La udepización del MAS

El Ejecutivo parece estar en su propio metaverso, un mundo paralelo en el que no hay incertidumbre por shocks económicos y políticos; el periodo especulativo financiero que hizo desaparecer los dólares ha sido superado; la corrupción, el narcotráfico y la violencia son meras fábulas; y Bolivia es gobernada por un partido cohesionado, dedicado al bienestar de la gente.

La realidad, desde la perspectiva de la sociedad, es diferente porque siente que no sabe hacia dónde va la patria. La incertidumbre se ha apoderado de la mayoría de los bolivianos en lo económico, laboral, político, institucional y social. Pocos pueden decir con certeza cómo estará el país en los próximos años, mientras el grueso solo quiere salir del oscurantismo.

Para el Ministro de Economía, el desasosiego solo existe en el ámbito internacional y asegura que no afectará al país porque la economía es estable y pujante. El mandamás del Banco Central añade que el “ataque especulativo” ya pasó, aunque los dólares estadounidenses siguen sin aparecer y el mercado paralelo está por enterrar el cambio oficial.

La extraña manera de ver y entender al país desde el poder trae a la memoria lo que pasó entre 1982 y 1985, durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP). Y aunque sería injusto hablar de un descalabro generalizado, hoy, 41 años después, aparecen nuevamente varios factores que inviabilizaron el gobierno que inició la era democrática.

En lo económico, ahora como en ese entonces, el déficit fiscal persiste y en la última década se acercó al 8% de los presupuestos anuales; la escasez de dólares ha exacerbado las expectativas negativas de los agentes económicos; la informalización de la economía no da marcha atrás y el desempleo, aunque los datos oficiales pinten otro panorama, tiende a agudizarse.

La subvención de los combustibles en 2022 alcanzó los 1.700 millones de dólares, lo que representa un 3,8% del PIB; la producción de gas natural se redujo en un 35% aproximadamente desde el 2015; y la mayoría de las empresas públicas opera a pérdida, otras carecen de mercado para sus productos y buena parte enfrenta serios problemas de gerencia.

Ahora como en ese entonces, la ausencia de gestión es evidente no solamente en la planificación e implementación de políticas públicas y proyectos estratégicos, sino en asuntos cruciales como la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el contrabando, que han tomado carta de ciudadanía ante un gobierno que no quiere mantenerlos a raya.

En lo partidario, tal como sucedió en la UDP, las disputas entre el grupo palaciego del MNRI con las cúpulas del MIR y del Partido Comunista, aliados de Hernán Siles Suazo, provocaron el acabose del frente político. Entrada la tercera década del siglo 21, la guerra que libran evistas y el arcistas está generando la paralización del gobierno, aunque no quieran admitirlo.

El MAS se aproxima cada día más a la senda de la UDP, hay señales claras de la “udepización” del instrumento político que gobierna casi 17 años y lo hará hasta el 2025. Como hace cuatro décadas, la incertidumbre se apoderó de gran parte de la población ante la falta de gestión y el agotamiento del proyecto estatal inaugurado en febrero de 2006.

El descontrol es inocultable y ya se expresa en la sociedad con la violencia en los colegios, violaciones, feminicidios, infanticidios, asesinatos y atracos hasta por un teléfono celular. Con urgencia se necesita coherencia política para contener las adversidades económicas, pero si no hay viabilidad política, la economía también terminará descontrolada.

En el gobierno de la UDP la población esperó que Siles Suazo dé un golpe de timón, algo que nunca llegó. ¿Lo hará el presidente Luis Arce este 2023? ¿Relanzará su gestión en medio de la disputa política interna? ¿Recompondrá su equipo de ministros para mantener la viabilidad de su gobierno? El desafío actual del mandatario es netamente político.

Para explicarlo con un ejemplo, se afirma que desde noviembre de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó créditos internacionales solicitados por el Ejecutivo por 3.188 millones de dólares. La duda es si esos recursos están plenamente disponibles o se encuentran en el limbo del cumplimiento de las condiciones previas a su utilización.

Se trata de un tema económico, pero requiere un tratamiento político. Los ministros del área económica, los actuales o los que vengan, tienen la obligación de informar la situación de cada uno de los créditos porque en principio se argumentó que el endeudamiento era para la “recuperación económica” y ahora para restablecer la circulación de dólares.

Lo primero que hay que enderezar es lo político para encaminar la resolución de los problemas en las otras áreas. Se han estado dando pistas de que un probable relanzamiento de la gestión podría darse el 6 de agosto, a dos años del Bicentenario de la fundación y con el partido de gobierno en plena fase de “udepización”.

Edwin Cacho Herrera es periodista