04/11/2019
Columnista Invitado

Nulidad de las elecciones y escenarios probables

Eduardo Leaño
Eduardo Leaño

Lamentablemente, a diferencia de la de otros países, la legislación electoral boliviana no admite la posibilidad de declarar nula una elección (Ley de Régimen Electoral, Artículo 190); probablemente esto explique la emergencia del actual conflicto en torno a los resultados electorales; y quizá la ausencia de tal normativa revele y justifique la preferencia por salidas políticas antes que institucionales.

A nivel latinoamericano, Jesús Orozco Henríquez en Las causas de nulidad electoral en América Latina, establece diversos motivos para anular las elecciones en el continente y llevar a cabo un nuevo proceso electoral. En términos generales, tres son las razones para cancelar una elección: primero, cuando existe determinada cantidad de votos o mesas anuladas; segundo, cuando participan en las elecciones candidatos o partidos no elegibles; y tercero, en ausencia de transparencia e imparcialidad del proceso electoral: actos de violencia o coacción suficientes para alterar el resultado, violaciones sustanciales el día de la elección y cuyos resultados sean determinantes para el cómputo final, en situaciones de error o fraude en el cómputo de votos que afectan el resultado final, cuando se comprueban graves irregularidades que alteraron el resultado de la votación, etc.

Al iniciar el conflicto, considerando los resultados finales anunciados por el organismo electoral, el oficialismo se proclamó ganador y exigió “respeto de su triunfo en las elecciones”; en cambio, la oposición política y social, enmarcadas principalmente en el tercer criterio de anulación de las elecciones definido por Orozco, exigían “segunda vuelta electoral”; acompañaron ambos anuncios con concentraciones de festejo (entre oficialistas) y acciones de protesta (entre opositores). En aquel momento la mejor salida política pudo haber sido negociar el balotaje entre los dos candidatos más votados.

Ambas partes en conflicto se aferraron a sus posturas y las pugnas de marchas y contramarchas se agudizaron en los siguientes días. Después de una intensa confrontación en torno a los resultados electorales, puede advertirse que opositores y oficialistas modificaron sustancialmente las posibles salidas electorales: la oposición, que inicialmente demandaba “segunda vuelta electoral”, radicalizó esta exigencia y solicitó “nuevas elecciones y con otras autoridades electorales”; por su parte, el oficialismo, que empezó reclamando “respeto de su triunfo en las elecciones”, flexibilizó esta postura y sugirió que la OEA efectúe una “auditoria a las elecciones”, principalmente al cómputo electoral. En esta etapa, lo políticamente óptimo era negociar los términos de la auditoría (por ejemplo, integrar en la auditoría a otras entidades internacionales, a los partidos políticos, etc.) y, con seguridad, la tensión del conflicto habría reducido.

La contienda electoral, lejos de hallar una solución, ha trepado un escalón más. Mientras el oficialismo avanza y avala la “auditoria” que lleva a cabo la OEA, la oposición no solo ha manifestado un rechazo absoluto a dicha labor (aún está en su memoria el estigma de ser la entidad que avaló la habilitación del binomio oficialista, sobre todo del Secretario General Luis Almagro) sino que, en el cabildo del 2 de octubre celebrado en la ciudad de Santa Cruz, exige la “renuncia del presidente Morales” (le otorgan un plazo de 48 horas).

La escalada del conflicto solo es posible cuando las decisiones no asumidas ayer resultan obsoletas hoy. El desenlace del conflicto está abierto a muchas posibilidades y dependen de diversos factores impredecibles. A continuación, se intenta diseñar algunos escenarios políticos probables.

Escenario 1. En un extremo, si el ultimátum fijado a la demanda de “renuncia” es sustentado por acciones de protesta (protagonizado por cívicos, plataformas, universitarios, etc.) que obliguen a cumplir esa advertencia, es probable que haya dimisión del presidente Morales en el plazo fijado o en los siguientes días y, con seguridad, se anulará las elecciones y organizará un nuevo proceso electoral.

Escenario 2. En otro extremo, si Morales no renuncia y tolera la presión social y, al mismo tiempo, la OEA emite un informe favorable a su candidatura, es posible advertir que, con el apoyo de los “movimientos sociales” y, quizá, el respaldo de las fuerzas armadas, permanezca en el cargo de Presidente, sofocando toda forma resistencia.

Entre ambos escenarios extremos puede identificarse un escenario intermedio

Escenario 3. Suponiendo que el informe de la OEA, después de encontrar ciertas irregularidades en el proceso electoral, concluya con una recomendación de una segunda vuelta electoral, es probable que oficialismo y oposición, con mediación de instituciones internacionales o de la Iglesia, retornen a posturas precedentes donde puedan negociar las condiciones del balotaje o acordar los términos para celebrar nuevas elecciones.

Este último escenario es el ideal. En todo caso, la resolución pacífica del conflicto electoral exige que las partes involucradas flexibilicen sus posiciones. Sin duda, a fin de evitar conflictos de esta naturaleza, se debe considerar la necesidad de incluir el tema de nulidad de las elecciones en la Ley de Régimen Electoral.

Eduardo Leaño es sociólogo, docente de la carrera de Ciencias Políticas de la UPEA.