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17/03/2024
Raíces y antenas

Proyecto de Ley 035, la mamocracia en acción

Gonzalo Chávez
Gonzalo Chávez

El Gobierno, de manera machacona y obsesiva ha estado presionando, vía opinión pública, para la aprobación de la Ley 035 que reforma el sistema de pensiones. El proyecto es resultado de un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB). En resumen, la normativa tiene dos partes. En la primera, propone el incremento de las pensiones a varios grupos de beneficiarios. En la segunda, establece la obligatoriedad de jubilación a los 65 años. Nos concentraremos en este último punto que está generando mucha controversia y rechazo de grupos como los médicos, maestros y otros.

La polémica gira en torno al tema de la obligatoriedad de la jubilación. El Gobierno niega, en siete idiomas, que esto sea así, en cuanto los detractores de la norma dicen lo contrario. Para iniciar el debate parece pertinente transcribir literalmente la disposición única adicional del proyecto de Ley.

El primer párrafo dice: “Con el objeto de coadyuvar con la preservación de la salud y bienestar de la población adulta mayor, los asegurados dependientes, que tengan sesenta y cinco (65) años o más de edad y cumplan requisitos establecidos en la Ley No 065, se acogerán y ejercerán el derecho a una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez en el sistema integral de pensiones”.

Esta joya jurídica de la mamocracia política parte del supuesto que la mayoría de la gente de la tercera edad es caída del catre, no sabe cuidarse y no conoce la normativa vigente. Por lo tanto, el papá Estado debe “coadyuvar con la preservación de la salud y bienestar de la población adulta mayor” y, por lo tanto, obligarla a jubilarse a los 65 años tanto si trabaja en el sector público como privado. El paternalismo de los burócratas es de una ternura extrema. Debemos cuidar de los abuelitos, porque si quieren seguir trabajando, capaz que se enfermen.

Lamentablemente, debido a las miserables pensiones, mucha gente se ve obligada a trabajar para no morirse de hambre. Por supuesto este misil autoritario que vulnera el derecho a la vida y al trabajo está dirigido a ciertos grupos del sector público, entre tanto, su efecto colateral es sobre todos los simples mortales, pero no afecta a los políticos, como veremos enseguida. En rigor, sospecho, quieren sentarle la mano a algunos médicos o maestros –que les han hecho la vida a cuadritos al Gobierno en el pasado– y a cierta gente abusiva que se agarra de los cargos públicos, que ciertamente son una minoría de la Población Económicamente Activa (PEA) urbana que llega a 4,5 millones de personas. Para deshacerse de las garrapatas políticas dentro del Estado no se necesita una ley, bastarían decisiones administrativas.

Otro argumento falaz del Gobierno es que las personas que no quieren jubilarse estarían acabando con los puestos de trabajo para las nuevas generaciones. Es decir, no solo promueven la lucha de clases y sino también la lucha intergeneracional. Dicen, de manera mentirosa, que los abuelos y los papás están impidiendo que entren al mercado laboral los nietos e hijos. Hablando en oro, si tú lees este artículo y tienes entre 15 y 24 años de edad, las probabilidades que encuentres un trabajo formal en el sector privado son de 10%. Aumenta tu chance si quieres ir además al sector público, que es de otros 10%, pero en este hay una excepción que las tratamos más adelante. Esto significa que la mayoría de los jóvenes profesionales (80%) solo pueden aspirar a un trabajo en el sector informal, donde se encontrarán con sus papás y sus abuelos jubilados, pero teniendo que sobrevivir en una ocupación precaria

Y sigue la joya jurídica de la mamones del poder. Vuelvo a transcribir para que quede claro, porque en los medios de comunicación han aparecido ventrílocuos que sostienen que el proyecto de norma no dice lo que dice: “… los asegurados dependientes, que tengan sesenta y cinco (65) años o más de edad y cumplan requisitos establecidos en la Ley No 065 se acogerán y ejercerán el derecho a una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez en el sistema integral de pensiones”. Se acogerán y ejercerán tiene un carácter claramente mandatorio, no es optativo. ¡Wawitas de pecho!

Más aún, el párrafo II de la disposición única adicional del proyecto de Ley 035 ratifica el carácter obligatorio de la jubilación a los 65 años porque señala que aquellos que deseen continuar trabajando deben pedirle permiso al papá Estado, el que, a través de un examen médico, decidirá si el ciudadano puede o no seguir trabajando. Supongo que la auscultación comenzará con la visita a un proctólogo. A ver, abuelito haga puñito y muéstreme su potito.

Otra vez transcribo: “Los asegurados dependientes señalados en el párrafo precedente (I), para su continuidad laboral, a solicitud expresa del asegurado, podrán someterse a un examen médico de aptitud física y mental a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el cual valorará el estado de salud del trabajador”.

Supongo que tendrás que mandar una cartita al papá Estado pidiendo el examen médico a cargo del prestigioso Instituto Nacional de Salud Ocupacional, un referente mundial en atención de salud. Hace algunos años tuve que ir a hacer unos exámenes en esta repartición pública y era de una pobreza franciscana. Los pobres médicos trabajaban en condiciones muy precarias. Recuerdo que, por ejemplo, el sillón del dentista era de adorno, no tenía el escupidero. Pero, a ver hermano y compañero, si no es obligatorio: ¿Por qué se debe hacer este examen?

A estas alturas de la columna, una otra pregunta clave es ¿qué criterios médicos se adoptarían para saber si alguien está, apto o no, para seguir trabajando? Aquí se aplican conceptos básicos de teoría microeconómica. Existe una enorme asimetría de información entre el paciente y el médico. Es probable que la persona examinada no sepa las dolencias que tiene o quiere ocultarlas porque desea seguir trabajando para sobrevivir. ¿De qué manera se resuelve este problema que, técnicamente, se conoce como selección adversa? Pues, haciendo exámenes complejos y sofisticados. Tomografías, ecografías, exámenes de sangre para detectar cáncer y pruebas de laboratorio complejas. Por supuesto, un Pet Scan y otros exámenes muy costosos. Solo así, un médico responsable podría decir si alguien está apto o no para trabajar. También está el tema de qué tipos de trabajo estamos hablando. ¿intelectual, físico o ambos?

Ahora, lo más probable es que se hagan análisis de orina y sangre simples, saquen una radiografía con un aparato de los años 60 y verifiquen si el jubilado en cuestión arrastra los pies al caminar. En las pruebas psicológicas, les preguntarán si 2+2 es 4 o 5 o si con sus ojitos acompaña el dedo del médico.

¿Se imaginan las oportunidades de “charles” y “arreglos” que se abrirán en esta situación? “Hermanito no seas pues malito, házmelo un certificado de que diga que tengo la salud de un joven de 20 años. Mi pensión es miserable, no me alcanza para nada, debo ayudar a mis hijos, todos trabajan en el sector informal, les pagan muy mal. Sólo tengo uno en el Estado y a ese le va bien, pero es bien ingrato”.

Finalmente, la disposición adicional única cierra con broche de oro esta obra de arte de la mamocracia de los políticos: “Se encuentran exentos de la aplicación del párrafo primero de la presente disposición las autoridades electas, designadas y de libre nombramiento”. Es decir, toda la casta política a la cual le pagamos los salarios los ciudadanos, a saber, papel y lápiz hermanos y compañeros: presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, directores, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, concejales, gerentes de empresas públicas y un largo etc. de manka gastos no están obligados a jubilarse y menos ir al proctólogo.

Los políticos profesionales legislan a su favor y establecen esta odiosa y anticonstitucional excepción. Ellos podrán trabajar hasta los 100 años si quieren. Como verán, la Ley no es igual para todos. ¿Patria o muerte? ¡Mamaremos! 



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