paradigmático de las injerencias (de un poder sobre otro y de un país extranjero en el nuestro) pero también de la mecánica victimarios-víctimas-victimarios de la violencia sociopolítica de esta crisis en la que el MAS desplegó grupos armados paraestatales para arremeter contra sus detractores. Estos grupos actuaron en tres momentos y con tres objetivos diferentes.

En primer lugar, desde las elecciones hasta la caída de Morales, para desbaratar las movilizaciones opositoras que denunciaban el fraude electoral. Precisamente por eso se dirigían contra zonas del movimiento opositor. Los puntos más álgidos de violencia fueron la ciudad de La Paz (en particular la zona Sur); Cochabamba (la zona Norte y Huayculi lugar de un contundente bloqueo); la violencia en Montero y Yapacaní trató de perforar el contundente paro cívico cruceño; en Riberalta el asalto a flechazos fue para amedrentar a la población movilizada del centro urbano; y en Vila Vila se trató de evitar la marcha de los grupos opositores que se dirigían a La Paz.  

El segundo momento de la violencia paraestatal masista empezó con la renuncia de Morales y la transición de gobierno. En este caso la violencia tuvo un doble despliegue: el terror del fuego en las zonas opositoras (claramente en viviendas de la zona Sur de La Paz) en un primer momento y, en un segundo, se concentró en los fortines de los grupos masistas. En Cochabamba (en la avenida Petrolera y especialmente K’ara K’ara y los accesos por la zona de Sacaba), La Paz (el centro alrededor de la plaza Murillo y en varios puntos de El Alto como Ciudad Satélite, La Ceja y Senkata). El objetivo general en este momento era revertir la renuncia de Morales y reinstalarlo en el poder.

El tercer momento se vivió entre mayo y junio de 2020, en plena pandemia. La violencia se extendió en los municipios bajo control masista. Samaipata, el norte integrado cruceño, etc. En el altiplano y los valles los puntos clave fueron aquellos controlados por alcaldías y grupos corporativos del MAS. El objetivo fue derrumbar al maltrecho gobierno de Añez.

En cada uno de estos momentos existieron víctimas fatales y personas que sufrieron graves violaciones de sus derechos. Es fundamental tener presente que la mitad de los fallecidos del conflicto poselectoral fueron personas contrarias al MAS. Hasta ahora ningun informe, de la CIDH u otra organización de internacional, se ha detenido a indagar ¿a manos de quienes murieron estas personas? Este vacio revela la extrema superficilidad con la que analizaron los móviles y a los actores de la violencia y la intencionalidad política de reducir la complejidad de la violencia sociopolítica de esos días a los hechos de Senkata y Sacaba.

Un caso particularmente importante para entender esta complejidad es el de Huayculi (Cochabamba). En ese punto se vivieron jornadas extremadamente violentas por casi dos semanas a fines de octubre y principios de noviembre de 2019. Decenas de personas resultaron grave y permanentemente afectadas (perdieron miembros o sufrieron lesiones expuestas). Para el MAS era estratégico desbloquear este punto y por eso, el 29 de octubre, desplegaron a un batallón de 200 mineros que se enfrentó a dinamitazos contra los manifestantes opositores al MAS que bloqueaban el puente de Huayculi. El día más trágico fue el 7 de noviembre, en el que Limbert Guzman, un joven de apenas 20 años, fue masacrado hasta la muerte por una turba de milicianos campesinos dirigidos por un alto funcionario de la gobernación de Cochabamba.  

En todos estos hechos destaca la presencia institucional de la alcaldía de Vinto dirigida por Patricia Arce. Sobre la exalcaldesa (actual senadora) pesaban más de 40 denuncias de corrupción. Al terminar la jornada sangrienta, Arce fue víctima de un grupo de vecinos de su municipio que la obligó a caminar varios kilómetros hasta el punto del conflicto donde le echaron pintura y cortaron el cabello. Las imágenes cruzaron fronteras y desataron una ola de rechazo internacional. Efectivamente la señora fue víctima de actos crueles y degradantes.

Sin embargo, pocos días después que la CIDH le otorgó medidas cautelares (en un plazo soprendentemente breve comparado con decenas de casos en los que esta Comisión no se mostró tan diligente), personal de esta Alcaldía (presuntamente bajo órdenes de Arce) irrumpió violentamente en una proclama de Marco Pumari en la UMSS. Encima, en las jornadas de junio (los bloqueos en la pandemia) esta Alcaldía fue muy activa en la movilización de maquinaria y personal para impedir el paso, entre otros, de ambulancias. Es el caso más evidente de la mecánica victimaria-víctima-victimaria. 

Producto de estos hechos, salió recompensada. Junto con ella muchas otras/os victimarios-víctimas-victimarios se alzaron con diputaciones o están encabezando listas para postular a gobiernos locales. Las amnistías que los ministerios de Justicia y Gobierno tramitan para liberar de responsabilidad penal a los victimarios que todavía están presos o procesados muestran la intención del gobierno por estimular la violencia parapolítica. En este contexto no es extraño ver cómo la selección de sus propios candidatos se tiñe de violencia. Es la política de vencer, no de convencer. 

Marco Gandarillas es sociólogo.