Reactivar la economía mediante la inversión pública

Dentro de la literatura económica convencional, el rol de la Inversión Pública (IP) sostiene la existencia de efectos directos sobre el incremento del stock de capital y la productividad de los factores de producción de las empresas. En el caso de Bolivia y en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), del gobierno del MAS, la IP se define como todo uso de recursos públicos destinados a crear, ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar capacidades productivas, económicas, sociales, ambientales y/o culturales para fortalecer la economía plural y el vivir bien.

Haciendo memoria a los lectores, en periodos neoliberales de 1993 al 2005, las cifras en promedio de la IP registraban apenas 556 millones de dólares anuales, descuidando la demanda interna, donde existían medidas orientadas únicamente a favorecer a las grandes empresas privadas, paralizando la economía del país. La IP de ese entonces fue financiada en 53% con recursos externos y 47% con recursos internos. En 2005, antes del gobierno de Evo Morales, el 63% de los recursos provinieron de fuentes externas y solo el 37% de financiamiento interno. Además, la inversión de 1993 a 2005, era financiada mayormente con recursos externos (créditos y donaciones), que eran condicionados a la aplicación de determinadas políticas. Es necesario recordar que, en el triste pasado neoliberal se necesitaba del apoyo de organismos internacionales (pidiendo limosnas) para contar con dinero contante y sonante que llegué desde afuera, porque el Tesoro General de la Nación de ese entonces, no podía cubrir con los ingresos que generaba nuestra Bolivia.

A partir de la gestión 2006, el Gobierno del Estado Plurinacional (GEP) incrementó la IP cuantiosamente de USD 629 millones en 2005 a USD 4.011 millones en 2021, que representa un aumento del 538%, lo cual se constituye en un eje importante de dinamización de la economía boliviana, cuyo financiamiento se debe mayoritariamente a los recursos económicos internos, los cuales permitieron coadyuvar a mejorar la calidad de vida de la población. En el periodo 2006 a octubre de 2019, la composición del financiamiento cambió rotundamente por cuanto la inversión del Estado de ese periodo en promedio fue financiada en un 74% con recursos internos y tan sólo un 26% con recursos externos.

El Estado, así, participó de manera activa en el desarrollo de la economía nacional, recuperando la propiedad de las empresas públicas y los recursos naturales (hidrocarburos, minería, electricidad y otros) para los bolivianos, cuyos recursos generados por estos sectores (excedentes) son redistribuidos a los sectores generadores de ingresos y empleo (creación de la industria, fomento del turismo, desarrollo agropecuario, vivienda, comercio, infraestructura, entre otros), con la finalidad de reducir la pobreza y disminuir las brechas de la desigualdad entre ricos y pobres, encontrando el justo equilibrio entre la redistribución de la riqueza que dinamiza el mercado interno y apunta a la industrialización.

Lamentablemente, desde noviembre de 2019 a octubre de 2020, durante la administración transitoria de Jeanine Añez, muchas obras en diferentes regiones del país fueron paralizadas y se dejó de pagar a las empresas contratistas, lo cual afectó al sector y tuvo efecto multiplicador negativo en la economía boliviana, donde queda claro que el objetivo del gobierno de facto era quebrar las empresas estatales, seguramente para luego privatizarlas, bloqueando el desarrollo económico boliviano al intentar reponer el viejo Modelo Neoliberal que privilegió a grandes empresas privadas sobre el público.

En este contexto, y considerando que la IP se ha constituido en el principal instrumento de política económica y ha generado importantes cambios en la economía nacional, el gobierno del presidente Luis Arce ha procedido a realizar ajustes al Presupuesto General del Estado (PGE) de la gestión 2021.

El PGE del gobierno de Añez proyectaba una menor tasa de crecimiento del PIB, reducía la IP, se perfilaba mayor inflación y acentuaba la incertidumbre con la ejecución de políticas neoliberales orientadas a favorecer a ciertos grupos de poder en desmedro del pueblo. Planteaba una IP por 3.442 millones de dólares, presentaba una tendencia hacia el alza del gasto corriente, priorizando gastos de las Fuerzas Armadas y Policía destinado a la compra de equipo bélico y represión, conllevando a un mayor déficit fiscal.

El PGE ajustado contempla 4.011 millones de dólares para IP, lo que representa un aumento del 17% con relación al PGE inicial. El mencionado importe se compone de 61% con recursos internos y 39% con recursos externos; consiguientemente, del total de la IP programada, el 36,2% se destinará a proyectos de infraestructura como transportes, comunicaciones y recursos hídricos, el 34,9% será para el sector productivo para impulsar proyectos estratégicos como energía, agropecuaria, minería, industria, hidrocarburos y turismo, el 24,9% se destinará al sector social como cultura, deportes, educación, salud, saneamiento básico, seguridad social urbanismo y vivienda, y  4% se asignará a proyectos multisectoriales.

Dicho PGE impulsará la industrialización de los recursos naturales, como la urea en la planta de Bulo Bulo, el potasio en Uyuni con el proyecto estatal del litio, los residuos sólidos a nivel nacional, la exportación de electricidad, la fábrica de cemento, la salmuera del salar de Coipasa de Oruro, así como, hospitales de tercer nivel, escuelas, complejos hidroeléctricos, el corredor de exportación bimodal Ichilo-Mamoré, construcción y mantenimiento de carreteras de la Red Vial Fundamental, entre otros. 

Fernando Chuquimia Vargas es especialista financiero.