Pareciera demasiado bueno para ser cierto. Pero eso es lo que ofrece a Santa Cruz el benjamín de los candidatos a alcalde. Rescatando la filosofía de la Participación Popular, lanzada hace casi 27 años, Enrique Bruno la trae al presente proponiendo la digitalización de la gestión municipal para transparentarla. Así, ésta se convierte en la propuesta más seria para combatir la corrupción endémica que aqueja al municipio cruceño.
Pero va más allá de aquello. Rescatando una iniciativa que implementé en La Paz durante mi última gestión como alcalde en 1996, que consistía en descentralizar los recursos de la coparticipación entre los 20 distritos de la ciudad, Bruno plantea una medida similar, pero potenciada por la digitalización. El candidato cruceño ofrece redistribuir los 1.300 millones de bolivianos de coparticipación anual que recibe ese municipio y que equivalen aproximadamente al 40% de los ingresos municipales. Ello se haría entre los 15 distritos que cubren cada una de las subalcaldías cruceñas. Este monto serviría para que los vecinos, en concertación participativa, elijan las obras municipales que consideren más importantes y urgentes para su comunidad. Así, cada distrito recibiría una dotación de aproximadamente 12 millones de dólares anuales para ser asignados por los vecinos en la elaboración de su Plan Operativo Anual (POA) para cada uno de los cinco años de gestión.
Las obras elegidas participativamente serían licitadas preferentemente entre micro y pequeñas empresas del mismo distrito o subalcaldía, fomentando la creación de empleo vecinal y generando ingresos para la propia comunidad. Seleccionadas las obras y asignadas por los vecinos a quien las ejecute, éstos tendrían la facultad de acompañar el proceso, fiscalizarlo y supervisar que se haga una buena ejecución de las mismas. Esto se lograría a través ya no sólo de un “comité de vigilancia” (que en el pasado fueron cooptados y hechos cómplices de la corrupción edil), sino por todos y cada uno de los vecinos interesados en la buena y pronta ejecución de sus obras simplemente utilizando la “Appcaldía”, una aplicación de libre uso para dispositivos digitales.
La descrita es una descentralización real, a nivel vecinal, que no sólo le otorga a la gente poder de decisión para elegir sus obras o inversiones de su preferencia, sino que le faculta tomar decisiones sobre la asignación anual y real de los 12 millones de dólares asignados por distrito, multiplicados por cinco años. Esto introduce certidumbre y predictibilidad a la gestión, haciendo que los vecinos ejecuten las obras más importantes de forma inmediata y proyecten las sucesivas sobre un horizonte de cinco años, por un total de 60 millones de dólares por distrito, o en total de 900 millones de dólares de inversión por coparticipación para los 15 distritos, por los cinco años de gestión municipal.
Lo anterior no incluye la inversión y gasto con el restante 60% de los ingresos municipales de recursos propios, de impuestos, tasas y patentes, que son de aproximadamente 2.000 millones de bolivianos anuales.
Esa forma de descentralizar significa una masiva redistribución de recursos municipales a favor de los más necesitados, atendiendo con prioridad la cobertura de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, recolección de basura, iluminación, obras viales, control de inundaciones, subsidio escolar, seguro de salud, etc. Cubiertas las necesidades básicas de mayor urgencia, gradualmente se podrían encarar otras obras o asignaciones presupuestarias menos urgentes, pero prioritarias para mejorar la calidad de vida, la seguridad y policía vecinal, y preservar el medio ambiente.
Poder, Plata
y Participación, PPP, a través de la digitalización,ofrecida por Enrique Bruno, es
la propuesta municipal electoral más revolucionaria, de mayor impacto social y
económico para Santa Cruz. La creación de empleo e ingresos a nivel de barrio podrían
ser enormes. Como ya dije en una anterior columna: más valen mil obras de un
millón de dólares, cada una, que una sola obra (seguro, un elefante blanco) de
cien o mil millones que –lamentablemente— quedarían en los bolsillos de unos
pocos corruptos y sus “contratistas”,
sin rendición de cuentas ni fiscalización, como ocurre hoy en día.
Aunque parezca increíble, la propuesta PPP digital ¡sí se puede!
*Ronald MacLean Abaroa fue alcalde de La Paz y ministro de Estado