28/01/2019
Sin Máscaras

Linera y su gobierno: responsables de la debacle de la Defensoría

Gregorio Lanza
Gregorio Lanza

Cuando se posesionaba Tezanos Pinto como Defensor del Pueblo, el rostro de Linera trasuntaba una indisimulable alegría. Había puesto a su hombre en un cargo muy importante, no sólo por el número de personas e infraestructura que tenía en todo el país y porque tal vez –pensaba– se podía convertir en un ministerio de gobierno paralelo. 

Juraba al cargo un personaje desconocido que resaltaba por su peculiar figura, por su parche en el ojo. Pero como decía un amigo, uno puede perder la vista, pero lo principal es la visión, principios y valores que uno tenga. Sus propios pares de gobierno mostraban su escepticismo por lo que podría hacer el peculiar personaje, pero los más negros pronósticos quedaron pequeños frente a los hechos.

Violó y vulneró los derechos humanos. En los conflictos se convirtió en un informante de los organismos de represión y defensor del Gobierno. Jamás implementó un programa serio frente al feminicidio y violación de niñas, que aumentó de una manera desmesurada en el país; fue un violento. Realizó una de las masacres blancas más sentidas, sin importar la capacidad del personal que, en la mayoría de los casos, había sido formado en la Defensoría creada por doña Anita Campero.

Siguiendo las instrucciones de Linera, intentó demoler todo lo que había construido el Defensor Rolando Villena.

¿Es que el Vicepresidente no pensó, ni en un momento de lucidez, que una defensoría con esa orientación, de ser funcional al gobierno y más aún con este singular personaje a la cabeza, no iba a servir ni a su régimen ni a la población? Pues al final, ni implemento programas consistentes en defensa a sectores vulnerables, mujeres, niños y pueblo indígenas; ni pudo mediar en los conflictos.

Pero junto a Linera, también los asambleístas del partido de gobierno son los responsables de erosionar los derechos humanos, puesto que después de un “largo proceso de selección”, en el que Tezanos Pinto, por lo menos en la exposición oral, aparecía con el menor puntaje, eligieron siguiendo la dirección del dedo del Vicepresidente a su favorito.

El país quedó en el descrédito internacional. La insania que este personaje terminó su periplo cuando convocó a una conferencia de prensa, en la que, durante 20 minutos, proyectó las conversaciones con su exesposa. Para terminar su alocución confesando que es verdad que ha sido infiel y que ahora lo chantajean, y pide ayuda… ¿A la Policía? ¿A los fiscales? ¿A García Linera?

Finalmente, Tezanos Pinto ha sido obligado a renunciar, no por sus servicios al régimen, no por su papel de informante al gobierno, no porque de Defensor del Pueblo se ha convertido en defensor del gobierno; sino porque ha osado compararse con el Presidente, señalando que si Evo Morales habló desde Palacio para referirse a su relación con Gabriela Zapata y su hijo, por qué él, Tezanos Pinto, no podía hablar de sus problemas conyugales. Bueno en algo tiene razón…

La debacle de la Defensoría del Pueblo refleja el valor que el gobierno del MÁS le da a los derechos humanos, a las demandas de la población y a su legítimo derecho a la protesta. Todas las instituciones, en especial las relacionadas con los derechos humanos, están en un estado lamentable, erosionadas por la corrupción y carcomidas por su ineficiencia.

Ni qué decir del Poder Judicial: sin justicia no hay derechos humanos. O la Policía, que está encargada de la seguridad ciudadana. Todo está deteriorado porque se pusieron las instituciones al servicio del caudillo y ahora en su decisión ilegal de mantenerse en el poder. 

Todo se ha desbordado, pero todavía el vicepresidente Linera y el presidente Morales están a tiempo para pedir disculpas y renunciar a su insano propósito de candidatear de manera ilegítima, violando la voluntad popular.

Gregorio Lanza es economista con maestrías en políticas públicas y exresponsable de Prevención y Atención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo.

Gregorio Lanza es economista con maestrías en políticas públicas.