Puertas abiertas, una tras otra

Empezando el 2025 escribí un artículo –ya con manifiesta preocupación– sobre la postergación electoral construida. ¿A qué me refiero con esta? No es más que una operación de simulaciones y pretextos para componer unas condiciones donde la legalidad y toda la juridicidad desplegada en recursos, amparos y otras apariencias de derechos vulnerados entren en acción para frenar el proceso electivo. Una maniobra para fabricar la resignación social, esa que, finalmente, acepte diferir el calendario electoral. ¿Por qué el poder político necesitaría de una prórroga de mandato? Las respuestas son varias y diversas. Las elecciones judiciales nunca tuvieron la complacencia oficialista, pues el gobierno de los jueces es un instrumento indispensable para sujetar y contener el poder político-estatal-presidencial y partidario en la perspectiva 2025. Postergaron primero la elección judicial y luego idearon una votación parcial hasta que, por fin, reaseguraron a los “cinco funcionales”. Todo un armado político.

La democracia boliviana está desplomándose, pareciese que irreversiblemente, al menos en lo que hace a la posibilidad de convertirse en el sistema de gobierno que reasegure la convivencia pacífica entre los bolivianos como factor inicial e ineludible de reconstrucción estatal y societal. Los liderazgos políticos, mayores y entusiastas, transitan por lo prejuicioso, lo dogmático y el utilitarismo de lo estatal en función de sus intereses personalísimos. Son autoritarios, anti estatistas afiebrados o estatistas ortodoxos. La representatividad política, que es una instancia históricamente en cuestionamiento constante, vive un momento de colapso pleno. A pesar de ello, toda la especie política sigue esmerando ideas para convencer al pueblo y la sociedad boliviana, y así, asirse una vez más como dueños del aparato estatal, de sus recursos económicos y naturales y, claramente, también del destino de todos.

En el año del Bicentenario, con la convocatoria a elecciones y el calendario electoral en marcha, ¿podrían las elecciones generales sufrir una postergación construida? La respuesta es que sí, pues la amenaza se ha transformado en acción concreta, al menos en intento real.

El poder político opera con los actores habituales y con algunos nuevos en apariencia que se prestan a ello con tal de estar vigentes en el tiempo que llega. ¿Qué hace el poder político, entonces, en estos casos? No otra acción que la de ir dejando puertas abiertas: van construyendo pasos de posibilidades con toda una puesta en escena de hechos que avanzan en paralelo.

La semana estuvo cargada de operaciones políticas ejecutadas con intencionalidad antidemocrática: enseñaron un documental que concitó la atención en horas, no por el contenido de éste, sino por el hecho de que estuvo sobrevenido de espectacularidad política/judicial con la detención de un abogado cruceño y un operativo que monopolizó la escucha informativa. Ese fue el factor necesario para digerir como hecho intrascendente (reducir un hecho a intrascendente significa restarle centralidad noticiosa y evitar que el mismo sea sometido al criterio de analistas, opinadores, políticos y periodismo) la no aprobación del crédito JICA que tiene, de palabra, comprometido al titular del poder ejecutivo para facilitar de allí los siete millones de dólares que requiere el TSE a fin de garantizar la realización de las elecciones generales en el exterior.

Al no lograr los dos tercios que se precisaban para su reconsideración y aprobación en la ALP, un nuevo tratamiento solo será posible en la siguiente legislatura, y en este caso, con mayor criticidad, en el siguiente gobierno. Sin manifestación de preocupación, la noticia fue “digerida” por la ciudadanía como un evento más de la rutina informativa diaria. Al paso de esto, ya dejaron la puertaabierta para que, en la no realización –hecho posible– de elecciones en el exterior, pueda demandarse por la vía constitucional, la restricción del derecho a elegir. Cualquier ciudadano boliviano que viva fuera del país logrará activar esta posibilidad que tendrá que ser, finalmente, conocida por el Tribunal Constitucional. Ahí, en sus manos, toda la ocasión para probar frenar, ralentizar, detener o diferir forzadamente el calendario electoral, lo cual incluye, por los tiempos ajustados, una prórroga del mandato presidencial.

El mismo día prepararon que otra puerta quedara abierta: un diputado ultra oficialista interponía ante el TCP una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la convocatoria de elecciones. “Esto no dilata la elección nacional ni amenaza el proceso”, se apuraron en decir desde el Tribunal Electoral, pero en los hechos, deja a las diferentes candidaturas en la indecisión de cómo acomodar sus binomios.

Si el pronunciamiento de la autoridad constitucional se conoce de forma posterior a la fecha del 19 de mayo (plazo final para la inscripción de candidatos) dando por aceptada esta acción, las decisiones del TSE pueden enfrentar el hecho fáctico de que varias candidaturas no cumplen con la paridad de género en el binomio, y tendrán que verse obligados a aplicar el principio de preclusión e invalidar esas candidaturas. Es otra puerta abierta en la intención de seguir avanzando con la autocrática acción de la postergación construida. Tan peligrosamente abierta ha quedado esta puerta que si el TCP ordena una nueva convocatoria que incorpore el criterio del diputado ultra oficialista, todo el calendario electoral deberá diferirse hacia un nuevo tiempo.

El recurso interpuesto del servicial diputado tampoco fue la centralidad noticiosa, objetivo logrado. Todos estaban ocupados con las detenciones, el documental, Zúñiga y demás menesteres informativos, pero no en esta planificación. Ahora, otro diputado nacional y un exmagistrado anuncian insólitos recursos ante el TCP. Con una y otra intención, todos ellos aportando lo suyo para que todo esto termine inevitablemente muy mal, “como si fuera una penitencia inevitable” diría Galeano.

Jorge Richter Ramírez es politólogo.