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06/04/2021
Articulista Invitado

La reforma penal inconclusa

Marcelo Cazas
Marcelo Cazas

Hace más de un año que en Bolivia ha entrado en vigencia plena la reforma al sistema penal, a través de la Ley 1173 de mayo de 2019, y con el actual tratamiento del Anteproyecto de Ley “Digitalización del Órgano Judicial” en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es necesario realizar una evaluación de los cambios y logros más significativos, así como de las asignaturas pendientes, que consoliden el verdadero espíritu de un sistema penal humano.

Conforme a las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia de junio del 2016, la reforma penal identificó la necesidad de garantizar el acceso a la justicia con la implementación de políticas que respondan a las necesidades del mundo litigante en términos de eficiencia, eficacia, justicia oportuna, con celeridad, descongestionamiento de la mora judicial y, principalmente, con recuperación de la credibilidad de un sistema de justicia que contribuya al debido proceso de todas las personas y verdadera paz social.

Si bien la Ley 1173 es de avanzada en comparación con las reformas penales de otros países de la región, su implementación, que debió ser de manera progresiva en todos los departamentos del país, tuvo que ser con mayor rapidez, a consecuencia de los factores políticos y de la pandemia que nos forzó a trabajar desde el hogar, tratando de que la reforma funcione, a pesar de estas limitaciones.

Se desburocratizó la administración de los juzgados penales, dejando esta labor a las oficinas gestoras de procesos a cargo del órgano judicial, del mismo modo, el Ministerio Público implementó el portafolio digital, que permite a los usuarios tener acceso a documentación digitalizada del proceso en todo momento y las notificaciones ahora se hacen a través de ciudadanía digital.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por las diferentes instituciones involucradas, la reforma no alcanzó los resultados proyectados, por la falta de compromiso y la arraigada mentalidad burocrática del sistema escriturado, propio de los abogados y operadores de justicia que siguen con los resabios del sistema inquisitivo.

Esto se debe al desconocimiento de los alcances dogmáticos y doctrinarios de la reforma penal, desnaturalizando la detención preventiva como mecanismo de extorsión o chantaje (siendo que debe ser la excepción y no la regla); las tecnologías de información y comunicación son discrecionales y tienen falta de cualidad técnica para las audiencias; los plazos no se cumplen bajo el pretexto de la pandemia; tampoco se desterró el concepto de la revictimización. En conclusión, no se cumplen los principios esenciales de la administración de justicia, por citar los de eficacia, eficiencia, celeridad y el principio de inmediación (se litiga por voz y no con imágenes, cuando está prohibida la lectura de antecedentes en audiencia, por parte de jueces, fiscales y abogados).

Quienes deberían asumir esta responsabilidad, son los operadores de justicia, a través del ejercicio del “Poder Ordenador”, pues esta responsabilidad que les asigna la propia ley es inobservada e incumplida, para que el sistema pueda adquirir estándares de transparencia, siendo en consecuencia una asignatura pendiente que deberá ser asumida de modo general por todos los operadores de justicia.

Debemos estar conscientes que aún nos falta mucho en recursos humanos (en especial los reticentes al cambio), dotación de equipamiento, así como las condiciones técnicas y tecnológicas mínimas que permitan llevar una implementación plena y los logros previstos al momento de la promulgación de la ley.

En conclusión, amerita realizar una evaluación con el análisis de estas problemáticas para implementar un plan de fortalecimiento, mediante cursos académicos de actualización a todos quienes están inmersos en la problemática del sistema penal, para ello se deben sumar todos los esfuerzos de la colectividad en su conjunto.

El éxito de una reforma no pasa por cambiar la Ley, sino un cambio de actitud, mentalidad y compromiso de respetar los valores y principios inherentes, para una justicia más humana.

Marcelo Cazas es abogado.



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