Nuevo golpe a la democracia

El consorcio ilegal que intentó defenestrar a una magistrada del más alto tribunal de justicia del país no es de poca monta. Lo conformaban el ministro de Justicia, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, una vocal de la Sala Cuarta de la justicia paceña, el magistrado suplente del Supremo de Justicia, un juez provincial, abogados ligados al poder, funcionarios y un sicario judicial, según las investigaciones fiscales y lo que se ha informado hasta el momento.

El consorcio habría urdido el denominado Plan Coaquira de manera meticulosa y con semanas de anticipación. El objetivo: tumbar a Fanny Coaquira Rodríguez, magistrada oriunda de la provincia Inquisivi y titular del Supremo de Justicia en representación del departamento de La Paz. Se trata de una de las siete nuevas autoridades del TSJ, elegidas en las judiciales fragmentadas de 2024.

Dos de los nueve magistrados de esa instancia, uno de Pando y otro de Beni, cumplieron su mandato en diciembre de 2023, pero se beneficiaron de una sentencia del Tribunal Constitucional que los convirtió en prorrogados, al igual que la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional, cinco de nueve tribunos.

Si el Plan Coaquira coronaba con la separación de la demandada con un recurso judicial por haber utilizado, según la parte accionante, un documento falso para cumplir los requisitos de preselección de candidatos en las comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa que realizaron la verificación y tomaron exámenes a los postulantes, los dos prorrogados del TSJ habrían recibido un refuerzo.

¿Qué denunció públicamente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia? Romer Saucedo afirmó que se intentó dar un golpe al Órgano Judicial con la pretendida defenestración de Coaquira y acciones judiciales similares en otras regiones del país, buscando tumbar magistrados titulares del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, cuyas salas plenas están compuestas por cinco y tres miembros, respectivamente, todos elegidos en las judiciales de diciembre.

La parte más delicada de esa denuncia apunta a que el consorcio ilegal quería sentar precedentes —nefastos por supuesto— para desconocer al nuevo presidente, vicepresidente o parlamentarios que salgan de las urnas en los comicios de este año. Se trataba, entonces, de un plan mayor con un objetivo mayor: atentar contra la democracia, desconocer la voluntad popular, esta vez con recursos judiciales planificados y ejecutados por consorcios de jueces y abogados.

El directo beneficiado hubiese sido el prorroguismo presidencial. Es posible imaginar, en ese contexto, que las demandas y los fallos tendrían que realizarse y dictarse antes de que se produzca el cambio de gobierno, el 8 de noviembre de este año, para impedir la ascensión de una nueva administración gubernamental. El mecanismo sería la presentación de recursos constitucionales en juzgados provinciales, la dictación de fallos amañados y la convalidación de los mismos en el nivel más alto de la justicia constitucional, donde los prorrogados aún mandan.

Puesto así el riesgo que corrió la democracia boliviana, resulta extraño por qué hasta el momento no se ha pedido al presidente del TSJ que judicialice su denuncia mediática para ampliar los delitos a ser investigados en el caso Consorcio. Casi todos los implicados han sido imputados por los presuntos delitos de consorcio y tráfico de influencias cuyas penas son menores en comparación con los delitos de terrorismo, sedición o conspiración.

¿Por qué el propio Saucedo no ha impulsado una investigación más amplia a partir de los datos que proporcionó a la opinión pública? ¿Será un tema al que la hincarán el diente en el futuro gobierno luego de haber desbaratado el golpe desde esferas judiciales? Por ahora los desvanecimientos y las chicanas jurídicas están llevando el caso a una congeladora, mucho más porque la investigación ha sido declarada en reserva.

Pese a ello, el trabajo periodístico ha logrado romper el hermetismo y ha puesto sobre la mesa las declaraciones del juez de Coroico y del magistrado suplente del TSJ que coinciden en hechos que inequívocamente desembocan en que un consorcio ilegal planificó, presionó, ejecutó, pero falló en la puntada final buscando hacer rodar la cabeza de Fanny Coaquira y de otros magistrados con el fin de asestar un nuevo golpe a la democracia.

Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista